Reeditan imputación contra Rubén González
Sábado, 11 de Mayo de 2013
Correo del Caroni.
Natalie García
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, fue nuevamente acusado de los delitos de instigación a delinquir, restricción al trabajo, agavillamiento y transgresión a las zonas de seguridad en el nuevo juicio que arrancó este viernes en Caracas.
Tras haber sido prorrogado el proceso legal en cinco oportunidades, por fin confluyeron todos los actores para que el Ministerio Público diera a conocer los cargos por los cuales señalan al dirigente sindical.
Los delitos son los mismos por los cuales se le sentenció a siete años y seis meses de prisión, el 28 de febrero de 2011, antes de que el juicio fuese anulado y remitido a Caracas.
El vocero de los trabajadores del hierro considera injusta esta acusación, pues estima que la huelga (realizada en agosto 2009) que dio pie a esta “criminalización de la protesta” es parte de los mecanismos de lucha sindical.
Demora injustificada
Sobre el caso el Gobierno presentó sus alegatos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 12 de marzo de 2012.
La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, un órgano independiente constituido por juristas que examinan la aplicación de los convenios, lamentó una vez más la demora en los procedimientos penales relativos al dirigente sindical “y la falta de motivación adecuada en la sentencia de la jueza que conoció el caso”.
El órgano de la Organización de Naciones Unidas (ONU) lamentó observar que el Gobierno no ha explicado las medidas que habría tenido para sancionar a la Fiscalía por haber presentado el cargo de “asociación ilícita” que, según la información disponible ante el Comité, no tiene justificación.
Entre otros puntos, expresaron su preocupación por las medidas cautelares de presentación periódica en Caracas, cada 15 días, que implican largos desplazamientos y perturban el ejercicio de la labor sindical.
El gobierno justificó la anulación del juicio ante la OIT alegando “diversos vicios”, entre ellos el de la inmotivación, que contenía la decisión dictada en primera instancia y rechazó toda acusación “que pretende señalar que el Gobierno nacional ejerce control sobre el Poder Judicial o sobre otro poder del Estado venezolano”.
