(Prensa VAF) Marzo 9 de 2015.-Venezuela Awareness aplaude la ejecución por parte del Departamento del Departamento del Tesoro de la Ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos, The Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014, contra los primeros 7 funcionarios venezolanos por sus responsabilidades en las graves violaciones a los derechos humanos de ciudadanos venezolanos que ejercieron sus derechos de protesta, libertad de expresión y pensamiento durante las protestas del 2014.
Este primer paso después de una larga lucha de 13 meses aproximadamente no puede detenerse. Aun esperan cientos de nombres que se encuentran bajo investigación para pasar a engrosar la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro. Insistimos y nos mantendremos firmes en solicitar que quienes siguieron ordenes de sus superiores y cuyos nombres ya son manejados por las autoridades estadounidenses, deben ser también sancionados.
Estados Unidos, siguiendo su política exterior de no dar la bienvenida en su territorio a quienes cometen actos crueles y terribles violaciones a los derechos humanos , no puede ceder al discurso y presión del régimen venezolano quien debe responder por la barbarie cometida contra ciudadanos indefensos en el 2014 dejando un saldo de 44 asesinados en el 2014 y cerca de 4 mil detenidos, permaneciendo hasta la fecha 112 venezolanos tras las rejas políticas.
Venezuela Awareness agradece a los miembros del Congreso de Estados Unidos quienes impulsaron la ley de las sanciones y quienes la respaldaron con su voto para lograr que el gobierno de Estados Unidos hoy diera tan importante anuncio de los primeros 7 sancionados ejecutándose la ley por el Departamento del Tesoro.
09 marzo 2015
Exiliados de Miami aplauden aplicación de sanciones de EEUU a Venezuela
(Foto Archivo)
EFE
El grupo Venezuela Awareness de Miami expresó su respaldo a las sanciones aplicadas hoy por el presidente estadounidense, Barack Obama, contra importantes figuras del Gobierno venezolano y la declaración de “emergencia nacional” para la seguridad del país.
“Aplaudimos la ejecución por parte del Departamento del Tesoro de EE.UU. de la ley contra siete funcionarios venezolanos por sus responsabilidades en las graves violaciones de los derechos humanos de ciudadanos venezolanos”, destacó esta organización.
Venezuela Awareness sostuvo que “este primer paso, después de una larga lucha de trece meses, no puede detenerse”, sino que debe ampliarse con la incriminación de otros “cientos de nombres que se encuentran bajo investigación”.
“Insistimos en solicitar que quienes siguieron órdenes de sus superiores” en la represión violenta de las manifestaciones pacíficas llevas a cabo en 2014 en Venezuela “sean también sancionados” por las autoridades estadounidenses.
Bajo la nueva orden, Obama anunció la imposición de sanciones a siete funcionarios y exfuncionarios venezolanos cuyos bienes en EE.UU. quedan congelados y se les prohíbe la entrada al país.
Entre los sancionados se encuentran Gustavo Enrique González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela, así como el exdirector de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Antonio José Benavides Torres.
La lista la completan Justo José Noguera Pietri, excomandante General de la GNB; Katherine Nayarith Haringhton, fiscal nacional de la Oficina del Ministerio Público; Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional; Manuel Gregorio Bernal Martínez, exdirector General del SEBIN, y Miguel Alcides Vivas Landino, Inspector General de las Fuerzas Armadas Bolivarianas (FANB).
Estados Unidos mantiene una política exterior que rechaza en su territorio a “quienes cometen actos crueles y terribles violaciones de los derechos humanos”, prosiguió Venezuela Awarness, y subrayó que este país “debe responder a la barbarie cometida contra ciudadanos indefensos” venezolanos, que se cobró la vida de 44 personas y la detención de unos 4.000 manifestantes, apostilló.
La orden ejecutiva firmada hoy también autoriza al Departamento del Tesoro a imponer más sanciones contra aquellos de los que se determine que han cometido “acciones o políticas que socavan procesos o instituciones democráticas” o hayan cometido violaciones de derechos humanos en protestas en Venezuela, según la Casa Blanca.
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