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Guardia Nacional lanza bombas lacrimógenas a edificios en Altavista Oriana Faoro Sábado, 22 Febrero 2014 03:04
La represión a las manifestaciones continuó, no solo a quienes están en las calles protestando o cerrando una vía, sino a todos los conjuntos residenciales aledaños a la concentración, que también son atacados con gas pimienta y lacrimógeno. El miércoles, Alta Vista se convirtió en un campo de batalla, en el que varios edificios fueron objeto de destrozos en medio del enfrentamiento de oficialistas y opositores, y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lanzaban deliberadamente gases lacrimógenos hacia los balcones de los apartamentos.
Este jueves, la coyuntura se trasladó hacia la parroquia Unare, de Puerto Ordaz, donde desde el final de la tarde, tanquetas y motorizados de la GNB irrumpieron en las urbanizaciones Las Garzas y Ventuari.
La coordinadora de exigibilidad del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Esperanza Hermidas, indicó que cuando cuerpos de seguridad el Estado ingresan de esta forma a lugares residenciales, suscitan varias violaciones a la Constitución Nacional, en cuanto al derecho a la seguridad dentro de la propiedad privada, así como también a la Ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, aprobada en junio del año pasado, que busca proteger la integridad física y psicológica de los ciudadanos.
Hermidas recordó que se trata de violación a los Derechos Humanos, pues las agresiones vienen por parte del Estado, y destacó que la desproporcionalidad de los hechos “se trata de civiles desarmados, y en algunos casos las cosas pasaron de noche”.
Atropello a Las Garzas
Andreína Rivero, residente de Las Garzas, atestiguó que el jueves en la tarde efectivos de la GNB se encontraban acompañando el operativo de limpieza que realizaran la Alcaldía de Caroní y la Gobernación del estado Bolívar en la avenida Atlántico, a la altura de la urbanización, luego de que estas vías fueran trancadas por estudiantes y la comunidad, de forma pacífica.
“Cuando los guardias se van, los estudiantes salen otra vez a trancar las calles y quemar cauchos, molestos”, pues los oficiales “le hacían burla a los muchachos desde la avenida”, comentó Rivero. Acto seguido la GNB retorna al lugar, por lo que los manifestantes corrieron hacia dentro de la urbanización Las Garzas, a eso de las 6:00 de la tarde. Tres tanquetas y unos “20 o 30 motorizados” del cuerpo de seguridad entraron en el sector, lanzando abundantes gases lacrimógenos.
Doris Rojas, otra residente, aseguró que aunque no abrió puertas ni ventanas, el olor de los gases penetró en su casa, y añadió que se escucharon disparos de perdigones. Los vecinos consultados reportaron que la presencia de la GNB en la urbanización fue de “dos a tres horas seguidas”, luego de que se hiciera de noche.
Rivero aseguró que “los guardias rompieron la garita de la vigilancia y se llevaron todas las cámaras” del circuito de seguridad que habían instalado los vecinos el año pasado. La residente añadió que desde las tanquetas vociferaban “señores, todos a sus casas, el que esté afuera va preso”.
Un detenido en Ventuari
Los vecinos de los bloques de Ventuari, urbanización contigua a Las Garzas, también fueron objeto de la arremetida de la GNB. Relataron cómo los efectivos lanzaron gas lacrimógeno hacia los balcones y “saltaron las cercas para tratar de entrar a los edificios”, dijo un residente que prefirió no identificarse, añadiendo que “apuntaban a la gente con armas de reglamento y hubo varios disparos”, pero no hubo heridos de bala. La situación continuó hasta las 10:30 de la noche.
Acá también se vivió el toque de queda impuesto por los oficiales: Guillermo Maestracci, es estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA) y tiene 17 años. Se encontraba el jueves en la noche en su domicilio en Ventuari, cuando efectivos de la GNB ingresaron a la fuerza al edificio “saltando la cerca”, salimos corriendo hacia la avenida Atlántico, para ser aprehendidos por cuatro motorizados del cuerpo de seguridad: “Me tiraron al suelo, me echaron corriente en los pies y gas pimienta en los ojos. Estaba boca abajo y me pusieron esposas”. Acto seguido fue ingresado en una tanqueta de la GNB: “me preguntaban ‘¿dónde está el arma?’ pero yo no tenía pistola. Por eso me soltaron”.
“Nos tenían dando vueltas. Había un muchacho que estaba en Farmatodo, tenía hasta la bolsa con las medicinas” y fue aprehendido por estar circulando en la calle. Dentro del vehículo había seis detenidos, según Maestracci, quien indicó que todos fueron liberados en la madrugada en el Destacamento 88, en Castillito.
Su madre, Libimar Maestracci, informó que fue a buscarlo de madrugada al lugar, y enfatizó que su hijo menor, de 12 años, también fue agredido por la GNB cuando todos salieron corriendo a la entrada de los efectivos al edificio.
Hermidas destacó que “meter una tanqueta a una urbanización viola todos los protocolos establecidos (…) esos equipos se usan para una confrontación entre iguales. La población civil no tiene cómo defenderse ante una tanqueta. Lo mismo con los aviones de guerra” que sobrevolaron en el estado Táchira este jueves.
La experta añadió que no solo se trata de violencia física sino psicológica, pues el despliegue militar dentro de una urbanización en horas de la noche afecta la tranquilidad de los vecinos, reiterando una vez más que lo propio aplica si se trata “de población civil desarmada”.
Ley para prevenir y sancionar la tortura
El artículo 5 de esta ley define, en su numeral 6, el “trato cruel” como: “Actos bajo los cuales se agreda o maltrate intencionalmente a una persona, sometida o no a privación de libertad, con la finalidad de castigar o quebrantar la resistencia física o moral de ésta, generando sufrimiento o daño físico”.
En el numeral 7, el mismo artículo señala el “trato inhumano o degradante” como: “actos bajo los cuales se agreda psicológicamente a otra persona, sometida o no a privación de libertad, ocasionándole temor, angustia, humillación; realice un grave ataque contra su dignidad, con la finalidad de castigar o quebrantar su voluntad o resistencia moral”.
El artículo 13 establece penas de entre 13 y 23 años de prisión para aquel funcionario que incurra en “trato cruel”. El artículo 18 castiga con 3 a 6 años de prisión a aquel oficial que incurra en “tratos inhumanos o degradantes” hacia un ciudadano.
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