EL NACIONA L8 DE AGOSTO 2013.
Violencia. En la demanda presentada ante el TSJ se precisaron hechos de violencia en casi 300 mesas electorales: en 81 casos actuaron motorizados, en 45 las agresiones se presentaron al cierre del centro y en 58 hubo incidentes violentos durante la realización de la auditoría. En otras 107 los testigos fueron retirados y en 291 hubo voto coaccionado o supervisado. También se presentaron 38 casos sobre suplantación de identidad. “Un soldado coloca un fusil en la sien de un joven que hace un reclamo; una ciudadana es arrastrada por el piso por una banda de hombres en motocicletas…”. En la edición del 19 de mayo, Siete Días le puso rostro a las denuncias.
Ventajismo. “Transportaron a votantes y activistas del PSUV en vehículos de la Fábrica Nacional de Cemento, unos rústicos blancos con el logo de la empresa, que está cerca de la comunidad. Movilizaban a la gente de zonas aledañas como Vallecito, Las Tucacas, Santa Marta, Betania y Piloncito en esos carros y en los metrobuses nuevos que van a los Valles del Tuy. También hubo muchos grupos de motorizados que amenazaban a los testigos y les metían miedo a los movilizadores fuera del centro. Dentro, los militares del Plan República se pusieron los brazaletes tricolor que los identificaba como partidarios del Gobierno”. Relato de Denis Izaguirre, de 36 años de edad.
Lo vio Unasur. Una delegación brasileña que formó parte de la misión que envió Unasur a Venezuela constató el funcionamiento irregular de las máquinas captahuellas en el centro de votación del colegio Santa Rosa de Lima, en Baruta, Miranda. La hija de una anciana que acudía a votar posó por error el dedo pulgar en una máquina captahuella. El sistema inmediatamente la habilitó para sufragar, aunque eso no debió ocurrir porque el proceso de verificación se realizaba con el número de cédula de su madre. La mujer notificó el error a los operadores, testigos y miembros de mesa. Justo en ese momento los brasileños Matías Giménez y Felipe Goulat observaban el proceso.
16.000 testimonios. La Mesa de la Unidad Democrática emprendió la tarea de ubicar a 16.000 personas que fuesen testigos presenciales de las irregularidades ocurridas en 5.279 mesas de votación, que fundamentaron la impugnación ante el TSJ. Miguel Cocchiola, diputado a la Asamblea Nacional por Carabobo, se reunió con testigos y coordinadores de centros que trabajaron el 14 de abril. “La gente está dispuesta a ir al CNE o a los tribunales regionales o nacionales, a donde sea necesario, para llevar las pruebas”, afirmó. Al declarar inadmisibles las impugnaciones, el TSJ negó la posibilidad de examinar con mayor acuciosidad cada una de las denuncias.
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