EA: Tiembla Cochabamba

Caretas

Perú, domingo 31 de mayo de 2012

Goldman y Ayala encabezaron la CIDH en 1999 y 1998. “El Perú no puede identificarse con esfuerzos para debilitar el sistema”, advierten.

Ex presidentes de la Comisión Interamericana de DDHH cuestionan reforma al sistema a votarse en Bolivia. Robert Goldman y Carlos Ayala pasaron por Lima: secretario general José Miguel Insulza se la juega.

Ambos presidieron a su turno la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Goldman, que ejerce la docencia en la Universidad de Washington, integró la comisión entre 1996 y 2004. La presidió en 1999, año crítico para el Perú, y aquí se le recuerda por el informe que desbarató la legislación antiterrorista implementada en el gobierno de Alberto Fujimori.

El constitucionalista Ayala, también ex presidente de la Comisión Andina de Juristas, había precedido a Goldman frente a la CIDH un año antes. Vinieron invitados a un evento organizado por el Instituto de Defensa Legal (IDL) pero es evidente que tienen la mirada puesta sobre el voto peruano en Cochabamba.

–Aquí persiste la percepción sobre ciertos excesos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y de otro lado se amenaza con un recorte de sus atribuciones. ¿Cómo observan la situación?
Robert Goldman: A lo largo de la historia de la Comisión ha habido esfuerzos de gobiernos golpistas y autocráticos, como el de Fujimori, para tratar de “perfeccionar” el sistema y que en realidad van dirigidos a debilitar a la comisión, que tiene la llave de la corte, hace los informes, hace las visitas en loco y cumple el rol político-diplomático dentro de la OEA porque tiene su sede en Washington. CARETAS se acuerda muy bien que cuando la Comisión golpeaba fuertemente al gobierno de Fujimori con una serie de casos, como el del Tribunal Constitucional, La Cantuta y Barrios Altos, éste tenía como embajadora a Beatriz Ramaccioti, que fue muy eficaz tratando de sustraerse de la competencia de la corte en medio de un proceso de “reflexión y fortalecimiento”. Esto fue apoyado por México, Brasil y algunos otros países. El entonces secretario general César Gaviria se puso al lado de los países democráticos y estos esfuerzos no prosperaron. Ahora tenemos otro proceso a pesar de los esfuerzos que la Comisión ha hecho por este país y la región, con el que Perú no debe identificarse, aunque hay un secretario general que a mi juicio es el peor en la historia de la OEA. Y para un chileno, con el rol que jugó la comisión en la dictadura, es vergonzoso lo que ha hecho él. El gobierno del Perú tiene una deuda con el sistema y no debe identificarse con esfuerzos que puedan debilitarlo, porque jamás se sabe lo que puede pasar mañana.

–¿Cuáles son las propuestas de modificación más preocupantes?
–Carlos Ayala: La primera tiene que ver con la limitación a las medidas cautelares, que han salvado miles de vidas en el hemisferio en varias situaciones. Hay una sentencia que comenzó con medidas cautelares respecto a 6 cárceles en Venezuela. Cada año mueren allí 500 personas, son las más violentas del hemisferio. En el caso de México se dio una serie de medidas cautelares para protección de personas por ataques de grupos irregulares, lo mismo con comunidades campesinas completas en Colombia. El secretario general Insulza propone cambiar el estatuto para limitar las cautelares. Eso significa reducir la protección inmediata de las personas en este hemisferio de una manera injustificada. El segundo tema tiene que ver con el famoso capítulo cuarto del informe anual, dedicado a la situación de países determinados. Apenas el 6% del presupuesto regular de la OEA se dedica a los derechos humanos y el 40% del presupuesto de la comisión tiene que recaudarse con contribuciones alrededor del mundo. Eso de que te asigno más cosas sin incrementar el presupuesto aplica al dicho latinoamericano no me ayudes, hermano, porque así me vas a matar. Les piden que se dediquen menos a la protección y más a la prevención. Más se ayuda a la promoción de los DDHH metiendo preso a un policía que ha secuestrado que con una clase teórica. Y luego, de una manera irónica, se le pide que acelere la tramitación de casos. Cuando recibes 1,600 casos al año y, no tienes un staff como el que tenía la Comisión Europea de DDHH, de 90 profesionales y con un presupuesto de 70 millones de euros, sino un presupuesto de cinco millones sin personal a tiempo completo, entonces no puedes estar solicitando eso sin asignar los recursos adicionales.

–¿Cómo son esos tiempos hoy?
CA: Aún así se han reducido. Un promedio de 5 años para definir la admisibilidad y dos y medio para decidir el fondo, salvo que se declare de fast track. El secretario ejecutivo, Santiago Cantón, ha hecho reformas sumamente importantes en la profesionalización del equipo, seleccionado entre jóvenes con posgrados de derecho internacional. Hoy en la corte se litigan 10 veces más los casos que hace 10 años. Lo que da lástima es que hubiera anuncios de embajadores como el de Venezuela, que en pleno Consejo Permanente anuncia que el paquete de apoyo al secretario general incluía sacar a Cantón. Pareciera que se estuviera urdiendo una conspiración contra la CIDH que incluía a su secretario ejecutivo. Según anunció Santiago se va para la fundación Robert Kennedy de DDHH. Ahora hay que seleccionar a la persona más capacitada para tomar la antorcha de Cantón.

–¿Y qué ocurre con la relatoría de prensa?
–CA: La libertad de expresión sigue siendo un tema pendiente para las democracias. Agresiones, asesinatos contra periodistas en países como México, Honduras e incluso Colombia todavía. El cierre de medios, la manipulación con la publicidad oficial, los juicios a periodistas.

–Venezuela y Ecuador son paradigmáticos.
–CA: Y con el caso de El Univer- ( Entrevista: Enrique Chávez)

CIDH: ¿Fortalecimiento o Debilitamiento?

Embajador Hugo de Zela.

En los prolegómenos de la Asamblea General de la OEA a celebrarse en Cochabamba, Bolivia, se daban los retoques finales a lo que se supone será una reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de “fortalecerla.” Un examen rápido de los documentos elaborados con tal fin, lleva a coincidir con quienes afirman, con alarma, que está en marcha un proceso para debilitarla. Y los datos que revelan esos documentos tienen que ver con los antecedentes de las personas que han sido involucradas en el “fortalecimiento” de la CIDH.Comencemos por el Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta pieza central de la reforma fue elaborada por el Grupo de Trabajo presidido por el entonces embajador del Perú ante la OEA Hugo de Zela, antes de pasar del servicio exterior peruano a la Secretaría General de la OEA como Jefe de Gabinete de Miguel Insulza.

Cabe recordar que Hugo de Zela Martínez fue Jefe de Gabinete del entonces Secretario General Joao Clemente Baena Soares cuando, junto con Héctor Gros Espiel, Canciller uruguayo, arreglaban la supervivencia del régimen de Alberto Fujimori después del autogolpe. Los antecedentes en materia de derechos humanos de De Zela Martínez van hacia debilitar a la CIDH más que de fortalecerla (Ver carta “Nada memorable” en CARETAS 2123).

Esta impresión se acentúa cuando se examina el informe del Comité Jurídico Interamericano sobre las posibles reformas de la CIDH, pues nada tiene que hacer con este órgano de la OEA al cual la Carta de la OEA le da la jerarquía de órgano principal. La burda jugada queda clara cuando se lee que el Comité encargó a dos relatores la elaboración de la propuesta de reforma de la CIDH. Y uno de esos relatores es Baena Soares, el jefe de Hugo de Zela y compinche en la supervivencia de Fujimori.

Hoy de Zela vuelve a ser Jefe de Gabinete del Secretario General. Solo que esta vez es con José Miguel Insulza, una persona que se creyó que podría tener respeto por los Derechos Humanos. Sin embargo, es quien pilotea un proceso con el objeto de reducir las facultades de la CIDH, esta vez a través de la modificación de su Estatuto. Algo que ni Videla, Pinochet o Fujimori se habían atrevido a plantear. Y que Chávez debe estar aplaudiendo.

Con “expertos” como Baena, De Zela, Novak e Insulza, en malas manos está el futuro de los derechos humanos en la OEA. Hay que agradecer que aún existen personas y Estados auténticamente interesados en la defensa de esos derechos. (Luis E. Jiménez)

http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&idE=1030&idS=126

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