ANTONIO MARIA DELGADO [email protected]
Publicado el jueves, 03.20.14
Manifestantes detenidos en la ola represiva del gobierno bolivariano están siendo torturados para obligarlos a confesar que las protestas forman parten de un plan para derrocar al régimen de Nicolás Maduro financiado por dirigentes de la oposición y por venezolanos que residen en Miami, dijeron fuentes con acceso a la información.
“Les están armando un expediente para sacarlos [a los manifestantes] al público, para demostrar que las protestas forman parte de una conspiración internacional que está siendo financiada desde el exterior, y cuyo principal objetivo es ejecutar un golpe de Estado contra Maduro”, dijo una de las fuentes, desde una ciudad en Estados Unidos.
Otra de las fuentes, con acceso directo a personal de alto rango dentro del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), confirmó desde Venezuela: “Están tratando de lavarse la cara, de encontrar una justificación para lo que viene […] Todo viene por instrucciones de [Miguel] Rodríguez Torres [Ministro de Relaciones Interiores]. Es el cerebro de la vaina”.
Ambas fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, jugaron importantes papeles dentro del gobierno de Hugo Chávez cuando el líder de la Revolución Bolivariana estaba con vida.
Ambos aún mantienen estrechos vínculos con integrantes claves de los cuerpos de seguridad del chavismo.
Las autoridades del régimen de Maduro no estuvieron disponibles para conversar sobre el tema con El Nuevo Herald. El gobierno de Caracas sostiene que las manifestaciones de protestas forman parte de un complot de desestabilización cuyo objetivo final es la ejecución de un golpe de Estado.
La fuente que reside en Estados Unidos dijo que las torturas están relacionadas con las detenciones registradas en las últimas horas de dirigentes de la oposición, incluyendo al alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos.
“Quieren inculpar a algunos personeros de la oposición que han estado brindándole respaldo político a los manifestantes. Gente como [Antonio] Ledezma y [la diputada] María Corina Machado, y algunos alcaldes de la oposición”, comentó.
“También quieren inculpar a algunos estudiantes. Están tratando de vincularlos con gente que viven en Miami, para tratar de demostrar que la conspiración está dirigida desde el exterior […] Son especialistas en convertir mentiras en verdades”, agregó.
Para ello, los funcionarios de los organismos de seguridad están sometiendo a los estudiantes detenidos a intensas golpizas y a torturas con electricidad.
“Quieren que declaren que les estaban pagando. Y sobre todo, quieren que digan que les está pagando [el partido] Voluntad Popular, para que inculpen a la gente de Voluntad Popular”, dijo la fuente que hablaba desde Venezuela.
“Le están sacando confesiones a golpes. A algunos están incluso chantajéandolos y a otros les están ofreciendo sobornos, becas, dinero”, comentó.
Según la fuente en Venezuela, cerca de una veintena de jóvenes manifestantes están siendo sometidos a las torturas, pero muy pocos de ellos se habían doblegado.
“Solo dos o tres han cedido”, dijo.
Los jóvenes forman parte de más de 1,300 personas que actualmente están bajo custodia gubernamental por haber participado en las multitudinarias marchas emprendidas contra el régimen de Maduro.
Varias Organizaciones No Gubernamentales que velan por los derechos humanos en Venezuela han encontrado varias instancias de torturas contra los detenidos, mayoría de los cuales son golpeados salvajemente por sus captores.
Entre los casos más extremos de torturas encontradas hasta el momento es el uso de corriente eléctrica y la presunta violación de un joven manifestante con el cañón de un fusil.
“Nosotros hemos detectado más de 48 casos de torturas desde que comenzaron las manifestaciones en febrero”, dijo Luis Armando Betancourt, Coordinador en Valencia de la ONG Foro Penal Venezolano, que está asumiendo la defensa legal de varios de los detenidos.
“Entre las prácticas más comunes tenemos golpes desmedidos y perdigonazos disparados a quemarropa”, comentó Betancourt.
Las manifestaciones, que comenzaron como un clamor estudiantil para que el gobierno garantizara la seguridad de los jóvenes, se fue radicalizando con el correr de los días como consecuencia de una violenta represión gubernamental que ha dejado un saldo de 31 muertos, más de 460 heridos y casi 2,000 personas que han sido detenidas o procesadas judicialmente.
