08/09/2013.-Liliana Ortega lamenta que en el país sólo sean presentados ante el juez 3% de los casos de abusos a los derechos humanos. Para la abogada y directora de Cofavic, el caso actual del comisario Simonovis comporta un delito de tortura, dada su condición de salud. Dice que las ejecuciones extrajudiciales a los Barrios, solapadas en la excusa de la mala conducta de algunos de ellos, no tiene validez, porque 10 integrantes de esa familia ya no están vivos para defenderse.
–¿Qué significa para un habitante de un barrio venezolano que el Gobierno decida retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
–La denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte del Estado venezolano es una grave reducción de la tutela de las víctimas y de la protección de toda la sociedad. En Venezuela, según cifras oficiales sólo el 3% de los casos de violaciones a los derechos humanos son presentados ante un juez. El resto de los casos terminan con sobreseimientos o archivos fiscales, configurándose un grave esquema de impunidad que asegurar a los criminales que no tendrán ninguna consecuencia por sus acciones delictuales. Con respecto a Venezuela, los casos conocidos por la Corte Interamericana han incluido a grupos muy diversos y con preponderancia de los sectores más excluidos de la sociedad, como los humildes pescadores del amparo o trabajadores costeños, víctimas de las desapariciones forzadas de Vargas, obreros y trabajadores informales, como las víctimas del Caracazo, personas privadas de libertad (Retén de Catia y medidas provisionales), víctimas de grupos parapoliciales de exterminio en poblados del interior del país (familias Barrios y Uzcátegui), defensores de derechos humanos de la zona fronteriza de Machiques, como el caso del joven Joe Castillo y jóvenes y niños, víctimas de torturas y ejecuciones extrajudiciales como el caso de los hermanos Landaeta. Dictámenes y casos que están en su mayoría en situación de incumplimiento, en violación a la Convención Americana (art.68) y a nuestra Constitución (art. 31). El Derecho Internacional de DDHH tiene como principal objetivo la protección del individuo frente al abuso de poder del Estado. Por ello cualquier persona, sin importar su condición económica o social, su posición política o sus creencias religiosas tiene en el sistema interamericano una opción de justicia. Hoy esta opción podría pensarse para quienes están en el poder que no les interesa, pero las circunstancias son cambiantes, y por ello despreciar una opción de justicia por creerse dueños del poder del Estado, puede ser un grave error porque el poder es lo más circunstancial y transitorio que existe, y lo confirma si vemos a los factores políticos que gobernaron Venezuela durante los 70 o los 90. Y en nuestro hemisferio, a Fujimori o a Uribe.
–¿Para qué sirven estos organismos regionales que, en opinión de los presidentes Correa y Evo Morales, actúan como “operadores políticos” de EEUU, bajo la fachada de la defensa de los derechos ciudadanos?
–La Comisión y la Corte Interamericana constituyen el mayor logro de la OEA, su doctrina y jurisprudencia están consideradas como unas de las más progresistas del mundo y en el ámbito regional han servido para detener el autoritarismo clásico e ilustrativo de las dictaduras del Cono Sur, los graves efectos de la guerra en Centro América y las derivas autoritarias de gobiernos electos democráticamente, pero que resultaron responsables de graves violaciones de derechos humanos, como el régimen fujimorista del Perú. La CIDH tiene plenas facultades para dar seguimiento a la situación de los derechos humanos en todos los países que son parte de la OEA. Entre ellos, Estados Unidos por supuesto. La CIDH ha apoyado la demanda del cierre de Guantánamo, ha elaborado informes muy importantes sobre violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en este centro de detención, otorgando medidas cautelares y ha realizado audiencias públicas sobre este caso. La CIDH y la Corte históricamente han estado integradas por personas de altísimo reconocimiento internacional cuya independencia no es presentable ponerla en juego. Hoy día ex jueces de la Corte Interamericana o ex miembros de la CIDH se desempeñan como jueces de La Haya, Decanos de prestigiosas universidades del mundo o incluso relatores de ONU. Y en los pocos casos en que algún miembro de los órganos del sistema interamericano ha recibido críticas por su falta de independencia ha sido básicamente sobre candidatos propuestos por países que han buscado sistemáticamente el socavamiento del sistema interamericano, como Venezuela. Lamentablemente, EEUU no es signatario de la Convención Americana y no ha suscrito las competencias consultivas ni contenciosas de la Corte Interamericana. Pero esta posición no es la mayoritaria en el sistema interamericano y tampoco puede ser un argumento para que los países democráticos debiliten el sistema interamericano o desconozcan sus competencias. Los Estados partes del sistema interamericano pueden tener observaciones e incluso no compartir algunas decisiones de los órganos del sistema, pero la defensa de los principios de derechos humanos y de la democracia les obligan a mantenerse dentro de esos estándares.
–¿Qué casos relevantes ocurridos en el país y que han sido denunciados en organismos internacionales, no han sido atendidos por el Estado venezolano?
–La única sentencia emitida por un tribunal sobre los hechos del Caracazo es la que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los tribunales venezolanos han brillado por su ausencia en casi 25 años de haber ocurrido el Caracazo. Hasta la fecha, no hay una sola condena judicial por esos hechos, a pesar de la propaganda política que tienen. El sistema interamericano ha conocido diversos casos sobre Venezuela y en su mayoría los beneficiarios provienen de los sectores más excluidos de la sociedad. La Corte ha emitido sentencias en casos históricos que ni las mentes más recalcitrantes podrían criticar: el Amparo, el Caracazo, la masacre del Retén de Catia, las desapariciones forzadas en Vargas de 1999, ejecuciones extrajudiciales en Falcón y Aragua, entre otros. Hay que decir, también que países como Colombia o Perú han tenido más casos ante la Corte Interamericana que Venezuela.
–Es palpable el caso de EEUU y la violación sistemática de los derechos de personas en la base de Guantánamo, gente que ni siquiera ha sido juzgada. ¿Han dicho algo al respecto la CIDH y CorteIDH?
–La CIDH se ha pronunciado sistemáticamente sobre esta materia. Ha realizado audiencias y ha citado a representantes del Gobierno de EEUU para debatir este tema. Se han dictado medidas cautelares a favor de personas detenidas en Guantánamo, emitido comunicados muy firmes al respecto y se han levantado informes que detallan muy bien todos los aspectos de derechos humanos de esta situación. Con esto quiero resumir que la CIDH ha puesto en ejecución todas sus facultades para denunciar la situación de Guantánamo.
–El asunto resulta curioso, porque antes eran los dictadores de derecha, tipo Videla, Fujimori o Pinochet, quienes atacaban estos organismos. ¿Qué explicación hay para que ocurra ahora en gente que son de izquierda que, por tradición, son defensores de DDHH?
–La ideología no supone per se una posición a favor de los derechos humanos. Obviamente, se espera de los sectores más progresistas posturas cercanas a la protección de las víctimas y a la defensa de los principios de los derechos humanos. Es cierto que la izquierda democrática, y subrayo esto, ha promovido avances muy sustantivos en materia de igualdad y reconocimiento de las minorías. Sin embargo, también en nombre de la izquierda se han cometido gravísimas violaciones de los derechos humanos, como la persecución política o violaciones a la libertad de expresión. No hay violaciones de los derechos humanos aceptables porque sean cometidas por la derecha o violaciones de los derechos humanos aceptables porque sus autores se digan parte de la izquierda. El doble rasero en la defensa de los derechos humanos ha causado muchísimo daño a nuestra región y al mundo. La defensa de los derechos humanos no admite doble estándares. Lamentablemente, en Venezuela, se ha institucionalizado un doble rasero para las víctimas, hay víctimas que por su posición política sectores oficiales consideran que son las únicas que merecen justicia y también hay víctimas que por su posición política sectores opositores estiman que son las únicas que existen. Esto un grave daño a la sociedad en general.
–Actualmente la CorteIDH ventila el caso del abogado Allan Brewer Carías, quien denuncia ser un perseguido del gobierno, antes de Chávez y ahora de Maduro. ¿Cuál en resumen es lo ocurrido con este constitucionalista?
–El caso del doctor Brewer es paradigmático de violaciones muy graves al debido proceso. En mi opinión en este caso, se ha utilizado a la justicia como un instrumento de venganza política en contra del Dr. Brewer. Y esto no significa que no debían investigarse los hechos que dieron origen a este caso, sino que esas investigaciones debieron ser independientes y con el respeto al debido proceso y a las garantías judiciales de todas las partes. El caso del doctor Brewer presenta falencias muy groseras en relación a violaciones al debido proceso en su contra que denotan unos niveles de arbitrariedad muy peligrosos para toda la sociedad venezolana. Hace pocos días se realizó en San José, Costa Rica la audiencia sobre excepciones preliminares, eventual fondo y reparación en este caso. Yo la seguí por internet y debo decir que esa audiencia de la CorteIDH, en mi opinión, es la única ocasión procesal en la que hemos podido tener los venezolanos la oportunidad de escuchar, con respeto a todas las partes, la verdad de lo ocurrido durante los días 11 y 12 de abril de 2002. Hechos históricos, especialmente por tratarse de un golpe de Estado que sólo han sido revisados con seguridad jurídica por el tribunal interamericano hasta la fecha.
–En el caso de la familia Barrios, casi diezmada por ajusticiamientos policiales, algunos personeros del gobierno han esgrimido de que se trata de personas de mala conductas, incluso algunos de ellos eran delincuentes. Si eso es así ¿por qué tanto alboroto?
–Las ejecuciones extrajudiciales cometidas en contra de los integrantes de la familia Barrios se han producido tras haberles sometido y/o detenido. En ninguno de estos casos se ha probado un enfrentamiento. Los derechos humanos no juzgan conductas, los tenemos por nuestra condición de ser persona y eso es lo que está en juego. La mayoría de los asesinatos y atentados que ha sufrido la familia Barrios tienen un hilo conductor y así fue probado ante la CorteIDH: las víctimas habían sido testigos o denunciantes de las muertes, detenciones arbitrarias o torturas sufridas por sus familiares que habían sido víctimas con anterioridad. El mensaje que se intentó dar en este caso de exterminio a una familia es que no continuaran con sus denuncias, especialmente en el ámbito internacional y que no se presentaran como testigos de lo que habían presenciado. Aquí ha existido un patrón de actuación que la Corte Interamericana lo expresó en su sentencia y que el Estado venezolano no tuvo elementos consistentes y serios para contradecirlo. También, hay que decir que, hoy día, 10 integrantes de la familia Barrios no podrán defenderse de las acusaciones que se les hacen sobre su conducta porque han sido asesinados.
–Otro asunto que empieza a preocupar es la falta de garantías para trabajar de las ONG relacionadas con DDHH.
–En Venezuela, hay una política de Estado que busca debilitar las garantías de trabajo de los defensores de DDHH. Esto se ha manifestado de diversas maneras: criminalización, persecución judicial, leyes regresivas para la actuación de las ONG, limitaciones para su desarrollo jurídico, amenazas y hostigamiento entre otras. Con la reforma parcial del Código Orgánico Procesal Penal que entró vigencia ese año, por ejemplo, se eliminó la facultad que tenían las ONG de interponer querella en contra de funcionarios policiales o militares que estuviesen incursos en violaciones de los derechos humanos. También, en esa reforma se suprimió la facultad que tenían las ONG de asistir bajo procedimientos muy sencillos y expeditos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Se ha procurado por parte de los factores políticos dominantes crear una sociedad civil prêt-à-porter, hecha a su demanda y a sus necesidades, complaciente y sumisa. En ese ámbito, Cofavic no tiene nada que hacer. Nosotros nacimos para acompañar a las víctimas y ese es nuestro único compromiso radical. Apostamos por el diálogo como un instrumento muy importante en democracia, pero un diálogo crítico y constructivo y siempre salvaguardando nuestra naturaleza y nuestra autonomía.
–La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, confesó abiertamente en una entrevista su militancia política. ¿De qué modo esa condición contraviene con su obligación de defender a todos los ciudadanos por igual?
–La figura de la Defensoría del Pueblo fue muy impulsada por el movimiento de derechos humanos en Venezuela durante la Asamblea Nacional Constituyente. Así como el Título de los Derechos Humanos, el cual recoge casi textualmente el 90% del texto que promovimos desde el Foro por la Vida, la coalición de ONG de DDHH. Lamentablemente ha sido un fraude para la sociedad venezolana el desempeño de la Defensoría del Pueblo y eso es muy duro porque un organismo que es relativamente nuevo que no tenga credibilidad va a tener enormes dificultades para cambiar esa opinión ante la sociedad venezolana. El desempeño de esta institución se ha tergiversado y sus acciones revelan que se ha constituido en una especie de defensor del Gobierno, ni siquiera del Estado, perdiendo incluso los límites mínimos que la prudencia institucional y el sentido común indican.
–En su defensa, organismos gubernamentales de DDHH suelen recordar que en los gobiernos anteriores se cometieron atropellos, torturas y asesinatos, muchos de los cuales quedaron impunes ¿Por qué no habla Cofavic de estos episodios del pasado?
–Precisamente Cofavic se constituyó, eso está registrado en la memoria histórica de nuestra gente, en un denunciante coherente y sistemático de los gravísimos crímenes cometidos en el Caracazo y de 1989 y en casos posteriores a esas fechas como la masacre del Retén de Catia de 1992. Hay que decir que hoy día es muy fácil denunciar el Caracazo porque han pasado 25 años y no como cuando lo hizo COFAVIC en 1989 con el presidente Pérez en Miraflores. Nosotros no claudicamos en la defensa de los derechos humanos, por ello de 1989 a 1992 reunimos toda la evidencia posible, a ojos ciegos porque los expedientes estaban en jurisdicción militar y con ese riguroso trabajo presentamos los casos en un tribunal internacional y hay que decir que todo eso se hizo estando los presuntos responsables en el poder. También debo decir que la sistemática criminalización y el acoso que hemos vivido estos años por defender los derechos humanos no tiene precedente. Y eso ocurre porque antes había un mínimo de separación de poderes e instancias como el Ministerio Público que eran representadas por figuras inobjetables como el Padre Luis María Olaso s.j , a quien no le tembló el pulso para enfrentar las violaciones de derechos humanos que había cometido el gobierno de turno y defender el debido proceso y la integridad personal de los militares que habían participado en los intentos de golpe del 92. Esa figura del Padre Olaso hoy en Venezuela no existe y esa es una tragedia, porque no hay ningún resguardo institucional que nos proteja del abuso de poder del Estado.
–¿Cuál es la situación actual de los presos políticos? ¿Por qué el gobierno ha sido tan indolente con el caso Simonovis?
–El juicio sobre los hechos de abril contiene graves violaciones al debido proceso. En el caso específico del Comisario Simonovis, Cofavic se ha pronunciado reiteradamente, incluso ante el órgano jurisdiccional que conoce del caso, solicitando una medida humanitaria y señalando que las condiciones de su detención configuraban el delito de tortura al igual que la negación a que reciba asistencia médica adecuada. En este caso, también, ha habido un ensañamiento y es ilustrativo de la instrumentalización de la justicia como medio de venganza política. La tortura es un delito de lesa humanidad, imprescriptible y de persecución por la jurisdicción universal. Son responsables de este delito no solo quienes los cometen directamente, sino también aquellos que por omisión permiten que se constituya.
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