Publicado el miércoles 31 de Agosto del 2011
Alfonso Chardy
Abogados de inmigración en el sur de la Florida expresaron diversos puntos de vista sobre lo que realmente va a pasar bajo la nueva política.
Hujber dijo que no espera que todos las 300,000 casos sean cerrados.
“Mi impresión es que va a haber cierta resistencia a cerrar casos y por ende sólo una tercera parte o una cuarta parte de los 300,000 serán cerrados”, dijo Hujber.
Pero otros abogados dijeron que no habían visto evidencia concreta de un cambio en la actitud de ICE y otras agencias de inmigración.
“Realmente hemos visto muy poco cambio”, dijo Cheryl Little, directora ejecutiva de Florida Immigrant Advocacy Center (FIAC), en Miami. “Nuestros clientes que han sido víctimas de violencia doméstica, que no tienen antecedentes penales y están en la corte de inmigración no se han beneficiado de la nueva política de ICE. Por la mayor parte, todo parece igual”.
Algunos abogados enfatizan en que aunque algunas deportaciones pudieran ser suspendidas, las detenciones de inmigrantes sin papeles parecen continuar igual que antes.
Los dos funcionarios que describieron los detalles de la nueva política indicaron que la suspensión de deportaciones se aplicaría sólo a extranjeros en proceso de expulsión ante cortes de inmigración. Al mismo tiempo, precisaron que las detenciones de extranjeros sin documentos continuarían y que no había cambio de política en ese sentido. El cambio, dijeron, vendría cuando esos casos lleguen a la corte de inmigración. Si esas personas no tienen antecedentes penales bien podrían ver sus casos cerrados también.
Otro inmigrante en proceso de deportación, el haitiano William Johnson, también espera beneficiarse del cambio. Su caso está programado en la corte de Miami para hoy miércoles por la tarde. ICE desea deportar a Johnson porque presuntamente votó sin ser ciudadano. Johnson llegó cuando tenía unos 12 años en un barco con otros refugiados haitianos.
Los funcionarios indicaron que otros potenciales beneficiados serían jóvenes estudiantes que hubieran llegado como menores de edad. Según los funcionarios, estos jóvenes serían los candidatos ideales para recibir el beneficio de la legalización si el Congreso aprobase el llamado DREAM Act. Esta legislación, que ha estado pendiente en el Congreso por varios años, otorgaría residencia a jóvenes indocumentados que estén en la universidad o en las fuerzas armadas.
Guerra, un mexicano que cruzó la frontera hace 11 años cuando tenía 16, es parte del contingente de unos 2.1 millones de jóvenes que podrían solicitar residencia si es aprobado el DREAM Act.
Después de cruzar la frontera cerca de Laredo, Texas, Guerra vino a reunirse en la Florida con su hermana y desde entonces ha tratado de regularizar su situación sin éxito. Le han sido negados el asilo y el permiso de trabajo. Al tratar de obtener estos documentos fue arrestado y puesto en proceso de deportación.
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