Tras la revelación sobre el forjamiento de pruebas en las acusaciones contra el diputado Richard Mardo, el proceso siguió su curso como si nada y Pedro Carreño presentó nuevo informe. Por Oscar Medina

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El diputado de Aragua ha denunciado que se le investigó sin respetar el debido proceso ni su derecho a la defensa ARCHIVO
EL UNIVERSAL
domingo 14 de julio de 2013  
Sin hacer comentarios sobre el “pequeño” detalle de sustentar una acusación contra un diputado de la República basándose en una prueba forjada y en otra manipulada, el oficialismo avanza voluntarioso en su empeño por allanar la inmunidad parlamentaria de Richard Mardo, en una cruzada que se ha tomado muy a pecho el presidente de la Comisión de Contraloría, Pedro Carreño.El pasado 2 de junio en esta misma sección de El Universal se revelaron detalles sobre la utilización de un cheque forjado -de una fotocopia, mejor dicho- presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en su denuncia pública contra Mardo (el 5 de febrero), lo mismo que la copia de una transferencia de dinero supuestamente recibida por el diputado de Aragua que, leyendo bien, resultó ser todo lo contrario: un monto que salió de su cuenta como préstamo a un amigo. Ambos elementos fueron incorporados como pruebas en el documento que la fiscal general Luisa Ortega, presentó el 12 de marzo cuando solicitó al Tribunal Supremo de Justicia el antejuicio de mérito contra Mardo. Cabello lo acusó de recibir dinero para financiar su campaña electoral, pero la fiscal puso sobre la mesa los delitos de defraudación tributaria y legitimación de capitales.En todo caso, como se sabe, lo que hizo la dupla Cabello-Carreño fue mostrar fotocopias de cheques que habría recibido Mardo y que -según ellos- evidencian el financiamiento irregular de su campaña política.

Para el momento en que se hizo público el hecho de que una de esas fotocopias -la de un cheque por 107 mil 336 bolívares- constituía una prueba forjada a la que se añadió de forma fraudulenta el nombre de Mardo como beneficiario y que una supuesta transferencia a favor de Mardo no era lo que ellos querían hacer ver, se esperaba todavía el informe de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional y la audiencia preliminar en el TSJ que debía realizarse el 11 de junio. La fiscal pidió cambio de fecha y finalmente la audiencia ante el TSJ se hizo el 25 de junio. El informe de la Asamblea Nacional se tomó un tiempo más: se presentó a la plenaria de diputados el 4 de julio, pero no ha sido discutido ni aprobado.

Ese documento presenta elementos llamativos desde su mismo título y hasta la firma. El título es “Informe final relacionado con los hechos denunciados por el Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Diosdado Cabello Rondón en contra del Diputado: Richard Mardo, miembro de la organización política Primero Justicia”. Y en su última página aparece como autor único el nombre de Pedro Carreño. Esto evidencia lo que han denunciado quienes representan a la unidad opositora dentro de la Comisión de Contraloría: que tanto la investigación contra Mardo y el informe son producto de un trabajo parcializado en el que no han tenido cabida el resto de los diputados. Ni siquiera los de la comisión. Y mucho menos Mardo, quien desde el comienzo de esta historia se viene quejando de que ninguna instancia ha respetado su derecho al debido proceso y a la defensa.

“Este informe lo elaboró el presidente de la comisión, Pedro Carreño”, asegura la diputada Deyalitza Aray: “Es algo similar a lo sucedido en otros casos: ellos traen los informes listos, no se discuten ni se distribuyen en la comisión sino hasta el final. En el caso de Mardo ni siquiera nos respondieron a la solicitud que hicimos el 2 de febrero para obtener copias de la denuncia formal y de las actas del expediente”.

La diputada de Proyecto Venezuela hace otra precisión: “Este documento solo lleva la firma de Pedro Carreño. Es un informe de Carreño, no de la Comisión de Contraloría porque en la práctica nadie más participó en su elaboración”.

Quita esa prueba de ahí

Resulta curioso, además, que a estas alturas el cheque por los 107 mil bolívares ahora fue obviado por la parte acusadora. Sin dar mayores explicaciones sobre su condición irregular y sin ocuparse de lo que implica una prueba forjada, la fiscal no volvió a hacer referencia a ese documento aportado por Cabello y en el informe de la Comisión de Contraloría simplemente desapareció.

Y no fue el único. En la relación de hechos denunciados por Cabello, la “sustanciación” enumera los cheques que habría recibido Richard Mardo. Allí no figura el de 107 mil bolívares y eso, a juicio de la defensa de Mardo, es casi un reconocimiento en la práctica de que se trataba de un documento falseado.

La relación que se presenta es de diez cheques -el de mayor cantidad por 70 mil bolívares- y una transferencia por 200 mil bolívares. Pero en la página 6 del informe, donde organizan la lista en un cuadro solo figuran siete cheques y la transferencia.

Mardo resultó electo en septiembre de 2010 y tomó posesión de su cargo como diputado el 5 de enero de 2011. Entre esos siete cheques del cuadro, solo hay uno con fecha posterior: del 1 de febrero de 2011 por 15 mil bolívares emitido por la Corporación Milenio de Venezuela. La precisión es importante porque la base legal citada por Carreño en su informe se refiere casi exclusivamente a normas que rigen sobre los funcionarios públicos en el ejercicio de sus labores, como los artículos 46, 61 y 71 de la Ley contra la corrupción; e incluso los artículos 195 y 197 del Código Penal.

“Los hechos denunciados son anteriores a la condición de diputado de Richard Mardo”, explica su abogado, Jesús Loreto.

“Carreño cita, por ejemplo, la Ley contra la corrupción y enumera artículos referidos al enriquecimiento ilícito”, señala Aray: “Pero ese delito es imputable solo a funcionarios públicos y los artículos lo dicen claramente, por lo tanto no se cumple el supuesto porque Mardo no era funcionario público”.

¿Cuánto es por fin?

Si el asunto es haber recibido dinero en sus cuentas, no hay consistencia en cuanto al monto total. Durante su intervención en la Asamblea, Cabello habló de 600 mil bolívares. En el primer informe que le entregó Carreño a la Fiscalía y en el cual se basó la fiscal Ortega para acudir al TSJ, la cifra cambia a 491 mil 736 bolívares.

En este “informe final” firmado por Carreño se encuentra una primera relación de cheques que suman 214 mil 400 bolívares, más la supuesta transferencia de 200 mil. Un par de páginas después se muestra el cuadro de siete cheques (y la transferencia) en el que aparecen dos cheques con el mismo número (01872903) y que “reflejan” dos operaciones realizadas el mismo día de febrero de 2009, cada una por 1 millón de bolívares, en bancos diferentes. El total que suma ese cuadro es de 2 millones 133 mil bolívares, más los 200 mil de la “transferencia”.

Más adelante, en las “Conclusiones”, se cita -sin aclararlo- parte de un análisis financiero a las cuentas de Richard Mardo que hizo la Oficina Nacional Antidrogas -fechado el 26 de marzo, pero entregado el 17 de mayo- a petición del diputado Carreño.

Según eso, entre el 4 de febrero de 2009 y el 31 de enero de 2013, en sus diferentes cuentas bancarias Mardo habría movilizado 3 millones 131 mil 350 bolívares. Y aquí Aray encuentra una curiosidad: “Dice ahí que ese total lo discriminan en operaciones de depósitos por 2 millones 656 mil 751 bolívares y operaciones por retiros de 474 mil 599 bolívares. ¿Cómo vas a sumar depósitos y retiros? Eso no tiene sentido”.

Lo que no dice el informe de Carreño es que la ONA le aclara que entre 2002 y enero de 2013 la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera no recibió reportes de actividades sospechosas que involucren a Mardo y que dentro de ese mismo período se constató que Mardo no ha enviado ni recibido transferencias bancarias desde ni hacia el exterior.

Lo que parece y lo que es

Mardo y su abogado ya explicaron en esta sección que la transferencia por 200 mil bolívares no fue a su favor sino que el dinero salió de una cuenta de Mardo para ser depositado -en calidad de préstamo personal- en la de su amigo Hadad Bechara. Eso, que de hecho se lee en la copia de la operación, aclara también la existencia de casi todos los depósitos y cheques que recibió Mardo posteriormente y que a Cabello y a Carreño le parecen sospechosos: de su propia cuenta privada y de algunas de sus empresas, Bechara fue pagando por partes el préstamo.

Sin embargo si bien la fiscal y Carreño retiraron la copia forjada del cheque -por lo que hay un recurso de nulidad de todo el proceso que espera respuesta desde el 28 de marzo-, insisten en presentar la transferencia como soporte de sus acusaciones sobre movimientos de dinero sospechosos y no declarados al fisco.

Y se introducen nuevos elementos. Uno de ellos es esa doble operación por 1 millón de bolívares fechada el 20 de febrero de 2009. Los denunciantes la presentan como el día en que Mardo recibió 2 millones de bolívares y la fiscal lo presenta el día de la audiencia ante el TSJ. Loreto, el abogado del diputado, aclara: “Ese fue un dinero que el propio Mardo movió de una cuenta a otra. Sacó 1 millón de una cuenta a su nombre en un banco y lo depositó en otra cuenta personal en un banco diferente. Eso queda claro incluso en el cuadro que presentan en el informe de la Comisión. Ahí no hay delito alguno”.

Otro elemento nuevo señala que Mardo “compró dos veces un mismo apartamento” en 2006 y en 2007, cosa que hace sospechar de un mecanismo de blanqueo de dinero. “Ese apartamento en Tucacas lo compré junto con mi hermano Antoine”, explica Mardo: “Y en 2006 mi hermano me vendió su parte. Esa es toda la historia”.

Richard y Antoine, de hecho, eran socios en las empresas Creaciones 6370 (textilera) y en un negocio de ferretería llamado Ferreúnica: “En 2006 decidimos separar la sociedad. Antoine se quedó con Ferreúnica y yo con Creaciones 6370”.

“El origen de los fondos de Mardo, previo a su condición como diputado, está en dos compañías textileras de su propiedad y que están señaladas en su declaración jurada de patrimonio”, advierte Loreto: “Todo está explicado, pero a Mardo nunca se le permitió defenderse ni aportar pruebas a su favor”.

Así no vale

EL UNIVERSAL
domingo 14 de julio de 2013  12:00 AM
Los diputados opositores que forman parte de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional salvaron su voto en la apresurada discusión propuesta por el presidente de la comisión, Pedro Carreño, al entregar su informe sobre las denuncias contra el diputado Richard Mardo.”En esta investigación se violó el debido proceso. Richard Mardo no tuvo ni el derecho a ser escuchado, ni se le notificó nada”, explica la parlamentaria Deyalitza Aray: “Y además, el basamento legal de este informe no es sólido porque, por una parte, no se dan la mayoría de los supuestos de ley sobre los delitos que se señalan y, por la otra, no hay elementos de convicción de nada. No hay ningún soporte, ningún anexo que sustenten las acusaciones contra Mardo”.En el razonamiento del voto salvado, los diputados explican que “El hecho de que el diputado Mardo no haya sido escuchado demuestra que la finalidad de la investigación no era descubrir la verdad de lo que ocurrió, sino simplemente perseguir políticamente a un diputado no oficialista”.

Y dicen: “El periodo en el que transcurrieron los supuestos hechos objeto de la investigación es anterior a que el diputado Mardo ejerciera cualquier cargo público, por lo que conceptualmente es imposible que en ese tiempo haya cometido el delito de corrupción, como absurdamente se plasma en el informe”.

Señalan también que “Esta comisión no tiene competencia para llevar a cabo la investigación seguida contra Richard Mardo, y mucho menos para recabar información sobre sus cuentas bancarias o sobre sus operaciones realizadas con anterioridad a su proclamación como diputado”.

En efecto, aclara su abogado Jesús Loreto: “Solo el Tribunal Supremo de Justicia puede autorizar la investigación contra un diputado. De hecho, en más de una ocasión la Comisión de Contraloría se ha negado a investigar a diputados chavistas esgrimiendo este mismo principio que ahora desconocen. Y la comisión llegó al extremo de pedir información a la Interpol y a la Cancillería, cuando eso solo puede hacerlo la Fiscalía”.

Loreto asegura que todo lo investigado y presentado por Carreño se hizo de manera irregular y sin permitir la participación de Mardo: “Esos elementos son fruto de un procedimiento viciado y no pueden servir de sustento de ninguna actuación judicial”.

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