Unos diputados la pueden perder más rápido que otros. Algunos, por más que acumulen méritos, la tienen segura. Allanar la inmunidad parlamentaria también es sacar del camino a quien molesta
Por Oscar Medina
Saltada la talanquera y con Briceño en fuga y justo cuando hace falta un voto para la habilitante requerida por el Presidente Maduro, la Fiscalía General de la República quiere que le permitan lo más rápido posible investigar a la diputada María Mercedes Aranguren quien presidía la junta directiva de la administradora del estadio Monumental.
“Espero justicia a la brevedad”, dijo la fiscal Luisa Ortega Díaz a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia el jueves cuando pidió a los magistrados la declaración de méritos para un procedimiento penal contra la diputada, primer paso para despojarla de su inmunidad parlamentaria. A la diputada Aranguren la acusan por los manejos que se hicieron durante la breve existencia de esa empresa estatal que tuvo acceso a dólares y a recursos de la gobernación de Monagas. En concreto, la fiscal general habló de peculado doloso, legitimación de capitales y asociación para delinquir, echando mano de la Ley contra la Corrupción y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada.
Lo que ocurría con el desfile de artistas en el estadio y el asunto de los contratos en dólares fue aireado en su momento por algunos opositores al entonces gobernador Briceño y el caso tuvo sobrada cobertura en medios regionales como El Sol de Maturín y más recientemente -el 20 de abril de 2012- el semanario Informe Semanal de Monagas retomó el asunto una vez que se activó una comisión de legisladores para investigarlo. Pero apenas ahora es cuando la denuncia adquiere validez y se torna propicio el momento para -como lo ha dicho el propio Briceño- convertir al suplente de Aranguren -Carlos Flores- en el célebre diputado 99 que se necesita para la Habilitante de Maduro. Y la inmunidad parlamentaria de la diputada -quien alcanzó el puesto gracias a los votos del Psuv- es apenas un estorbo en el camino.
Visto el ejemplarizante caso de Richard Mardo, la diputada Aranguren seguramente tendrá muy claro que el retiro de su inmunidad parlamentaria es cosa inminente. Ella denunció en septiembre que le ofrecieron dejar su caso en la gaveta a cambio de votar a favor de la Ley Habilitante. Pero no lo hizo.
A su colega Richard Mardo también le habrían ofrecido negociar un cambio de bando, según contó él mismo. Y recibió castigo por no aceptar: el 5 de febrero el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello y el de la Comisión de Contraloría, Pedro Carreño; agitaron enormes fotocopias de cheques asegurando que se trataba de pruebas de manejos irregulares de dinero por parte de Mardo activando con ello al “tribunal” de la opinión pública antes que a la justicia formal.
El 2 de junio en esta misma sección de El Universal quedó demostrado que la acusación se sostenía en documentos forjados y pruebas manipuladas o interpretadas a conveniencia, pero el proceso siguió y sigue adelante y la fiscal Ortega Díaz logró que se allanara la inmunidad parlamentaria a Mardo.
“El caso está siendo instruido con mucho empeño”, explicó su abogado Jesús Loreto: “A una gran velocidad, tal como deberían instruirse todas las causas en el país. Le están haciendo una investigación rápida y profunda de cuanto detalle financiero y patrimonial sea posible, incluso aunque no guarden relación con los hechos que se le imputan”.
Para Loreto la situación con Richard Mardo es claro ejemplo del “dispare primero y averigüe después”: “Ahora es cuando están haciendo una investigación de verdad. Y resulta que todas las denuncias que hemos hecho sobre falsedad y adulteración de las pruebas se han corroborado. En esta fase quedó demostrado que no existen supuestos para el allanamiento de la inmunidad del diputado, pero no les queda otra que seguir buscando a ver qué encuentran. Lo que sustentó el allanamiento de la inmunidad quedó desvirtuado y la causa debió haber sido sobreseída y restituida la inmunidad a Mardo. Ese es el deber ser. Pero ya sabemos que este es un asunto político”.
Al militar no
La organización civil por la defensa de los derechos humanos Provea lleva algún tiempo reclamando que se allane la inmunidad parlamentaria a un diputado. Y no se trata del caso de unos cheques.
Con insistencia, Provea ha llamado la atención sobre la presencia del militar en retiro Roger Cordero Lara dentro de las filas del Psuv. Cordero Lara, de hecho, es diputado de la Asamblea Nacional por el estado Guárico y resultó electo con los votos del partido de gobierno.
Lo que denuncian Provea y otras organizaciones -y hasta algunos sobrevivientes y familiares de víctimas- es que Cordero Lara estuvo en el equipo de militares que participaron en lo que se conoce como la “Masacre de Cantaura”.
El 24 de enero de 2011 Provea entregó una carta dirigida a Fernando Soto Rojas, Aristóbulo Istúriz y Blanca Eekhout, miembros de la directiva de la Asamblea Nacional. Uno de sus párrafos deja bien claro el asunto: “En el caso del actual diputado por el PSUV Cordero Lara hay suficiente información en el expediente de Cantaura en poder del Ministerio Público que indica que este ciudadano comandó uno de los aviones que en la madrugada del 04 de octubre de 1982 bombardeó el campamento del Frente Guerrillero Américo Silva, en la población de Cantaura estado Anzoátegui. Ese día, como todos ustedes conocen, una operación combinada de militares y policías produjo la Masacre de Cantaura en la cual fueron asesinados 24 revolucionarios”.
Los dirigentes del frente Américo Silva, “brazo armado de la organización subversiva Bandera Roja”, se preparaban para un cónclave en la zona. 14 de los 24 guerrilleros muertos -denuncia Provea- fueron capturados vivos y rematados en el lugar.
Cordero Lara era Teniente y participó en la operación que en aquellas fechas se reivindicaba como un exitoso y contundente golpe contra la guerrilla en Venezuela.
El interés mostrado por el Gobierno de Hugo Chávez de “hacer justicia” en los casos de violaciones a derechos humanos ocurridos durante los años del bipartidismo, hizo pensar que al fin se ocuparían de los casos de Cantaura, Yumare y El Amparo. Pero las expectativas no han sido cubiertas. Roger Cordero Lara llegó a ser Comandante General de la Aviación y fue presentado como candidato por el Psuv para las parlamentarias del año 2010, haciendo campaña en llave con Oscar Figuera, Secretario General del Partido Comunista de Venezuela.
45 mil 714 personas votaron a favor de Cordero Lara y lo hicieron diputado.
Ninguna respuesta ha recibido Provea a sus solicitudes: “Hemos acudido ante la Asamblea y la Fiscalía, pero lo único que logramos es tener copias selladas en la recepción de nuestras solicitudes”, explica Rafael Uzcátegui, de la ONG: “Cordero está en el expediente y él nunca ha negado su participación. No hay que hacer una gran investigación. Cordero y Ramón Rodríguez Chacín son los más emblemáticos, pero también hay otros funcionarios de menor rango involucrados en violaciones a derechos humanos. Lo que vemos aquí es un aval a la impunidad y la poca voluntad de alcanzarla justicia en estos crímenes”.
También ha habido momentos sorprendentes: “Cuando solicitamos que se allanara la inmunidad a Cordero Lara, alguien como Elías Jaua avaló de manera pública la tesis de la obediencia debida acerca de la participación de Cordero en la masacre de Cantaura, desconociendo que la Constitución establece que no se puede invocar la obediencia debida en estos casos”.
Uzcátegui no deja pasar otra referencia: “Es muy contradictorio que se utilicen los mismos argumentos que usaron las dictaduras del Cono Sur para proteger a los militares”.
A este tampoco
El diputado barquisimetano Guillermo Palacios sí recibió respuesta a su solicitud de que se investigara a un colega parlamentario por un acumulado de situaciones irregulares en las que podría estar involucrado: que no, le dijo la Comisión de Contraloría; que no investigarían esos casos de presunta corrupción porque el señalado es un diputado que goza de inmunidad.
Se trata de Julio Chávez y las denuncias consignadas se refieren a su gestión al frente de la alcaldía del Municipio Torres del estado Lara entre 2005 y 2008. Palacios presentó su denuncia el 10 de julio de 2012 y el 26 de octubre le respondieron por escrito con el sustento del Artículo 200 de la Constitución.
“Es un privilegio que le otorgan a un diputado para que no se investiguen irregularidades que ya fueron presentadas en Fiscalía y Contraloría”, señala Palacios: “Pero vemos cómo se trabaja para allanar la inmunidad de diputados de la oposición para abrir procesos contra ellos. El Gobierno interpreta y pone a su servicio las disposiciones legales y constitucionales”.
En documentos, Palacios refiere aparentes irregularidades en casos relativos a rehabilitación de vías en la ciudad de Carora e injustificadas declaratorias de emergencia para otorgar contratos; órdenes de pago millonarias para compras de vehículos para transporte público que nunca se recibieron; asuntos curiosos en la contratación de pólizas de seguros para vehículos señalados por la propia Contraloría regional; irregularidades en la ejecución de presupuestos del Instituto Municipal de Vialidad; la designación en cargos importantes de gente asociada a cooperativas que recibían contratos de los propios entes municipales (como Gaudys Ibarra, en el Instituto Municipal de Torres); utilización indebida de recursos aprobados en créditos adicionales (4 mil 277 millones) y hasta señalamientos de tráfico de influencia y peculado de uso tras las explicaciones de Julio Chávez en un programa de televisión sobre el hecho de que su hija hubiera vivido una temporada en la residencia del cónsul venezolano mientras estudiaba inglés en Estados Unidos.
“La Comisión de Contraloría dijo que nada de eso se iba a investigar por la inmunidad de Julio Chávez”, se queja Palacios: “Y por eso se convierten en cómplices de los delitos”.
ARMA Y ESCUDO
• Además de Richard Mardo y María Mercedes Aranguren, el diputado opositor Juan Carlos Caldera también está en la lista de la Fiscal General, aunque su audiencia fue pospuesta hasta el 6 de noviembre.
• En octubre de 2010 la periodista Sebastiana Barráez entrevistó a Elías Jaua, entonces vicepresidente, y le preguntó directamente por el caso del diputado Roger Cordero Lara. Esta fue su respuesta: “No conozco exactamente el caso de la actuación del general Cordero Lara en Cantaura. Ahora, un piloto de aviación no necesariamente conoce el objetivo que tiene que bombardear. En todo caso el general Cordero Lara fue electo por las bases del PSUV y contra él no pesa ningún juicio”.
• “Tanto en los hechos de Cantaura, como en las masacres de Yumare (08-05-86), Amparo (28-10-88) y Caracazo (27-02-89), los hechos fueron investigados por la justicia militar con el objetivo de preservar su impunidad y exculpar a sus responsables”, Rafael Uzcátegui, de Provea.
• Provea ha solicitado que se despoje de su inmunidad parlamentaria al diputado Roger Cordero, pero ha pedido lo mismo para José Sánchez “Mazuco”, diputado por Zulia: “denunciado por su presunta participación en las torturas y asesinato, como funcionario policial, en contra del agente del DIM Vicente Macías”.