La directora de Cofavic recordó que las leyes en el país no pueden ser regresivas

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Liliana Ortega dijo que el Ejecutivo no puede reducir garantías judiciales con la Habilitante NICOLA ROCCO
ENDER MARCANO |  EL UNIVERSAL
sábado 23 de noviembre de 2013  12:00 AM
Gracias a la Asamblea Nacional, y al diputado 99, el presidente Nicolás Maduro cuenta con poderes especiales para legislar por un año en materia económica, para combatir la corrupción e incluso en el área penal. Desde Cofavic alertan que con las potestades que cuenta el Ejecutivo no se pueden transgredir garantías constitucionales fundamentales, entre ellas las relacionadas con los derechos humanos de la población. De lo contrario se estaría pasando al autoritarismo.

Liliana Ortega, directora de la organización Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic), comentó que el poder de los Estados no puede ser ilimitado y que su límite más importante es la protección de los derechos humanos. “Cuando el poder es ilimitado estamos pasando al autoritarismo y se abandonan las reglas fundamentales de la democracia y de los principios fundamentales que protegen a todas las personas”, señaló Ortega.

La representante de la organización que vela por la protección de los derechos humanos, indicó que el poder estatal tiene que tener restricciones “y su frontera es el ejercicio de los derechos humanos”. “Por buenos que sean los motivos, eso no da pie para que el Estado pueda penetrar ese núcleo intangible en el ámbito de derechos civiles, políticos y tocar derechos judiciales con una habilitación”.

Por medio de la Habilitante, Maduro podrá legislar en materia de sanciones penales. En este caso Ortega recordó en primer lugar que las leyes que se dicten en el país no pueden ser regresivas, pues la Constitución establece la progresividad de los derechos. Asimismo, indicó que las decisiones que afecten los derechos humanos deben ser tomadas por la AN.

“Si hay una habilitación que no tiene la limitación de que no se pueden afectar los derechos humanos, podrían afectarse cualquiera de estos. No sólo el ejercicio del derecho a manifestar, sino cualquier otro”, dijo la vocera de Cofavic.

Tras la aprobación de la Ley, diputados oficialistas agregaron que la misma también se usaría para preservar el orden interno de Venezuela.