Relatoría especial manifiesta preocupación por detención de periodistas y graves medidas contra una revista en Venezuela por publicar un artículo que ofendió a las autoriades
Washington D.C., 31 de agosto de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su profunda preocupación por la decisión de prohibir temporalmente la circulación del semanario Sexto Poder en Venezuela así como por la captura, detención y procesamiento penal de la directora editorial de dicho medio y la orden de captura contra el presidente de la misma publicación. Para la Relatoría Especial estos hechos son contrarios a los estándares regionales en materia de libertad de expresión y generan un notable efecto intimidatorio y de autocensura que comprometen no sólo a las personas directamente afectadas sino a todos los medios de comunicación en Venezuela.
De acuerdo con la información recibida, el domingo 21 de agosto de 2011 el semanario Sexto Poder publicó un artículo titulado “Las poderosas de la revolución”, que fue ilustrado con un montaje fotográfico de seis altas funcionarias del Estado venezolano. En la nota y la ilustración, de carácter satírico, se presentó a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales; la Fiscal General, Luisa Ortega; la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez; la Contralora General a.i, Adelina González; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena y la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Blanca Eekhout, vestidas como bailarinas de cabaret. El objetivo de la publicación era cuestionar una alegada dependencia de los órganos de control en Venezuela, respecto del poder ejecutivo nacional. Entre otras aseveraciones, la publicación indicó que cada una de las representantes de los órganos mencionados “cumplía un rol específico dentro del cabaret dirigido por míster Chávez”.
Algunas de las funcionarias aludidas así como otros altos funcionarios públicos, indicaron que el fotomontaje y el texto ofendían la “dignidad de la mujer venezolana” y que constituía “violencia de género”. Adujeron que la publicación contenía un “discurso de odio”, que “vilipendiaba” a las funcionarias y a las instituciones que representaban e, incluso, que amenazaba la estabilidad del Gobierno venezolano.
Una vez conocida la publicación, la Contralora habría denunciado a los periodistas ante la Fiscalía tras lo cual, en menos de 24 horas, el Juzgado Noveno de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal, de Caracas, decretó una medida cautelar para prohibir la “edición y distribución por cualquier medio” del semanario. El mismo juzgado ordenó la detención de la directora de Sexto Poder, Dinorah Girón, y de su presidente y editor general, Leocenis García, por presuntas violaciones al Código Penal de Venezuela originadas en la publicación del citado artículo. El 21 de agosto, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) habrían arrestado a la periodista Girón, quien fue liberada dos días después cuando el Juzgado Noveno dictó libertad condicional. Sin embargo, el juzgado le impuso la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse a firmar a los tribunales cada 15 días, así como impedimentos para referirse públicamente a su caso y participar en concentraciones públicas.
Según lo informado, Leocenis García habría afirmado que se entregaría a la justicia siempre que cesara la persecución política contra el medio que preside.
El 23 de agosto, la Relatoría Especial solicitó información al Estado acerca de este caso. En su respuesta, el Estado indicó que a raíz de la publicación a Dinorah Girón se le imputan los delitos de “vilipendio a funcionario público, instigación pública al odio y ofensa pública por razones de género”, mientras que a Leocenis García se le imputan cargos por “instigación al odio, vilipendio y violencia de género”. De acuerdo con la información aportada por el Estado, tales delitos están previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia.
Asimismo, el 29 de agosto, el Estado informó a la Relatoría Especial que había sido revocada la prohibición de publicar el semanario. Sin embargo, se informó que el juez le impuso a Sexto Poder la prohibición de publicar información que contenga material “gráfico o textual” que “constituya[n] una ofensa u/o ultraje a la reputación, o al decoro de algún representante de los poderes públicos, y cuyo objetivo sea exponerlos al desprecio o al odio público”. También prohibió la publicación de “contenidos vejatorios y ofensivos contra el género femenino” y ordenó retirar los ejemplares de la edición del pasado 20 agosto que se encontraran a disposición del público. El 28 de agosto, el semanario no pudo circular dado que se encontraba vigente la medida judicial originalmente adoptada.
Para la Relatoría Especial, las decisiones del tribunal venezolano imponen una medida de censura previa así como restricciones desproporcionadas en contra de los requerimientos del derecho internacional de los derechos humanos en esta materia.
La Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe la censura previa y señala que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión solo puede estar sujeto a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley de manera clara y detallada; definirse luego de un proceso judicial por un órgano que brinde garantías de independencia e imparcialidad y asegure la aplicación de las garantías del debido proceso; y ser estrictamente necesarias en una sociedad democrática.
Asimismo, la captura, encarcelamiento y procesamiento penal de una persona por haber manifestado opiniones que molestan a las autoridades, está expresamente prohibida por los estándares interamericanos de libertad de expresión. Dichos estándares han sido elaborados durante las últimas tres décadas por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como reacción a los abusos de los regímenes autoritarios del pasado y deben ser garantizados y asegurados por todas las democracias contemporáneas. En este sentido, la Corte Interamericana ya ha sostenido que la libertad de expresión debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Asimismo, ha sostenido que las opiniones sobre los funcionarios públicos no son judicializables o sujetas a responsabilidad. De otra manera se estaría instaurando el delito de opinión absolutamente proscrito por la Convención Americana.
A su turno, la CIDH ha sostenido en el décimo principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que “[l]a protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público”. Asimismo, el onceavo principio señala que “[l]os funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.
El caso de Sexto Poder es el segundo en menos de dos meses en el que las autoridades venezolanas aplican el Código Penal para sancionar las expresiones de opiniones críticas o disidentes. El pasado 13 de julio, el ex gobernador del estado Zulia y precandidato presidencial, Oswaldo Álvarez Paz,fue condenado a dos años de prisión, con el beneficio de libertad condicional, por el delito de “difusión de información falsa” debido a comentarios realizados en una entrevista televisiva, acerca de investigaciones sobre la supuesta presencia del narcotráfico y grupos armados en Venezuela.
La Relatoría Especial recuerda a las autoridades venezolanas que la existencia de medios de comunicación libres, independientes, pluralistas y diversos es condición indispensable para el adecuado funcionamiento de una sociedad democrática. Asimismo, destaca que es deber del Estado crear las condiciones para un debate democrático plural y desinhibido, para lo cual son necesarias garantías de funcionamiento libre de los medios de comunicación y de la expresión crítica o disidente. En consecuencia la Relatoría Especial exhorta a las autoridades venezolanas a adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto y garantía de este derecho de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales Venezuela es Estado parte.
Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.oas.org/relatoria/
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Office of the Special Rapporteur express concern over detention of journalists and serious measures taken against magazine in Venezuela for publishing article that offended the authorities
Washington D.C., August 31, 2011 — The Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) expresses its deep concern over the decision to temporarily ban circulation of the weekly publication Sexto Poder in Venezuela, as well as over the arrest, detention, and criminal prosecution of the weekly’s editorial director and the arrest warrant issued against its publisher. The Office of the Special Rapporteur notes that these actions are contrary to regional freedom of expression standards and generate self-censorship and a palpable chilling effect that impacts not only those directly affected but all media outlets in Venezuela.
According to the information received, on Sunday, August 21, 2011, the weekly publication Sexto Poder published an article titled “Las poderosas de la revolución” (“The Powerful Women of the Revolution”), which was illustrated with a photo montage of six high-level female officials of the State of Venezuela. The story and illustration, of a satirical nature, featured Supreme Court President Luisa Estella Morales, Prosecutor General Luisa Ortega, Ombudswoman Gabriela Ramírez, Comptroller General Adelina González, National Electoral Council President Tibisay Lucena, and National Assembly Vice-President Blanca Eekhout, all depicted as cabaret dancers. The objective of the publication was to call attention to the alleged lack of independence of Venezuela ‘s oversight institutions with respect to the national executive branch. Among other things, the publication contended that each of the representatives of the aforementioned institutions “played a specific role in the cabaret directed by Mister Chávez.”
Some of the officials in question, as well as other high-level public officials, said the photo montage and text offended “the dignity of Venezuelan women” and constituted “gender-based violence.” They claimed that the publication contained “hate speech,” which “insulted” the officials and the institutions they represented and even threatened the stability of the Venezuelan government.
After learning of the publication, the Comptroller General is said to have presented a complaint against the journalists before the Prosecutor General’s Office. In less than 24 hours, the Ninth Court of First Instance with Monitoring Functions of the Criminal Judicial Circuit of Caracas issued a precautionary measure to ban “the publication and distribution by any means” of the weekly. The same court ordered the arrest of the director ofSexto Poder, Dinorah Girón, and of its publisher and general editor, Leocenis García, for alleged violations of Venezuela ‘s Criminal Code as a result of the article’s publication. On August 21, agents of the Boliviarian Intelligence Service (SEBIN) arrested journalist Girón, who was freed two days later after the Ninth Court ordered her conditional release. However, the court prohibited her from leaving the country and ordered her to appear before the courts every 15 days. She is also prohibited from talking publicly about her case or participating in public gatherings.
According to the information received, Leocenis García promised to turn himself in to the law enforcement authorities if and when the political persecution against the publication ceases.
On August 23, the Office of the Special Rapporter requested information from the Venezuelan State regarding this case. In its response, the State indicated that as a result of the publication, Dinorah Girón is being charged with the crimes of “insult of a public official, public instigation of hatred, and public offense based on gender,” while Leocenis García is being charged with “instigation of hatred, insult, and gender-based violence.” According to the information provided by the State, these crimes are established in the Criminal Code and in the Organic Law on the Right of Women to a Life Free of Violence.
On August 29, the State informed the Office of the Special Rapporteur that the ban on publishing the weekly had been revoked. Nonetheless, the notification established serious limitations that impede Sexto Poder from publishing information that contains graphic or textual material that constitutes “an offense and/or insult to the reputation, or to the decorum, of any representative of public authorities, and whose objective is to expose them to public disdain or hatred.” It also prohibited the publication of “humiliating and offensive content against the female gender” and ordered the removal of the copies of the August 20 edition that were at the disposal of the public. On August 28, the weekly could not circulate given that the injunctive measure originally adopted was in effect.
The Office of the Special Rapporteur observes that the decisions of the Venezuelan court impose a measure of prior censorship as well as disproportionate restrictions in a process which does not comport with the requirements of international human rights law.
The American Convention on Human Rights prohibits prior censorship and establishes that the exercise of the right to freedom of expression may only be subject to subsequent impositions of liability, which must be expressly established by law, clearly and with precision; be applied following a judicial proceeding by a body that provides guarantees of independence, impartiality and due process; and be strictly necessary in a democratic society.
Moreover, inter-American standards on freedom of expression expressly prohibit the arrest, incarceration, and criminal prosecution of an individual for having expressed opinions that disturb the authorities. These standards have been developed over the last three decades by the IACHR and the Inter-American Court of Human Rights in response to abuses by the authoritarian regimes of the past in the Americas , and should be guaranteed and safeguarded by all modern democracies. Along these lines, the Inter-American Court has held that freedom of expression must be guaranteed not only with respect to the dissemination of ideas and information viewed as favorable or considered inoffensive or innocuous, but also with respect to those that offend, shock, unsettle, displease, or perturb the State or any segment of the population. It has also held that opinions about public officials are not subject to prosecution or liability, lest a crime of opinion be established, a result that is completely proscribed by the American Convention.
The IACHR, for its part, has established the following in the tenth principle of its Declaration of Principles on Freedom of Expression: “The protection of a person’s reputation should only be guaranteed through civil sanctions in those cases in which the person offended is a public official, a public person or a private person who has voluntarily become involved in matters of public interest.” In addition, the eleventh principle states that “[p]ublic officials are subject to greater scrutiny by society. Laws that penalize offensive expressions directed at public officials, generally known as ‘desacato laws,’ restrict freedom of expression and the right to information.”
The case of Sexto Poder is the second in less than two months in which the Venezuelan authorities have applied the Criminal Code to punish the expression of critical or dissenting opinions. Last July 13, a former Governor of the state of Zulia and potential presidential candidate, Oswaldo Álvarez Paz, was sentenced to two years in prison, with conditional release, for the crime of “disseminating false information,” as a result of comments he made in a television interview regarding investigations into the alleged presence of drug trafficking and armed groups in Venezuela.
The Office of the Special Rapporteur reminds the Venezuelan authorities that the existence of a free, independent, pluralistic, and diverse media is an essential condition for the proper functioning of a democratic society. It also underscores that it is the State’s duty to create the conditions for pluralistic, uninhibited democratic debate, for which there must be guarantees for the free operation of the media and for critical or dissenting speech. Consequently, the Office of the Special Rapporteur urges the Venezuelan authorities to adopt any necessary measures to ensure that this right is respected and guaranteed, in accordance with the international human rights treaties to which Venezuela is a State Party.
For more information on the Office of the Special Rapporteur, please visit: http://www.cidh.oas.org/relatoria/index.asp?lID=
