9 Mz Esta es la declaración de la Casa Blanca con sanciones a funcionarios venezolanos (+Ingles)

marzo 9, 2015 12:56 pm

El presidente Obama emitió hoy una nueva Orden Ejecutiva se declara una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria que representa la situación de Venzuela a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Las sanciones específicas de esta EO apuntan a la Defensa de los Derechos Humanos de Venezuela y la Ley de la Sociedad Civil de 2014, que el presidente firmó el 18 de diciembre de 2014, y también van más allá de los requisitos de esta legislación.

Estamos comprometidos con la promoción del respeto de los derechos humanos, la protección de las instituciones democráticas y la protección del sistema financiero de Estados Unidos a partir de los flujos financieros ilícitos de corrupción pública en Venezuela.

Esta nueva resolución está dirigida a las personas involucradas o responsables de la erosión de las garantías de los derechos humanos, la persecución de los opositores políticos, restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia, violaciones a los derechos humanos y abusos de autoridad durante manifestaciones antigubernamentales y también la detención arbitraria o detención de manifestantes antigubernamentales, así como la significativa corrupción de parte de altos funcionarios del gobierno de Venezuela. La EO no se dirige a los venezolanos o ni a la economía de Venezuela.

En concreto, el EO se dirige a las personas determinadas por el Departamento de Hacienda, en consulta con el Departamento de Estado, a participar en:

1. Acciones o políticas que socavan los procesos e instituciones democráticas;
2. Actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en las protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero 2014;
3. Acciones que prohíben, limitar o penalizan el ejercicio de la libertad de expresión o de reunión pacífica; o
4. Corrupción pública por funcionarios de alto nivel en el Gobierno de Venezuela.
La OE también autoriza al Departamento de Hacienda, en consulta con el Departamento de Estado, a sancionar a cualquier persona que determinada como:

1. Líderes actuales o anteriores de una entidad que tiene, o cuyos miembros han o participaron en las actividades descritas en el EO o de una entidad cuyos bienes e intereses en propiedad están bloqueados o congelados en virtud de la OE; o
2. al ser un funcionario o ex del Gobierno de Venezuela;

Las personas señaladas o identificadas para la imposición de sanciones en virtud de esta OE, incluyendo las siete personas que se han enumerado hoy en el anexo de esta EO, tendrán su propiedades e intereses en Estados Unidos bloquearon o congelada, y ciudadanos estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con ellos. La OE también suspende la entrada en los Estados Unidos de personas que cumplen los criterios de las sanciones económicas.

Vamos a seguir trabajando en estrecha colaboración con los demás en la región para apoyar una mayor expresión política en Venezuela, y alentar al gobierno venezolano a estar a la altura de sus compromisos internacionales, como se establece en la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos pertinentes relacionados con la democracia y los derechos humanos.

El Presidente impuso sanciones a los siguientes siete personas que figuran en el anexo de la EO:

1. José Antonio Benavides Torres: Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) de la Región Central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB) y el ex Director de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB).

Benavides Torres es un ex líder de la GNB, una entidad cuyos miembros han participado en actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en las protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero de 2014. En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB utilizaron la fuerza contra manifestantes pacíficos y periodistas, incluida la violencia física grave, asalto sexual y el uso de armas de fuego.

2. Gustavo Enrique González López: Director General del Servicio Bolivariano de Venezuela de Inteligencia Nacional (SEBIN) y Presidente del Centro Estratégico de Venezuela de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA).

 

• González López es responsable o cómplice de ordenar, controlar o de alguna manera dirigir, participando directa o indirectamente en actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero de 2014. Como Director General del SEBIN, que se asoció con la vigilancia de los líderes de la oposición del gobierno de Venezuela.
• Bajo la dirección de González López, SEBIN ha tenido un papel destacado en las acciones represivas contra la población civil durante las protestas en Venezuela. Además de causar numerosas lesiones, el personal del SEBIN han cometido cientos de allanamientos forzados y detenciones extrajudiciales en Venezuela.

 

3. Justo José Noguera Pietri: El presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), una entidad de propiedad estatal, y el ex Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB).

Noguera Pietri es un ex líder de la GNB, una entidad cuyos miembros han participado en actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en las protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero de 2014. En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB usaron fuerza excesiva para reprimir a manifestantes y periodistas, incluida la violencia física grave, asalto sexual, y las armas de fuego.

 

4. Katherine Nayarith Haringhton Padron: Fiscal a nivel nacional de la 20 ª Oficina de Distrito del Ministerio Público de Venezuela.

Haringhton Padrón, en su calidad de fiscal, ha acusado a varios miembros de la oposición, entre ellos el ex legislador de la Asamblea Nacional María Corina Machado y, a partir de febrero de 2015, el alcalde de Caracas Antonio Ledezma Díaz, por el delito de conspiración en relación con presuntos planes de asesinato / golpistas basadas en información poco plausible – y en algunos casos fabricadas -. La evidencia utilizada en apoyo de los cargos contra Machado y otros era, al menos en parte, sobre la base de correos electrónicos fraudulentos.

 

5. Manuel Eduardo Pérez Urdaneta: Director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela.

Pérez Urdaneta es un líder actual de la Policía Nacional Bolivariana, una entidad cuyos miembros han participado en actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en las protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero 2014 . Por ejemplo, los miembros de la Policía Nacional hizo uso de fuerza física severa contra los manifestantes pacíficos y periodistas en varias ciudades de Venezuela, incluyendo a disparar munición real.

 

6. Manuel Gregorio Bernal Martínez: Jefe de la 31 ª Brigada Blindada del Ejército Bolivariano de Venezuela y ex Director General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (SEBIN)

Bernal Martínez era el jefe del SEBIN el 12 de febrero de 2014, cuando los oficiales dispararon sus armas contra los manifestantes matando a dos personas cerca de la oficina del Procurador General.

 

7.  Miguel Alcides Vivas Landino: Inspector General de las Fuerzas Bolivarianas de Venezuela (FANB) y el ex comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) de la región de los Andes de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela.

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Vivas Landino es responsable o cómplice de ordenar, controlar o de alguna manera dirigir, participando directa o indirectamente en actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero de 2014.

http://www.lapatilla.com/site/2015/03/09/esta-es-la-declaracion-de-la-casa-blanca-con-sanciones-a-funcionarios-venezolanos/

 

U.S. Treasury Department Office of Public Affairs     FOR IMMEDIATE RELEASE: March 9, 2015 CONTACT: Hagar Chemali, Treasury Public Affairs (202) 622-2960   STATEMENT BY SECRETARY JACOB J. LEW ON THE VENEZUELA EXECUTIVE ORDER    We are committed to defending human rights and advancing democratic governance in Venezuela through the use of financial sanctions.   We will use these tools to target those persons involved in violence against anti-government protesters, serious human rights abuses, and those involved in the arrest or prosecution of individuals for their legitimate exercise of free speech.   Corrupt actions by Venezuelan government officials deprive Venezuela of needed economic resources that could be invested in the Venezuelan people and used to spur economic growth.  These actions also undermine the public trust in democratic institutions and the human rights to which Venezuelan citizens are entitled.  This Executive Order will be used to protect the U.S. financial system from the illicit financial flows from public corruption in Venezuela.

 

THE WHITE HOUSE

Office of the Press Secretary

FOR IMMEDIATE RELEASE

March 9, 2015

 

FACT SHEET: Venezuela Executive Order

 

President Obama today issued a new Executive Order (E.O.) declaring a national emergency with respect to the unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States posed by the situation in Venezuela.  The targeted sanctions in the E.O. implement the Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014, which the President signed on December 18, 2014, and also go beyond the requirements of this legislation.

 

We are committed to advancing respect for human rights, safeguarding democratic institutions, and protecting the U.S. financial system from the illicit financial flows from public corruption in Venezuela.

 

This new authority is aimed at persons involved in or responsible for the erosion of human rights guarantees, persecution of political opponents, curtailment of press freedoms, use of violence and human rights violations and abuses in response to antigovernment protests, and arbitrary arrest and detention of antigovernment protestors, as well as the significant public corruption by senior government officials in Venezuela.  The E.O. does not target the people or the economy of Venezuela.

 

Specifically, the E.O. targets those determined by the Department of the Treasury, in consultation with the Department of State, to be involved in:

• actions or policies that undermine democratic processes or institutions;
• significant acts of violence or conduct that constitutes a serious abuse or violation of human rights, including against persons involved in antigovernment protests in Venezuela in or since February 2014;
• actions that prohibit, limit, or penalize the exercise of freedom of expression or peaceful assembly; or
• public corruption by senior officials within the Government of Venezuela.

 

The E.O. also authorizes the Department of the Treasury, in consultation with the Department of State, to target any person determined:

• to be a current or former leader of an entity that has, or whose members have, engaged in any activity described in the E.O. or of an entity whose property and interests in property are blocked or frozen pursuant to the E.O.; or
• to be a current or former official of the Government of Venezuela;

 

Individuals designated or identified for the imposition of sanctions under this E.O., including the seven individuals that have been listed today in the Annex of this E.O., will have  their property and interests in property in the United States blocked or frozen, and U.S. persons are prohibited from doing business with them.  The E.O. also suspends the entry into the United States of individuals meeting the criteria for economic sanctions.

 

We will continue to work closely with others in the region to support greater political expression in Venezuela, and to encourage the Venezuelan government to live up to its shared commitment, as articulated in the OAS Charter, the Inter American Democratic Charter, and other relevant instruments related to democracy and human rights.

 

The President imposed sanctions on the following seven individuals listed in the Annex to the E.O.:

 

1. Antonio José Benavides Torres: Commander of the Strategic Region for the Integral Defense (REDI) of the Central Region of Venezuela’s Bolivarian National Armed Forces (FANB) and former Director of Operations for Venezuela’s Bolivarian National Guard (GNB).

 

• Benavides Torres is a former leader of the GNB, an entity whose members have engaged in significant acts of violence or conduct that constitutes a serious abuse or violation of human rights, including against persons involved in antigovernment protests in Venezuela in or since February 2014.  In various cities in Venezuela, members of the GNB used force against peaceful protestors and journalists, including severe physical violence, sexual assault, and firearms.

 

2. Gustavo Enrique González López: Director General of Venezuela’s Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN) and President of Venezuela’s Strategic Center of Security and Protection of the Homeland (CESPPA).

 

• González López is responsible for or complicit in, or responsible for ordering, controlling, or otherwise directing, or has participated in, directly or indirectly, significant acts of violence or conduct that constitutes a serious abuse or violation of human rights, including against persons involved in antigovernment protests in Venezuela in or since February 2014.  As Director General of SEBIN, he was associated with the surveillance of Venezuelan government opposition leaders.

 

• Under the direction of González López, SEBIN has had a prominent role in the repressive actions against the civil population during the protests in Venezuela.  In addition to causing numerous injuries, the personnel of SEBIN have committed hundreds of forced entries and extrajudicial detentions in Venezuela.

 

3. Justo José Noguera Pietri: President of the Venezuelan Corporation of Guayana (CVG), a state-owned entity, and former General Commander of Venezuela’s Bolivarian National Guard (GNB).

 

• Noguera Pietri is a former leader of the GNB, an entity whose members have engaged in significant acts of violence or conduct that constitutes a serious abuse or violation of human rights, including against persons involved in antigovernment protests in Venezuela in or since February 2014.  In various cities in Venezuela, members of the GNB used excessive force to repress protestors and journalists, including severe physical violence, sexual assault, and firearms.

 

4. Katherine Nayarith Haringhton Padron: national level prosecutor of the 20^th District Office of Venezuela’s Public Ministry.

 

• Haringhton Padron, in her capacity as a prosecutor, has charged several opposition members, including former National Assembly legislator Maria Corina Machado and, as of February 2015, Caracas Mayor Antonio Ledezma Diaz, with the crime of conspiracy related to alleged assassination/coup plots based on implausible – and in some cases fabricated – information. The evidence used in support of the charges against Machado and others was, at least in part, based on fraudulent emails.

 

5. Manuel Eduardo Pérez Urdaneta: Director of Venezuela’s Bolivarian National Police.

 

• Pérez Urdaneta is a current leader of the Bolivarian National Police, an entity whose members have engaged in significant acts of violence or conduct that constitutes a serious abuse or violation of human rights, including against persons involved in antigovernment protests in Venezuela in or since February 2014.  For example, members of the National Police used severe physical force against peaceful protesters and journalists in various cities in Venezuela, including firing live ammunition.

 

6. Manuel Gregorio Bernal Martínez : Chief of the 31^st Armored Brigade of Caracas of Venezuela’s Bolivarian Army and former Director General of Venezuela’s Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN).

 

• Bernal Martínez was the head of SEBIN on February 12, 2014, when officials fired their weapons on protestors killing two individuals near the Attorney General’s Office.

 

7. Miguel Alcides Vivas Landino: Inspector General of Venezuela’s Bolivarian National Armed Forces (FANB) and former Commander of the Strategic Region for the Integral Defense (REDI) of the Andes Region of Venezuela’s Bolivarian National Armed Forces.

 

• Vivas Landino is responsible for or complicit in, or responsible for ordering, controlling, or otherwise directing, or has participated in, directly or indirectly, significant acts of violence or conduct that constitutes a serious abuse or violation of human rights, including against persons involved in antigovernment protests in Venezuela in or since February 2014.

 

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