18 diputados de oposición amenazados u hostigados judicialmente.

Hemiciclo-Asamblea-Nacional

Daniel Pabón
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PSUV 0 – 18 MUD. Así va el marcador de persecución política en la Asamblea Nacional. Ninguna denuncia contra diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados ha prosperado. La bancada de la Mesa de la Unidad Democrática cuenta dos bajas y 16 parlamentarios con amenazas o averiguaciones abiertas por la vía judicial. 

La AN está siendo utilizada como herramienta de eliminación de adversarios políticos, lamentó Monitor Legislativo. “La experiencia indica que esto genera aumento de la violencia política y autocensura de diputados y de los ciudadanos en general”, advirtió esa alianza de organizaciones en un comunicado reciente.

Américo De Grazia, diputado de La Causa R por Bolívar, recordó que el hostigamiento cobró las primeras tres víctimas tan pronto se instaló la legislatura 2011-2015: José Sánchez “Mazuco” (UNT-Zulia) nunca tomó posesión de su curul; Biagio Pilieri (Convergencia-Yaracuy) asumió con retardo debido a un arresto domiciliario y Hernán Alemán (AD-Zulia) resultó imputado por malversación de fondos el mismo día que asumió la diputación, sin contar que le fue prohibida la salida del país y tiene régimen de presentación. En apenas medio año de sesiones, este 2013 el acoso recrudeció con otros 15 casos.

Uno por uno

Dos dardos asestan a María Corina Machado, la más votada en las elecciones de 2010. Aún la comisión que investiga el audio de la diputada por Miranda con el historiador Germán Carrera Damas no presenta el informe final, cuando ya el jefe de la fracción del PSUV, Pedro Carreño, asomó que están dispuestos a retirarle la inmunidad parlamentaria por liderar una entrega de volantes en las adyacencias a la refinería de Amuay. Su suplente, Ricardo Sánchez, sigue apartado de la MUD.

Con Machado volantearon De Grazia y otros ocho colegas: Deyalitza Aray (Proven-Carabobo), William Dávila (AD-Merida), José Manuel González (Independiente-Guárico), Eliézer Sirit (AD-Falcón), José Gregorio Graterol (Independiente-Falcón), Leomagno Flores (AD-Táchira), Juan Pablo García (AD-Monagas) y el suplente Ángel Medina (AD-Miranda). Los 10 serán investigados por desestabilización y zozobra. La recomendación de la solicitante, la gobernadora falconiana Stella Lugo, es que les retiren la inmunidad parlamentaria.

Quien ya perdió esta fórmula de protección jurídica el 30 de julio fue el aragüeño Richard Mardo, de Primero Justicia. Del mismo partido político son Juan Carlos Caldera y Gustavo Marcano. Desde el 20 de mayo reposa en el Tribunal Supremo de Justicia una solicitud de antejuicio de mérito contra Caldera, a petición de la Fiscalía General de la República. Marcano, diputado suplente, está acusado desde febrero por presuntos delitos contra el patrimonio público, descartados por un tribunal en 2011.

En la sesión del 2 de julio la directiva de la AN exhortó al Poder Judicial a que determine los motivos para allanar la inmunidad a María Aranguren, vinculada a supuestas irregularidades en la gestión de José Gregorio Briceño. El año pasado la diputada por Monagas se cambió a la bancada opositora, pero su suplente sigue siendo del partido de gobierno. El fuero parlamentario de Andrés Velásquez también cayó bajo amenaza, por petición de la psuvista Nancy Ascencio.

Hegemonía

Revelador, el presidente del Legislativo, Diosdado Cabello, asomó esta semana que en septiembre la plenaria despojará de inmunidad a “varios” diputados de la MUD. Detalló el nombre de Caldera y enunció que la gobernadora Lugo formalizará su petición, al menos contra Machado. Los volantes repartidos por Amuay, a un año de la explosión, decían que lo peor está por venir.

El Gobierno aplica el precepto de hegemonía parlamentaria, fustigó De Grazia. “A los colegas que les puedan pasar la aplanadora, se la van a pasar. Lo que ellos aleguen es excusa”. La meta, conjeturó, es que el congreso venezolano se parezca al de China, Corea del Norte o Cuba. Todos unicolores, sin debate.

De Grazia, uno de los 18 perseguidos, va más allá. Dibuja que esta concepción militar de la política se llama fascismo. “Avanzan con el propósito de disolver la Asamblea Nacional”. Esta es una atribución del Presidente, según el artículo 236 de la Constitución.

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