domingo 25 de marzo, 2012
Para Alberto Arteaga en el Poder Judicial se violan los derechos humanos
María Lourdes Afiuni nunca pensó que tomar una decisión ajustada a derecho convertiría su vida en un calvario. Las instituciones (Tribunal y Fiscalía) donde hizo carrera profesional y aprendió valores y principios que la llevaron a ser una de las jueces más destacadas del país, son hoy los que han violado todos sus derechos como ciudadana.
Un año y tres meses encarcelada en el INOF junto a reclusas que ella condenó. Doce meses bajo arresto domiciliario, custodiada por más de 10 efectivos de la Guardia Nacional. Afiuni Mora sufre a diario la tortura y el ensañamiento de un sistema de justicia que le niega el derecho al debido proceso y a la salud: No se le permiten cosas tan elementales como tomar el sol o ser examinada por los médicos de su confianza.
La Fiscalía en 2011 solicitó una prórroga de dos años de la medida de privativa de libertad que el Tribunal 26 de Juicio admitió sin celebrar audiencia . Sus abogados, en 26 meses que lleva privada de libertad, han introducido más de 50 documentos, entre amparos y solicitudes, negados por todas las salas y cortes, y unas 20 resoluciones de organizaciones internacionales, entre ellas la ONU y la CIDH, son ignoradas.
Afiuni es el caso más emblemático de violación a los derechos humanos por parte de las instituciones del Estado, pero en los Tribunales y en la Fiscalía miles son los casos que tienen años engavetados esperando por justicia, miles son las personas que se encuentran recluidas en centros penitenciarios, sin juicio.
Para el abogado penalista y profesor honorario de la UCV, Alberto Arteaga, en Venezuela “no existe la verdadera justicia penal”. “El retardo procesal, la no resolución de los recursos en tiempo oportuno, la prolongación de los procesos y de la detención preventiva, constituyen el cuadro más evidente de violación sistemática de los derechos humanos”.
Considera Arteaga que los derechos ciudadanos, consagrados en la Constitución, entran en el terreno de los mitos. “El derecho a la vida es inviolable, pero las ejecuciones y ajusticiamientos a cargo de los órganos de seguridad, están a la orden del día, bajo la figura de los enfrentamientos, de la fuga o de la resistencia a la autoridad. Un ejemplo del abuso más aberrante ocurrió con la muerte de la hija del Cónsul de Chile, a manos de efectivos de un órgano de investigación. El derecho a la libertad también es la regla, pero a quienes sufren la medida de privación no se les respetan los lapsos de prisión preventiva y llegar a las audiencias resulta más largo que una condena”.
Asegura el abogado que un proceso no debería durar más de un año y seis meses para llegar a la audiencia preliminar y en la actualidad esa etapa puede durar de tres a cinco años, “un mecanismo perverso que se ha implantado por la ineficiencia de las instituciones”.
Según un estudio del Instituto de Investigaciones de Convivencia Ciudadana (Incosec), en el país existe un retardo procesal de 75%, el otro 25% son casos resueltos, pero de ellos en 75,5% se optó por admitir los hechos. Estas cifras demuestran, según Arteaga, que el venezolano “ha perdido la confianza” en sus instituciones porque la justicia sólo funciona “como un eficaz instrumento de amedrentamiento y de peligro inminente, no sólo para el bien de la libertad, sino de la propia vida”.
“Creer que el Poder Judicial es autónomo e independiente, es una utopía. La designación de jueces está condicionada por factores políticos. Sobre ellos se cierne la amenaza de la destitución, siendo una advertencia el caso de la jueza Afiuni”.
Señala Arteaga que la justicia penal está “en estado anómico persistente, asentada en códigos del siglo XIX en los sustantivo y en un moderno Código Procesal que en su aplicación nos ha retrotraído al viejo sistema inquisitivo: Procesos interminables, detención preventiva como regla. Nuestra justicia es un parapeto lento, costoso y absolutamente ineficiente”.
En Twitter: @aliciadelarosa
domingo 25 de marzo, 2012
A juicio de Alberto Arteaga, la solución al “desbarajuste penal” no pasa por cambiar las leyes, sino porque “cesen los criterios políticos con los que se manejan los procesos”.
“El problema de los órganos de justicia en Venezuela no es del marco teórico legal, las leyes son cuasiperfectas, el problema es cómo sacas la política de las instituciones”.
Para ello propone como principal solución depurar las instituciones, seleccionar profesionales por conocimientos y entregarle recursos para su funcionamiento. “La policía científica carece de recursos para llevar a cabo una investigación penal, 60% de los procesos se anulan por errores policiales. En el caso del Ministerio Público, un fiscal tiene en sus manos hasta 5 mil expedientes, lo que hace que los procesos sean interminables”.
Señala también la creación de la justicia de paz para devolverle a la colectividad la confianza perdida en las instituciones. “Ciudadanos resolviendo sus conflictos”. Sin embargo, “el Gobierno ya prepara una ley para darle a los consejos comunales esa responsabilidad y sabemos, están politizados, es un golpe mortal a la salida de una nueva justicia”. ADLR
