Mayo 11, 2015.-La Relatoría para la Libertad de Expresión denunció que ataques contra periodistas y medios, procesos sancionatorios y la crisis del papel atentaron contra la libre difusión de las ideas. Igualmente manifestó preocupación por los fallos judiciales que limitan el derecho a la protesta.
El 2014 no fue un buen año para el ejercicio del periodismo tradicional y del periodismo ciudadano. Así lo dejó en claro la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual denunció que el año pasado recibió más de un centenar de denuncias sobre agresiones, amenazas, actos de intimidación, robos de material y detenciones ilegales contra comunicadores y ciudadanos que deseaban reseñar lo que ocurría al su alrededor, en particular durante las protestas que sacudieron al país entre febrero y junio.
“La CIDH ha visto con especial preocupación que en esta coyuntura se hayan reducido los espacios de debate público, en perjuicio del derecho a la libertad de expresión libre e independiente y con apego a las garantías consagradas en los instrumentos internacionales de los cuales Venezuela es parte”, afirmó la oficina dirigida por el uruguayo Edison Lanza.
En el reporte, la Relatoría informó que recibió más de 123 denuncias de agresiones físicas y verbales, así como otro tipo de ataques contra periodistas y periodistas ciudadanos, la mayoría de las cuales los presuntos responsables son policías y militares o simpatizantes oficialistas.
“Adoptar medidas especiales para proteger a los periodistas que cubren situaciones de conflicto armado y alta conflictividad social y garantizar que no sean detenidos, amenazados, agredidos, ni sus derechos limitados en cualquier forma por estar ejerciendo su profesión; que su material y herramientas de trabajo no sean destruidos ni confiscados por las autoridades públicas, de conformidad con lo expreso en este informe y; la elaboración de protocolos especiales para proteger a la prensa en circunstancias de conflictividad social”, fue la propuesta formulada por la instancia no solo a las autoridades venezolanas, sino a la de los demás Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), visto que en 2014 países como Brasil o México también fueron sacudidos por una ola de manifestaciones.
En enero pasado el Ministerio de la Defensa publicó la resolución 008610, en la cual aunque no se habla del trato a los comunicadores si se permite a los militares usar armas de fuego para controlar algunas protestas.
La Relatoría no se refirió a este texto, pero si mostró su preocupación por la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que proscribió las manifestaciones espontáneas.
“Los Estados no deben dejar de tomar en cuenta que cuando se está frente a marcos institucionales que no favorecen la participación, o frente a serias barreras de acceso a formas más tradicionales de comunicación de masas, la protesta pública puede convertirse en el único medio que realmente permite que sectores discriminados o marginados del debate público puedan lograr que su punto de vista resulte escuchado y valorado”, alertó Lanza en su informe.
Papel y otras preocupaciones
La negativa del Gobierno a entregar divisas para que los diarios puedan importar papel y otros insumos es otro de los asuntos que preocupa a la instancia adscrita a la CIDH.
En 2014 alrededor de la mitad de los periódicos venezolanos debieron reducir su circulación, paginación o incluso modificar sus entregas pasando de diarios a semanarios debido a la escasez de papel.
La continua estigmatización por parte de altos funcionarios públicos de medios de comunicación y periodistas críticos, la apertura de procesos sancionatorios y despidos de comunicadores por la cobertura de noticias relacionadas con denuncias o luego de la venta de las empresas para las que trabajaban y los bloqueos de canales internacionales y de sitios Internet, fueron otras de la situaciones que alarmaron a la Relatoría.
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