La decisión del Tribunal Constitucional de Guatemala, que en la noche del lunes anuló la sentencia de 80 años de prisión al exdictador Efraín Ríos Montt por genocidio y delitos de lesa humanidad, ha sacado a la superficie de nuevo lo profundamente dividida que se encuentra la sociedad guatemalteca. Han pasado 17 años desde que se firmó la paz que puso fin a 36 años de guerra civil. Pero el acuerdo ha sido incapaz de impulsar la articulación de una sociedad más justa.

El alto tribunal ordenó repetir el juicio contra el antiguo dictador a partir del estado en que se encontraba el proceso el 19 de abril, cuando la vista fue suspendida. El proceso se reanudó después sin tener en cuenta testigos propuestos por la defensa de Ríos Montt que supuestamente le habrían sido favorables.

El magistrado del Tribunal Constitucional, Roberto Molina Barreto, dijo este martes en rueda de prensa que la decisión de anular la condena al exdictador tiene “un carácter preventivo”. Justificó la decisión en que el tribunal de sentencia, presidido por la juez Jazmín Barrios, “no acató una orden de la Sala Tercera de apelaciones, por lo que cayó en desacato”. En consecuencia, añadió, la continuación del proceso y la sentencia condenatoria son “ilegales”. Concluyó afirmando que “No puede haber justicia si no se respeta el debido proceso”.

El fallo echó por tierra un juicio que despertó grandes expectativas tanto a nivel nacional como internacional ya que, por primera vez en la historia, se sentaba en el banquillo de los acusados a un militar que, en su momento, encarnó el poder absoluto, mientras daba voz a los sectores indígenas secularmente marginados, que pudieron hacerse oír y denunciar las gravísimas violaciones a los derechos humanos a las que fueron sometidos durante el llamado “quinquenio negro”, ocurrido entre 1978 y 1983, cuando la represión militar alcanzó sus más altas cotas de salvajismo en el combate a las guerrillas de inspiración marxista.

La anulación de la condena por genocidio constituye, a criterio de la Oficina de Derechos humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), una burla a las víctimas, a la comunidad internacional y al sistema de justicia. “Es un retroceso para la justicia”, aseguró el director de la oficina, Nery Rodenas. “Sin lugar a dudas, es una bofetada para una comunidad, la ixil, que esperó más de 30 años para llegar a un debate que pretendía recobrar la confianza en un sistema legal y la condena parecía ser un paso adelante”.

Rodenas recuerda que fue evidente, a lo largo de todo el juicio, que el objetivo principal de la defensa fue obstruir el proceso. “Su meta ha sido separar a un tribunal objetivo, lo cual han logrado, toda vez que un nuevo debate obliga al cambio del tribunal”, añade.

Para la ODHAG, la anulación de la sentencia dictada la noche del lunes “es una burla al sistema de justicia, al pueblo ixil, a la comunidad internacional, a la vez que manda un mensaje muy claro: en Guatemala hay sectores que no pueden ser tocados, extremo que debilita y pone en alto riesgo el proceso de paz inaugurado en 1996”. Para el analista Héctor Rosada Granados, negociador del proceso de paz durante el periodo presidencial de Ramiro de León Carpio (1993-1996), el dictamen del Constitucional es consecuencia de la presión de un sistema que no asume su papel histórico. “La sentencia viene determinada por un sistema dominante incapaz de aceptar el genocidio”, afirma, y subraya que esos sectores “tienen tan sucia el alma que no soportan enfrentarse al pasado, y cuyo bienestar actual es producto del despojo que hicieron sus padres y sus abuelos”.

Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo, dijo estar preocupado porque este tipo de soluciones jurídicas abra paso a que todo tipo de delincuentes los utilicen para burlar la justicia. Califica la sentencia como una decisión política y no jurídica.

En cualquier caso, la sentencia del Constitucional deja más interrogantes que respuestas. Entre ellas, cuál es la situación jurídica de Ríos Montt, pues el fallo de los magistrados no define nada al respecto.El viejo general se encuentra hospitalizado y sufre los achaques propios de su edad, 87 años, como problemas de próstata y arritmia cardíaca. Anoche se ignoraba si podrá irse a casa o continuará encarcelado hasta que un nuevo juicio dé el veredicto final. Al respecto, sus defensores pidieron ayer su puesta en libertad ante una sala de apelaciones.

El fallo del Constitucional no separa del proceso a los integrantes del tribunal que condenó a Ríos. En consecuencia, serán ellos, bajo la presidencia de Jazmín Barrios, quienes deberán darle trámite a la recusación de la defensa. El abogado Francisco García Gudiel ha recusado al tribunal con argumentos contradictorios. Mientras argumenta que mantiene una “enemistad grave” con la juez Barrios, pide la separación de otro miembro del tribunal, Pablo Xitumul, porque este habría afirmado públicamente que les une una amistad de años.

Los abogados de Ríos Montt pretenden que sea un nuevo tribunal el que retome el proceso. En consecuencia, elevaron una petición a una sala de apelaciones para que “mediante un acto para mejor fallar” se retire al tribunal presidido por Barrios, lo que abre interrogantes sobre qué letrados tienen la trayectoria suficiente para manejar un juicio que sobrepasa las fronteras guatemaltecas.

La decisión del Constitucional ha provocado reacciones divergentes en el Congreso. El congresista Luis Chávez, del opositor Libertad Democrática Renovada, calificó la resolución como “legal, pero no legítima”, asegurando que a los tres magistrados que votaron a favor de la tesis de la defensa, “la historia los juzgará”. Orlando Blanco y Byron Chacón, también en la oposición, coincidieron en señalar que algunos fallos de procedimiento hacían previsible la anulación de la sentencia, un argumento en el que coinciden abogados independientes.

Una de las reacciones más duras ha sido la del capítulo guatemalteco de Amnistía Internacional, quien en un comunicado califica el fallo como “un duro golpe para las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto”. “No están claros los fundamentos jurídicos de esta decisión ni se sabe, con seguridad, cómo el tribunal de primera instancia puede volver al juicio al momento en que se encontraba a mediados de abril”. Subraya que la sentencia del Constitucional “levanta obstáculos tremendos para poder hacer justicia y garantizar la rendición de cuentas por un periodo desgarrador de la historia de Guatemala”.

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/21/actualidad/1369165087_281861.html