Ésos son apenas algunos de los últimos casos conocidos de privaciones de libertad a estudiantes universitarios que estaban poniendo en práctica su legítimo derecho a manifestar sus ideas.
Sólo en Caracas existen al menos 47 personas con expedientes penales abiertos en su contra, imputados por delitos como resistencia a la autoridad, obstaculización de las vías públicas, instigación a delinquir, agavillamiento y perturbación del orden público.
El caso de los hermanos Mejías y los otros estudiantes detenidos el mismo fi n de semana fue uno de los más emblemáticos porque el Ministerio Público encuadró la conducta de los jóvenes como incitación al odio a pesar de que manifestaban pacífi camente.
“Manifestar, llevar a cabo concentraciones o reuniones públicas en pro de un sistema de respeto pleno a las libertades y al régimen democrático es un derecho y quien ejerce un derecho no comete delito alguno”. Así lo afi rmó el abogado especialista en derecho penal Alberto Arteaga.
El jurista explicó que califi car la actuación de los jóvenes como agavillados (agrupados con malas intenciones) “equivale a identifi carlos como una banda de facinerosos o asociados para cometer delitos; se trata de la criminalización de la protesta, del trato a los estudiantes que manifi estan como delincuentes”.
Al ser consultado sobre las motivaciones que podrían tener los órganos de administración de justicia para someter a los jóvenes a procesos judiciales, Arteaga indicó que “se trata de una advertencia para cualquier ciudadano sobre la amenaza que se cierne sobre él de ser detenido y procesado penalmente por manifestar públicamente por la defensa de sus derechos”.
Otras cifras.
De acuerdo con las últimas estadísticas presentadas por el Ministerio Público, en el país hay al menos 30 adolescentes también investigados penalmente bajo régimen de presentación periódica.
También en el resto de Venezuela daban cuenta de más de 30 universitarios, mayores de edad, que estaban en libertad condicional.
Para el abogado Artega los venezolanos aún no se han dado cuenta de lo grave que es la situación con las medidas cautelares.
“El hecho de no estar detenidos en este momento no es señal de tranquilidad, ni implica seguridad alguna. Están sometidos a un proceso penal en etapa de investigación en un país en el que el proceso penal y la imputación ya es una pena anticipada”.
Recordó que, durante los últimos siete años, en Venezuela se han dado gran cantidad de manifestaciones públicas, sobre todo de los sectores menos privilegiados de la sociedad que exigen el respeto a sus derechos civiles, sociales y políticos. Recalcó que en ninguno de esos casos se ha tenido conocimiento de que alguna de las personas que protestan haya sido detenida.
“Me parece gravísima la utilización de la normativa penal como instrumento de terrorismo, como arma de gran efectividad para aterrorizar a todo el que reclame o manifieste pacíficamente por sus derechos”, insistió el jurista.
Con relación al caso de los hermanos Mejías, lo planteó como uno de los más graves: “Constituye un exabrupto o una aberración jurídica calificar de instigación al odio la exhibición de panfletos con frases del Libertador”.
