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Sorprendida e indignada. Así reacciona Blanca Rosa Mármol, magistrada de la Sala de Casación Penal de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ante la situación de la jueza María Lourdes Afiuni, a quien amenaza el juez Alí Paredes con recluirla nuevamente en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), en Los Teques, reseña La Verdad.

Pese a los problemas de salud, de Afiuni el juez no le permitirle que le practiquen los exámenes de rigor para determinar si los quistes que tiene en el seno y la axila son o no malignos. Descarta incluirla en la lista de presos con el beneficio de medida humanitaria propuesta por el presidente Hugo Chávez.

La magistrada califica la conducta del juez como “insólita” y sostiene que no hay razón para ensañarse de esa manera a menos que se trate de una venganza. Aprovecha Mármol de León para alertar que el sistema de justicia venezolano está invadido por el efecto Afiuni, pues ningún juez se atreve a tomar decisiones autónomas por miedo a correr la misma suerte. Considera que lo que hizo el jefe de Estado con relación a los presos con problemas de salud no fue un “exhorto” sino una autorización. Asegura que la autonomía del Poder Judicial es inexistente.

– ¿Tiene alguna facultad el Tribunal Supremo de Justicia para garantizar que se cumplan las medidas humanitarias ordenadas por el presidente Chávez a los presos políticos?

– No, el juez es autónomo en sus decisiones y el código dice que esas medidas humanitarias proceden en esos casos. Le corresponde al juez, verificando las condiciones en cada caso, darles las medidas que la ley otorga, pero no es potestativo que el juez si quiere se la da y si no quiere no se la da; si está en la situación debe dársela.

– Se lo pregunto porque en el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, quien tiene dos quistes en los senos pero no se ha podido determinar si son malignos o no, lejos de otorgarle la medida humanitaria el juez la amenaza con recluirla nuevamente en la cárcel de mujeres de Los Teques si no se presenta a la audiencia de juicio.

– Eso es algo insólito. La amenazó con regresarla al Inof porque ella está oponiéndose a un juicio que es absurdamente improcedente porque ella está siendo juzgada por una decisión. Yo creo que este es el único caso en el mundo de un juez detenido por una decisión. Realmente es el colmo que en un momento en que hay estas medidas humanitarias a ella la amenacen con devolverla a la Inof. Eso demuestra una animadversión, a mi juicio, o un mal enfoque, por decir lo menos, de parte del tribunal.

– Si no le corresponde al TSJ, ¿quién pudiera interceder en este caso?

– Eso está en manos del abogado. Yo pienso que pudiera acudir al Tribunal Supremo, bien sea a la Sala Penal o a la Sala Constitucional porque estaríamos hablando de un atropello a un derecho que está planteado en la ley, aunque no puedo desarrollar mucho el tema por si llegara a la Sala Penal. En el caso de que fuera a la Sala Constitucional, podría plantearse desde el punto de vista de la inconstitucionalidad que representa la prisión para un juez por decidir.

– ¿Representaría una clara violación de sus derechos humanos regresarla a la cárcel?

– Por supuesto, porque ella salió de esa prisión absurda y ha seguido detenida en su casa cumpliendo a cabalidad con el recurso de la acción judicial, aunque ella esté haciendo resistencia civil, porque ella está invocando el artículo 350 de la Constitución; no hay ninguna razón para justificar esa medida que no sea una venganza, porque la situación está bajo control, es decir, ella está allí a la orden del tribunal.

– ¿Y no sería esto una raya para el Estado venezolano frente a la ONU, donde no solo busca un puesto sino que además presentó este mes sus avances en materia de derechos humanos?

– Sí, esto sería realmente una muy mala presentación del Poder Judicial, y sobre todo en una doble situación; primero, porque estamos hablando de una juez detenida por decidir, porque allí está en juego la autonomía del Poder Judicial que queda por el suelo; y en segundo lugar, al agregarle la reclusión en una institución penitenciaria siendo que ella está detenida en su casa por problemas de salud y no hay ninguna  causa para recluirla en un sitio con mayor seguridad.

– Usted dice que la autonomía del Poder Judicial está por el suelo. ¿Quedó en evidencia que está subordinado al Poder Ejecutivo cuando los familiares de los presos políticos tenían más de seis meses solicitando estos beneficios y solo se logran cuando el Presidente gira instrucciones al respecto?

– Para mí, resulta evidente que los jueces sintieron que estaban autorizados, el exhorto del Presidente para mí fue una autorización. Ellos se sintieron autorizados para dar esas medidas y por ende procedieron, lo que resulta claro es que la independencia y la autonomía del Poder Judicial no existen.

– ¿Tienen miedo los jueces a correr con la misma suerte que la jueza Afiuni por tomar una decisión autónoma?

– Absolutamente, se ha producido lo que se ha llamado el efecto Afiuni, que ahora los jueces temen decidir por no ir detenidos como la jueza Afiuni.

– ¿Aplican tantas restricciones cuando se otorgan medidas humanitarias como ha ocurrido con el comisario Lázaro Forero?

– Eso a mí me parece absolutamente inaceptable. Yo puedo entender un control de su circulación, saber donde se encuentra e inclusive régimen de presentación y que permanezca en su casa, pero que no pueda declarar sobre su caso es inadmisible, porque el derecho a defenderse es ilimitado y la manera principal de defenderse es expresando sus alegatos y explicar su caso.

– ¿Se estaría reconociendo que estas personas son presas políticas al prohibirles hablar cuando, en este caso ya hay una sentencia, y goza además de una medida humanitaria?

– Uno puede llegar a esa conclusión al ver que le imponen una medida de prohibición de declarar, porque si no de qué otra manera se explica que no puedan hablar.

Perfil

Se gradúa de abogada en la Universidad Central de Venezuela en 1968. Obtiene el título de Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas en la misma universidad en 1983. En 1975 ingresa como defensora pública octava de presos del Circuito Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, en el cual se desempeña hasta 1980, cuando fue designada jueza décima novena de primera instancia en lo penal de la misma circunscripción judicial. Ejerce esa función hasta el año 1987, fecha de su ascenso a juez superior novena en lo penal de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda.

En el año 1999, en virtud del cambio al Código Orgánico Procesal Penal, pasa a ser miembro de la Sala 3 de la Corte de Apelaciones de la misma circunscripción judicial, habiendo participado activamente en la transición del Código de Enjuiciamiento Criminal al Código Orgánico Procesal Penal. En diciembre del año 2000 es designada magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia por un período de 12 años, cargo que desempeña en la actualidad.