Preocupación. Eso es lo que ha generado en el movimiento de Derechos Humanos la noticia de que hoy tres mil militares saldrán a las calles de cinco parroquias de Caracas para tratar de frenar los altos índices de inseguridad que azotan a la capital, pues recuerdan que “los uniformados están formados para combatir al enemigo y los delincuentes no son enemigos, por lo que hay riesgos de abusos”.

Para la directora del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), Liliana Ortega, la puesta en marcha del plan Patria Segura significa antes que nada “la admisión del fracaso de la Policía Nacional, la cual fue creada precisamente para atender el tema de la seguridad ciudadana” y además representa “una desnaturalización de las funciones de la Fuerza Armada, la cual está entrenada y equipada para defender la soberanía nacional no para combatir el crimen”.

Tras aseverar que la iniciativa es contraria a la Constitución, pues ella en su artículo 332 establece claramente que “los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil”, la activista indicó que la misma también viola los estándares internacionales de Derechos Humanos y mandatos emitidos por organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Precisamente esta última instancia en sus sentencias por las masacres del Caracazo y del Retén de Catia; y las desapariciones forzadas ocurridas durante la tragedia de Vargas en 1999 demandó de las autoridades nacionales dejar el tema de la lucha contra el crimen y las labores de orden público exclusivamente en manos de civiles.

“Los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”, declaró la Corte en el caso de Vargas en 2003.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos abogó por una separación clara de las funciones de seguridad ciudadana que deben realizar las policías y defensa nacional que corresponden a los militares, por cuanto “la historia hemisférica demuestra que la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de Derechos Humanos en contextos violentos”.

En ese mismo documento le salió al paso a quienes abogan por combatir la criminalidad con los uniformados so pena de que la República está en riesgo. “La criminalidad ordinaria -por muy grave que sea- no constituye una amenaza militar a la soberanía del Estado”, zanjó.

Por último, Ortega insistió en atribuir el auge delictivo a la incapacidad del Poder Judicial de investigar y castigar los crímenes que se comenten, situación que según ella “hace que los delitos se multipliquen por tres porque los delincuentes se sienten protegidos”.

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