Venezuela rechaza fallo de CIDH sobre atentados contra sedes diplomáticas

 

La CIDH acusa al Estado de ser “internacionalmente responsable por la violación del derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes” en perjuicio de Raúl José Díaz Peña, quien es acusado de participar en los ataques a sedes diplomáticas en Caracas en 2003.

 

 

EL UNIVERSAL
martes 24 de julio de 2012  06:03 PM

Caracas.-  Venezuela rechazó este martes el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Raúl Díaz Peña, autor de los ataques contra el Consulado General de Colombia y la Oficina de Comercio de España, perpetrados en Caracas en 2003.

Desde el 25 de febrero de 2004 hasta el 13 de mayo de 2010, Díaz Peña permaneció recluido en el Control de Aprehendidos, ubicado en El Helicoide, en Caracas.

El 29 de abril de 2008 fue condenado a nueve años y cuatro meses de prisión “por los delitos de intimación pública, daños a la propiedad pública y lesiones leves”.

En septiembre de 2010 se fugó del país hacia Miami, Estados Unidos, donde solicitó asilo.

El fallo de la CIDH del 20 de julio acusa al Estado venezolano de ser “internacionalmente responsable por la violación del derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes en perjuicio del señor Raúl José Díaz Peña”.

El Gobierno venezolano  subrayó que el tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA)) “continúa erosionando su credibilidad, al emitir una decisión aberrante en un caso que nunca debió admitir, pues en atención a los principios de complementariedad y subsidiariedad, ésta solo debe actuar una vez que se han agotado todos los recursos internos”.

El comunicado de la Cancillería acusa a la Corte de dejar “al descubierto su complicidad con la política de Washington de protección a los terroristas que atentan contra los pueblos de Nuestra América”.

La diplomacia venezolana exigió al tribunal hemisférico “que aplique los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos”.

 

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