La jueza María Lourdes Afiuni está sometida a un proceso administrativo en el que se le dictó “una suspensión sin goce de sueldo”, por parte de la Comisión Judicial del TSJ. “Afiuni no puede renunciar, ejercer como juez o hacer otra actividad dentro de su profesión. No tiene nada, está anulada profesionalmente”, sostuvo su hermano Nelson Afiuni.
El 14 de junio de 2013, la titular del Tribunal 17 de Juicio, Marilda Ríos, a petición de la fiscal, Luisa Ortega Díaz, por el deterioro de salud que presentaba Afiuni, le otorgó la libertad condicional pero aseguran sus familiares y abogados que la magistrada “continúa secuestrada y anulada profesionalmente”.
“El juicio penal que se le sigue por los delitos de corrupción propia, abuso de autoridad y favorecimiento a la evasión está suspendido, lo mismo pasa con el proceso administrativo disciplinario. Además, tiene prohibición de hablar y de escribir en las redes sociales, Twitter y Facebook. No puede ejercer su carrera, no puede salir del país y aún más grave, ni siquiera puede movilizar sus cuentas bancarias y mucho menos acceder a tarjetas de crédito”, aseveró su hermano, Nelson Afiuni Mora.
Recientemente, comentó Afiuni Mora, la jueza recibió la llamada de un banco para que retirara sus tarjetas de créditos. “Se presentó, pidió las tarjetas pero el gerente al darse cuenta de quien se trataba hizo varias llamadas y luego le comunicó que las tarjetas estaban suspendidas. Mi hermana sabía las razones pero igual preguntó y el joven no supo qué contestar”.
María Lourdes Afiuni es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Tiene una especialización en Criminalística, cursada en el Instituto Universitario de la Policía Científica, en el que fue asesora durante 10 años. Fue funcionaria de la Fiscalía y en el año 2002 la designaron como juez de la República. Para el 2005 ya era juez Titular. El día que la detuvieron ocupaba el Tribunal 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas. “Afiuni no puede renunciar, no puede ejercer como juez, no puede hacer otra actividad dentro de su profesión y tampoco va a cobrar. No tiene nada, está anulada profesionalmente”, sostuvo su hermano.
Sin trabajo y sin sueldo
“A la jueza se le ha violado su derecho al trabajo”. Así lo aseguró el abogado Jesset García, quien comparte la defensa con José Amalio Graterol, Thelma Fernández y Carlos Ayala Corao, quien explicó que la magistrada está sometida no solo a un juicio penal, que está previsto se inicie este miércoles 10 de diciembre, sino también a un proceso administrativo en el que se le dictó “una suspensión sin goce de sueldo” por parte de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia “sin ningún sustento”.
Aseguró García que este proceso administrativo es “ilegal”, pues la única norma procedimental que establece el Código de Ética del Juez Venezolano “son las suspensiones con goce de sueldo”, tan es así que a la fecha, explicó el abogado, “se han reestablecido los derechos a todos los jueces que fueron objeto de esta medida, menos a Afiuni que le mantienen la suspensión sin goce de sueldo”.
Pese a las irregularidades, la defensa se avocó al conocimiento del proceso que se basa “no solo en considerar que cumplir con la resolución de la ONU en el caso de Cedeño va en contra de la respetabilidad del Poder Judicial, sino que, además, la Inspectoría de Tribunales ordenó hacer una investigación de los últimos 5 años de ejercicio de Afiuni como juez para encontrar fallas judiciales, tales como incumplimiento de horario y algunas decisiones que en segunda instancia fueron revocadas”.
Al respecto, García aclaró que los jueces son autónomos y que la única forma de atacar esa autonomía es a través de los recursos ordinarios. “Así fueron atacadas esas decisiones que tomó Afiuni en varios casos, algunas de las cuales fueron revocadas por la vía ordinaria. Pero ellos (Inspectoría) se avocaron a buscarles la más mínima falla para perjudicarla”.
“Si le buscas a los 1.800 jueces de Venezuela fallas judiciales, le van a encontrar 1.800 porque las fallas no son de los jueces sino del sistema que está abarrotado de expedientes y que no se le está dando la suficiencia de personal y de tiempo para decidir las actuaciones”.
Juicio disciplinario para el 22 de enero
Precisó el abogado García que el proceso disciplinario se encuentra en etapa de juicio pero al igual que el penal ha sido suspendido en reiteradas oportunidades. “El pasado 2 de octubre se suspendió la audiencia porque la Inspectoría de Tribunales le exigió a Afiuni que me desprenda del caso, argumentando que fui funcionario de dicha institución y que conocí su caso, cosa que es incierta”. Además, “se viola el artículo 49 de la Constitución que establece la libertad que tiene toda persona de escoger el abogado de libre ejercicio”.
“Estamos en una etapa de articulación probatoria en la que ambas partes tienen que probar que yo conocí el expediente de Afiuni cuando fui funcionario de Inspectoría, situación que no sucedió y ya se interpuso un escrito en el que revierto todo lo que están señalando”, indicó García.
El 11 de noviembre se volvió a fijar fecha de audiencia pero se suspendió para el 22 de enero, por la misma incidencia. La defensa espera que ese día se realice el juicio disciplinario para que la Inspectoría presente las actas de “inspecciones ordinarias” que no han aportado y que asevera el abogado “nos hemos cansado de solicitarlas”.
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