EL UNIVERSAL

domingo 23 de diciembre de 2012

Durante sus declaraciones, el diputado Edgar Zambrano se esmera en transmitir formalidad de abogado, respetando, por su puesto, la seriedad del caso. Pero ya entrado en confianza y a grabador apagado, reconoce el golpe emocional que implica ver a uno, dos, tres, cuatro hombres contándole con voz quebrada que quieren volver a Venezuela. Y volver ya no para rehacer sus vidas, fracturadas por el exilio. Volver, en todo caso, con cargando con alguna enfermedad a cuestas a pasar aquí -en casa, con su familia, en su tierra- los días que les queden de vida. Así de dramático llega a ser esto.Zambrano es jefe de la Fracción Parlamentaria de Acción Democrática en la Asamblea Nacional y aun en el clima de crispación política que suele prevalecer en ese escenario, es visto como una figura moderada y con disposición al diálogo respetuoso. Eso quizás explique el avance positivo de la gestión que asumió al tomarle la palabra al Presidente Hugo Chávez cuando antes y después de las elecciones del 7 de octubre hizo un llamado al “diálogo nacional”.

“Observamos que durante un mes no se produjo ninguna respuesta concreta”, explica Zambrano: “Ya estábamos trabajando con los familiares de algunos de los prisioneros y vimos entonces la posibilidad cierta de hacer un planteamiento al Presidente en ese sentido, partiendo del hecho de que para iniciar un diálogo nacional era imperativo el tratamiento y liberación de los prisioneros y el regreso de los venezolanos que están padeciendo el exilio”.

Para entonces otra iniciativas ya estaban en curso. En febrero de 2011 las organizaciones civiles Foro Penal Venezolano, Víctimas Venezolanas de Violaciones de los Derechos Humanos, Fuerza Integradora, Nueva Conciencia Nacional y el Frente Nacional de Abogados entregaron a los diputados de la coalición opositora un proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Política. El abogado Alfredo Romero advirtió también que proyectos similares se habían presentado a la AN en 2007 y 2009, el último respaldado por 19 mil firmas de venezolanos.

Sin embargo, para llegar a este punto de hoy en el que algo podría pasar, hubo que esperar a que el propio Chávez lanzara una cuerda.

“Vimos la posibilidad de presentar el proyecto de Ley de Aministía por iniciativa parlamentaria, cosa que coordinaron dos diputados titulares que tienen juicios contraviniendo la institución universal de la inmunidad parlamentaria, Biagio Pilieri y Hernán Alemán”. El 6 de noviembre, finalmente, fue consignado el texto.

Eso, visto lo visto, no iba a ser suficiente: “Para terminar de darle forma al petitorio de diálogo, solicitamos una audiencia con el Presidente para tratar los casos de prisioneros y exiliados y también de los parlamentarios sometidos a persecución”.

El jueves 8 de noviembre pidieron la audiencia en Miraflores. Y el lunes 12 recibieron la llamada de la Procuradora General de la República, Cilia Flores, quien les informó que el Presidente le había encargado a ella y al vicepresidente Nicolás Maduro atender el tema y que estaban citados a una reunión, ese mismo día a las 5 de la tarde, en la Casa Amarilla.

“Nos reunimos durante tres horas y cinco minutos”, cuenta Zambrano: “Trabajamos de manera franca y abierta y con mucho respeto parte de los casos que habíamos recopilado. Allí nació la idea de realizar un censo de los venezolanos exiliados que tuviesen la intención de regresar al país”.

Mesa servida 

El primer foco se puso entonces en los lugares donde estuvieran algunos de los exiliados por motivos políticos más emblemáticos, en su mayoría personas vinculadas a los hechos del 11 de abril de 2002, a la protesta continuada que tuvo lugar en la Plaza Francia de Altamira y a figuras involucradas en el paro cívico de diciembre y enero de 2003.

Eso perfiló un periplo: Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, España y, por supuesto, la ciudad de Miami: “En cada lugar asistimos a reuniones de trabajo y escuchamos los planteamientos de quienes desean regresar, tanto de civiles como de militares”.

En Perú, Zambrano conversó con el ex gobernador de Yaracuy, Eduardo Lapi; con el dirigente político Oscar Pérez y con el ex líder sindical Carlos Ortega; en Colombia lo hizo con Pedro Carmona Estanga; con algunos jóvenes acusados por el incendio de la sede del Instituto Nacional de Tierras en Santa Bárbara del Zulia ocurrida en enero de 2011; con gente perseguida tras los desalojos de las viviendas de Pdvsa en Falcón (año 2003) y con Jesús Caldera Infante, ex presidente del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria, Fogade, acusado por ilícitos administrativos en 2010.

En Panamá sostuvieron un encuentro con los ex gobernadores de Zulia y Sucre, Manuel Rosales y Ramón Martínez.

En Costa Rica encontraron un grupo numeroso. Al también ex gobernador Carlos Giménez, imputado en 2009 por corrupción en el Instituto Autónomo para el Desarrollo del estado Yaracuy; a Osnel Arnías, ex alcalde del municipio José Laurencio Silva del estado Falcón; el exmagistrado Luis Velásquez Alvaray; el general Enrique Medina Gómez; los hermanos Farías -militares que escaparon de Ramo Verde junto con Carlos Ortega-; el general Néstor González González -acusado por el delito de rebelión civil-; el vicealmirante Héctor Pérez Ramírez; y algunos empresarios del sector inmobiliario y de la construcción que se autocalifican de perseguidos.

En Miami hubo un encuentro con ex empleados de Pdvsa, entre ellos figuras destacadas como Juan Fernández, Edgar Quijano y Horacio Medina. Y otras personas como el exgobernador de Lara, Mariano Navarro; el editor Rafael Poleo, el expresidente de Fedecámaras, Carlos Fernández; la magistrada Gisela Parra, el exalcalde Alfredo Peña, y también colaboradores de la Mesa de la Unidad y empresarios de la construcción y el negocio inmobiliario. En Madrid la convocatoria fue similar: ex petroleros, algunos militares y promotores de vivienda.

Ante la variedad de casos y situaciones, Zambrano y su equipo organizaron “módulos” de información para presentar los casos al Ejecutivo: “De manera que tengan el legajo documental que les permita tomar decisiones”.

Esto incluye a prisioneros en diferentes condiciones como Iván Simonovis, María Lourdes Afiuni, Alejandro Peña Esclusa, el capitán Otto Gebauer, Rolando y Otoniel Guevara; Raúl Isaías Baduel, los agentes de la Policía Metropolitana, Marcos Hurtado, Arube Pérez, Héctor Rovain, Luis Enrique Molina, Julio Rodríguez y Erasmo Bolívar

Zambrano apunta que son unos 40 prisioneros y alrededor de 80 exiliados quienes manifestaron aceptar sus gestiones: “Obviamente no todos los que se han ido quieren volver, pero sí hay un grupo, algunos gravemente enfermos, que nos manifestaron sus deseos de regresar al país, con sus familias”.

Que estén aquí mezclados casos de evidente matiz político con otros que más bien reflejan retardos procesales o juicios aparentemente irregulares no empaña -según Zambrano- la meta ni la calidad de sus gestiones: “Todos los casos son presentados a la Fiscalía y al Ejecutivo para que evalúe. No tener acceso al debido proceso constituye una violación de los derechos humanos y a las garantías constitucionales. Eso no perturba el petitorio”.

El trabajo se ha retrasado por la situación de salud del Presidente, la reciente jornada electoral y las nuevas y múltiples ocupaciones de Nicolás Maduro, con quien esperan concretar una segunda reunión. Lo que queda de diciembre sigue pareciendo momento ideal para gestos de buena voluntad, pero no está claro si además de encargarle atender el asunto, Chávez dio alguna instrucción concreta a Maduro.

http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/121223/esperando-por-maduro