Es el 7 de marzo de 2014. En la mañana, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional reciben documentos y un disco compacto con videos. Se trata de información sobre las protestas de calle en el municipio Chacao. Los videos -es su versión- muestran imágenes de los manifestantes. En los papeles hay datos concretos: uno o varios “patriotas cooperantes” aseguran que esa tarde se reunirán los guarimberos en la segunda avenida con segunda transversal de Los Palos Grandes, en el edificio Onubo. Y en esa reunión organizarán acciones para trancar el paso en la avenida Francisco de Miranda.

La misión es clara: atraparlos. Se mencionan dos nombres: David Urbina Solís y José Alberto Rivas Pardal. El primero es -según los patriotas- el cabecilla del grupo y el segundo, su mano derecha. Pondrán guayas y alambres. Usarán bombas caseras. Deben detenerlos.

Y salen al mediodía. Unos en un Toyota Corolla negro y otros en un Corolla gris. El procedimiento fue relativamente sencillo: luego de unas horas dando vueltas encontraron a José Alberto Rivas cerca de las residencias Onubo. Se bajaron del carro, se identificaron, le pidieron la cédula y lo arrestaron. Luego vieron a David Urbina y actuaron de igual forma. Más adelante, en la tercera avenida, funcionarios de la Policía de Chacao interceptaron a la comisión, pero mostraron las credenciales del Sebin y pudieron seguir adelante sin problemas.

El Corolla gris subió rumbo a la Cota Mil para enfilar hacia la sede del Sebin en Plaza Venezuela. El negro, fue por otra vía: al distribuidor Ciempiés para empalmar con la autopista Prados del Este. Y allí fue que pasó lo que pasó.

En ese punto, motorizados de la Policía de Chacao les disparan y los obligan a detenerse. Los agentes se bajan, los desarman, sacan del carro al detenido, a José Alberto, y se dan cuenta de que hay una funcionaria herida: Glidis Karelis Chacón. Minutos más tarde los médicos de Salud Chacao la declaran muerta. Todos los involucrados deberán ir a contar sobre los hechos en el Cicpc. Y al final, José Alberto será trasladado a la sede del Sebin en el Helicoide. Allá se encontrará con David Urbina.

Alerta de secuestro 

Alrededor de las 3:40 de la tarde del 7 de marzo funcionarios de la brigada de ciclistas de la Policía de Chacao se encontraban en las inmediaciones de la Plaza de Los Palos Grandes. Un grupo de vecinos se acercó corriendo para informar que acaban de presenciar lo que parece un secuestro: se han llevado a un joven a la fuerza en un Corolla negro, en la segunda avenida con segunda transversal.

“Hay un video captado por cámaras de seguridad donde se ve a uno de los funcionarios de la ciclista dándole el alto y ellos le lanzan el carro encima”, explica el comisario Wilfredo Borrás, director de Seguridad Integral del Municipio Chacao.

A partir de ese momento Polichacao asume que se enfrenta a un secuestro: “Funcionarios motorizados ubican al vehículo y le dan alcance”, cuenta Borrás: “Los del vehículo hacen caso omiso a la voz de alto en la autopista Francisco Fajardo. Y ahí se inicia la persecución. En el distribuidor Ciempiés, a la altura del Centro Comercial Ciudad Tamanaco, lo interceptan. Según los funcionarios, los sujetos se bajan del vehículo y sacan sus armas. No hubo intercambio de disparos, pero la comisión de Polichacao sí disparó. Intentaban darle a los cauchos. Ellos actuaron en la presunción de que había un secuestro en marcha”.

Los tripulantes del Corolla entregan las armas. Y al revisar el carro se encuentran con la tragedia: “Atrás iban un muchacho y una mujer. La mujer estaba herida. Llaman a Salud Chacao. Los tripulantes del vehículo la sacan y la ponen en el piso para darle primeros auxilios. Ahí se dan cuenta de que estaba muerta”.

En medio de todo esto, el joven también habló: “El muchacho les dijo que se lo estaban llevando secuestrado”.

Los tres uniformados de Chacao fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público: “Uno de ellos se encuentra detenido y los otros dos tienen medidas cautelares”, señala Borrás: “La experticia dio positivo en el arma de este funcionario”. Aldayr Prato Sánchez fue, según la pesquisa, el autor del disparo. Los otros imputados son sus compañeros José González Guevara y Erlyn Noguera López.

Para Borrás esta terrible situación pudo haberse evitado: “El agente está en Polichacao por decisión del tribunal, cosa que se agradece. Le imputaron los delitos de uso indebido de arma orgánica y homicidio intencional. Prato es un funcionario joven. Su papá y su tío trabajan aquí. Todos son muy buenos funcionarios. Es lamentable la situación por la que están pasando. El final de esta historia hubiera sido diferente si estos señores se paraban la primera vez y se identifican. No hubiese ocurrido nada de esto. ¿Por qué no se detuvieron? Igual se iban a llevar al detenido. Ahora hay una funcionaria fallecida, tres policías afectados, uno de ellos preso… Si se identifican no hubiera pasado nada”.

Se lo llevan, se lo llevan 

3 y 40 minutos de la tarde del 7 de abril. En el video de la cámara de seguridad, se ve a un joven que sube por la acera de la segunda avenida de Los Palos Grandes. Carga unas bolsas, camina tranquilo. De pronto algo llama su atención. Se detiene. Y entra en el cuadro un Corolla rodando en retroceso y luego dos hombres que avanzan y lo rodean. El carro se para frente a ellos y tratan de meterlo a la fuerza. Les cuesta hacer que entre en el asiento de atrás. Y llega otro automóvil del cual se baja una persona que también se suma, empuja, golpea, porque el joven se resiste.

Hasta que lo logran. El Corolla arranca. Las bolsas de comida quedan en el suelo. El otro también se mueve. Transcurren algunos segundos y comienza a aparecer gente que corre persiguiendo al par de automóviles.

El otro video lo capta una cámara en la segunda transversal. Algunas personas señalan hacia algo que ocurre arriba. Un agente de Polichacao pasa corriendo y detiene el tráfico que baja. Se paran dos carros. El policía se aparta, el carro de la derecha arranca y casi lo atropella. El otro se mueve con lentitud, cruza en la segunda transversal y sigue de largo. Y viene más gente bajando y señalan al auto que ya ha salido del cuadro.

¿De qué manera interpretar lo que han visto?

Faltó lo principal 

“Pollo frito y refresco. Eso era lo que traía en las manos”, aclara Yelva Solís Lezama, la madre de David Urbina Solís: “Y Ramírez Torres dice que lo agarraron con municiones y cosas peligrosas. ¿Un pollo frito y dos refrescos?”.

David Urbina Solís tiene 30 años, trabaja en publicidad y vive en Sarría. Lo primero que le dijo a su mamá cuando lo visitó en el Sebin fue que no tenía ni idea de por qué lo habían detenido. Ella asegura que si bien David pudo haber visto, como tanta gente, las manifestaciones, nunca había participado directamente. Mucho menos liderar una.

Ese día iba a reunirse para comer con amigos en Los Palos Grandes y luego planeaba salir con una muchacha.

Ni lo uno, ni lo otro: se lo llevó el Sebin.

“Ellos no quieren reconocer que hicieron un mal procedimiento, que no se identificaron, que no tenían orden de detención”, se queja Yelva Solís: “En el carro le mostraban fotos de gente en las protestas a ver si les daba nombres. Pero él no anda en eso. Lo iban a soltar, pero la muerte de la funcionaria complicó todo”.

A Urbina y a José Alberto Rivas los presentaron ante en un juzgado de control el 9 de marzo, ante la jueza suplente Gilbrey Rivero Osorio. Allí los imputó la Fiscalía por asociación para delinquir, amenaza en reunión pública e instigación pública. Para el momento de la detención cada uno andaba por su lado. De hecho, apenas se conocían.

La prueba que sustentaría el proceso contra ellos era un video donde aparecerían en acciones vandálicas durante las protestas. Pero ese video no lo vio nadie. Nunca fue presentado ni por la Fiscalía ni por el Sebin: “Ese supuesto video no consta en el expediente del caso. El video que demostraría la supuesta responsabilidad, no fue incluido en el expediente. Eso es grave”, explica la defensora de Urbina, la abogada Jeannette Prieto.

Y aclara: “Para instigar se supone que debe haber un llamado público de unas personas contra otras, un llamado al odio. La asociación para delinquir requiere de tres o más personas reunidas para cometer algún crimen. Tampoco se determinan los actos preparativos para esa relación criminal y no hay evidencias de ninguna amenaza pública contra la paz y estabilidad del Gobierno. Su único delito era andar caminando por la calle”.

Y la justificación para capturarlos de esa manera es la flagrancia: “Fue una detención arbitraría”, señala Prieto, abogada que forma parte del Foro Penal Venezolano: “Ni la hubo, ni está indicado en las actas. Además, los videos de las cámaras de seguridad, ampliamente difundidos por medios electrónicos, muestran toda la situación. No existe tampoco orden de inicio de investigación. No se respetó el debido proceso”.

José Alberto Rivas, de 20 años, sí vive en Los Palos Grandes y trabaja en la zona como ayudante de cocina. A él lo metieron a la fuerza en el carro justo al salir de visitar a un amigo. También le mostraron fotografías de manifestantes para que aportara nombres y asegura que nunca le explicaron las razones de su detención.

Mientras Rivas pasaba por todo el trance que culminó con la muerte de la funcionaria del Sebin, Urbina cuenta que lo llevaron a un lugar no identificado en el que lo mantuvieron cerca de tres horas encapuchado y esposado hasta que lo trasladaron a la sede de Plaza Venezuela.

El 25 de abril, a las 10:20 de la noche, ambos fueron liberados. El Ministerio Público nunca presentó acto conclusivo, ni elementos de convicción para acusarlos. Es decir, no mostraron pruebas. La Fiscalía reconoció no tener nada que sustentara las acusaciones y pidió al juez una medida sustitutiva. Se acordó presentación cada 30 días y prohibición de salida del país.

“¿Bajo qué supuestos restringes la libertad de una persona si no tienes nada que lo vincule a algún delito?”, apunta la abogada Prieto: “Lo procedente es que se declare la libertad plena, pero no se hizo así. O, en todo caso, el archivo fiscal al no haber recabado los resultados de la investigación en el lapso de 45 días. O un sobreseimiento al no revestir la investigación un carácter penal para los imputados. Están libres, pero es una libertad condicionada. Ya solicitamos, desde el 17 de marzo, la nulidad de todo el proceso. Estamos esperando que ese recurso sea admitido en la Sala 10 de la Corte de Apelaciones de Caracas”.

Aquí vale todo