Aunque evitó pronunciarse directamente sobre el proceso contra El Universal, la relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, dejó en claro que la petición realizada por la Fiscalía a la justicia para que le prohiba a este diario “la publicación de imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo, con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresión física, imágenes que utilicen contenidos de guerra y mensajes sobre muerte y decesos” so pretexto de proteger a los niños y adolescentes, constituye censura; y por lo tanto es contraria a los tratados internacionales de Derechos Humanos.

La jurista colombiana echó mano a los pronunciamientos que su oficina, junto a la de su homólogo de las Naciones Unidas, Frank La Rue, emitieron en 2010 cuando el Ministerio Público realizó una petición similar contra los diarios El Nacional y Tal Cual; y afirmó: “Las decisiones judiciales que tienen este tipo de prohibiciones genéricas imponen límites de tal vaguedad e imprecisión que impiden que la prensa escrita pueda publicar cualquier información que pueda perturbar o molestar a las autoridades. Dada la incertidumbre que generan, estas órdenes obligan a los medios a abstenerse de informar sobre una amplia gama de asuntos de interés público que la sociedad tiene derecho a conocer y que la prensa tiene derecho a reportar”.

Botero le recordó al despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz que “la protección de otros bienes o valores importantes o incluso prioritarios, debe darse siempre dentro de los márgenes autorizados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En otras palabras, las finalidades nobles no autorizan el uso de cualquier medio para lograrlas”.

La solicitud del Ministerio Público contra El Universal figura en la demanda que ese organismo interpuso el pasado 27 de noviembre en el Tribunal 11 de Protección de Niños de Caracas contra este diario, al cual acusó de violarle a los infantes y jóvenes su derecho a un sano desarrollo por publicar siete días antes, en primera página, una gráfica en la que se ve una mano tendida en el piso junto a un charco de sangre. La mano era de un ingeniero que fue asesinado en Caracas al tratar de huir de unos delincuentes que lo tenían secuestrado.

El CNP, en un comunicado, alertó de nuevo sobre las pretensiones del Gobierno de continuar responsabilizando a los medios por diversas situaciones que afectan a la colectividad, como es la inseguridad. “La Fiscalía tiene el deber de defender los derechos intangibles y difusos de los venezolanos, y no burlarlos o violarlos de manera acomodaticia al servicio de un sector; pues esta institución se debe a la verdad, nunca a la mentira o a la interpretación caprichosa de algún funcionario”, declaró el presidente del gremio, Tinedo Guía, quien cuestionó la solicitud de la fiscal Luisa Ortega Díaz contra el diario El Universal,“y la forma como se viene amedrentando a los medios para que oculten una realidad innegable como lo es la inseguridad y las altas cifras de homicidios en Venezuela”. “Prohibir la noticia no acaba con los asesinatos y la violencia desatada”, sostuvo. Recordó acciones similares contra Tal Cual y El Nacional en 2010, sin que exista una política honesta y decidida a atacar aristas de la inseguridad.