“A las autoridades se les escapó la delincuencia de las manos”

El olfato de investigador en el área de seguridad, Javier Gorriño, se le afinó con sus más de 30 años de experiencia. Su nombre y su trayectoria resaltan como una referencia calificada cuando se habla sobre el tema.

Aún hoy, con una posición política que lo coloca en la acera del frente en relación con el Gobierno, asegura que continúa dispuesto a proponer alternativas en procura de una política criminal que lleve a Venezuela a tener niveles delictivos que sean tolerables.

–¿Qué tan efectivo puede resultar el plan Patria Segura para disminuir los índices delictivos con el Ejército, la Guardia Nacional Bolivariana y la PNB?

-El Ejército no está preparado para enfrentar la delincuencia. Si es por cubrir deficiencias numéricas de funcionarios policiales, está bien. La logística que tiene el Ejército es para la guerra, no para cumplir funciones policiales. Paradójicamente, esas armas del Ejército fueron despojadas de las policías con el pretexto de que eran armas para la guerra. El éxito del plan puede radicar en la acción que tengan las policías municipales, la Policía Nacional Bolivariana, la acción preventiva y lo que haga el Cicpc.

–¿Se logra algo con el plan Patria Segura cuando no se aplican medidas para corregir las deficiencias en el sistema de administración de justicia?

-La política criminal de un país gira sobre tres ejes: la prevención social, que consiste en la ubicación de esos jóvenes para atajarlos a tiempo a fin de que no cometan el primer delito, y la prevención situacional, con policías para que el delincuente no actúe. Segundo, la investigación del delito, que va desde la pesquisa hasta la actividad de los jueces y fiscales. Una vez que se investiga, que se juzga y se sentencia a una persona por cualquier delito pasa al sistema penitenciario, pero sabemos que nuestras cárceles son depósitos de hombres, donde lo menos que se puede pensar es que ese preso saldrá regenerado.

–Cicpc apoya el plan Patria Segura con los bloques de búsqueda de solicitados por homicidios. Sin embargo, la semana pasada hubo 14 muertos en enfrentamientos en un día. ¿Se podría estar reeditando lo que fue el Madrugonazo al Hampa de 2011?

-Por un lado tenemos un grupo importante de funcionarios policiales muertos por la delincuencia, muchos de ellos del Cicpc, para despojarlos de sus armas de reglamento. Eso indica que es una delincuencia muy violenta, que ha perdido el temor a los organismos policiales, y eso se ve en las cifras de homicidios.

–El Cicpc ha sido desmantelado. ¿En manos de quién está quedando la investigación criminal?

-En los cuerpos de seguridad siempre debe haber renovación. Ojalá se continúen con los procesos de formación que anteriormente llevaba el Instituto Universitario de Policía Científica que formaba técnicos superiores y licenciados en Ciencias Policiales y Criminalística. El proceso de formación siempre ha sido excelente. Nuestra policía estaba considerada como una de las mejores del mundo. Ahora no se tiene ese concepto, aunque aún hay talento humano. Quizá ese ahorcamiento en cuanto a recursos, sueldos, logística en general ha hecho que merme mucho la actividad investigativa.

–¿Cómo paliar el déficit de funcionarios y la migración de agentes que forma el Estado, que prefieren ser escoltas en la empresa privada?

-Con las exigencias que tienen ellos en cuanto a la formación, vestimenta y otras cosas, deben ser compensados con un buen sueldo. Ellos son la primera fase de la administración de justicia. Se debe mejorar sus condiciones sociales, de vivienda, para que el funcionario no se vea en la obligación de irse a la instancia privada como jefe de seguridad de cualquier compañía para ganar más de lo que ganaba en el cuerpo.

–¿Cómo rescatar la institucionalidad no sólo del Cicpc sino de las policías en general frente a la delincuencia y la sociedad?

-Las instituciones deben ganarse su credibilidad. Hoy en día se le ha golpeado mucho a la policía uniformada desde el punto de vista político. Esto no tendría que ser así porque la eficiencia no tiene nada que ver con cuestiones políticas. Si mejoramos la eficiencia, mejoramos la seguridad.

–El gobierno de Chávez se caracterizó por la poca continuidad de las políticas públicas en materia de seguridad. 13 ministro, 20 planes de seguridad. ¿Cuáles serían las recomendaciones para que un plan de seguridad sea efectivo?

-Que no sigan haciendo planes sino que hagan algo más permanente en relación con lo que es la política criminal. Creo que fortaleciendo la política criminal llevaríamos las cifras de delitos a niveles tolerables. El delito, al igual que la enfermedad, en el mundo, no se pueden eliminar. La idea es llevarlo a cifras tolerantes con las que podamos vivir.

–¿Cuál debe ser el mensaje del Gobierno y de las instituciones hacia los grupos delictivos y la sociedad ante la violencia y la inseguridad?

-Cero impunidad. El que delinca, sepa que va a ser capturado, enjuiciado y sentenciado. Ese debe ser el mensaje más claro. Decirle a los delincuentes, al igual que a cualquier muchacho, que si se porta mal, será sancionado. Al ciudadano que no cumpla con su deber, será sancionado.

–¿Cómo se haría un diagnóstico para poner freno a la criminalidad en el país?

-A las autoridades se les escapó la delincuencia de las manos porque no ha puesto los ojos en hacer política criminal. Cuando el problema le ha subido mucho y hay números muy altos de homicidios, inmediatamente crean una operación para ver si se bajan un poquito. La solución debía haber sido, desde hace muchos años, más radical porque el problema se ha tratado con pañitos calientes. Llega un momento determinado en el que los operativos no funcionan y hay que profundizar mucho más. Eso es ya porque, de lo contrario, las cifras van a seguir creciendo.

–El ministro Miguel Rodríguez Torres asegura que el plan Patria Segura es por una situación coyuntural. ¿De qué dependería su éxito si no se mantendrá en el tiempo?

-No sólo se trata de formar policías. Hay que fortalecer todo lo que es el sistema de administración de justicia. Eso significa multiplicar a los jueces, fiscales, número de investigadores criminales, cambiar completamente el sistema penitenciario, tratar de hacer un cambio profundo, que sí podría dar resultado en un mediano plazo. Si no lo hacemos, obviamente no vamos a solucionar el problema.

–La política de los últimos 14 años ha sido de no dar cifras reales de delitos ¿Contribuye en algo a la seguridad el hecho de no decirlas?

-Eso es como esconder la basura debajo de la alfombra. Con esconder las cifras no vamos a mejorar la situación ni vamos a reducir la criminalidad. Los políticos, cuando se les habla de inseguridad, dicen que es una percepción porque ellos no lo sufren, evidentemente.

–La Ley Desarme fue promocionada como una de las grandes soluciones para acabar con la violencia. ¿Es realmente así?

-Pasaremos entonces pronto a poner en el transporte público carteles que digan: “Se prohíben los atracos”, como si con eso pudiéramos evitar los robos en los autobuses. Esos carteles no funcionan. No se trata de un desarme sino de un control de armas. La balística te dice que mientras tú tengas un buen archivo balístico, tanto de proyectiles como de conchas percutidas, vas a tener la identificación de cualquier homicidio que se cometa con cualquier arma que se cometa en el territorio.

–¿En el país existe ese registro?

-Cuando sacas el porte debes entregar las tres conchas y los tres proyectiles. Yo no sé dónde estarán, no sé si están clasificados, si alguien los tiene, si alguien guarda el archivo de cualquier ciudadano. Esa es la identificación de cada arma.

–Si hubiese una apertura del Gobierno y receptividad, ¿cuál sería su consejo como experto en el tema de la seguridad?

-Se deben hacer mesas de trabajo ampliadas, no con posiciones políticas. Hace muchos años se hicieron porque se le achacaba al Código Orgánico Procesal Penal que se hayan disparado los índices de criminalidad. A muchas personas les dimos un diagnóstico de lo que pensábamos, que eran las razones por las cuales los índices se elevaron. No hay investigadores, no hay jueces, no hay fiscales, y toda esa problemática que sigue existiendo en relación con la inseguridad y que se sigue repitiendo hay que hacérsela saber.

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