(De El Nuevo Herald, autor Castor Ocando)
Raúl José Díaz Peña, un campeón de natación de 32 años, fue detenido en febrero de 2004 por funcionarios de la Disip, la policía política venezolana, luego que en una prueba pericial encontraran presuntos rastros de explosivos en la parte trasera de su vehículo.
Las autoridades lo acusaron de participar en los atentados a las embajadas de Colombia y España de febrero del 2003, a pesar de que la prueba en su vehículo se hizo siete meses después de las explosiones, y sin la presencia de Díaz o su abogado.
Su principal acusador era Silvio Mérida Ortiz, un hombre que luego confesaría ante un juez que había sido torturado para inculpar a Díaz.
Tanto Mérida Ortiz como Díaz habían participado como ciudadanos comunes en las protestas antichavistas que un grupo de militares disidentes organizaron en la Plaza Altamira de Caracas en el 2002 y 2003.
El joven nadador cumplirá el próximo febrero tres años de estar encarcelado en la Disip, en condiciones denunciadas como infrahumanas. Su juicio todavía no ha comenzado.
La historia de Díaz es una del grupo de 22 detenidos en Venezuela cuyos casos han sido documentados y denunciados como de persecución por razones políticas. Por lo menos 17 de estos casos han sido denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, y ante el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara baja del Congreso de Estados Unidos, del que es miembro la congresista Ileana Ros-Lehtinen.
En Venezuela, un creciente clamor de diversos sectores de la sociedad, que va desde la Iglesia Católica hasta líderes de la oposición y respetables organizaciones no gubernamentales de derechos humanos como Provea, está presionando para que se conceda una amnistía general, cese la persecución y encarcelamiento de disidentes.
El gobierno de Hugo Chávez no considera a este grupo de personas detenidas como presos políticos, y ha aclarado que han sido juzgadas adecuadamente porque cometieron crímenes contra el Estado y la sociedad venezolanas.
La petición de clemencia ha ganado terreno después de que el presidente Chávez mostró tras su triunfo electoral disposición a revisar ”algunos casos de presos políticos”, para concederles el indulto presidencial.
Entre ellos mencionó el caso de su ex ministro de Finanzas, general Francisco Usón, detenido luego de sugerir que la muerte de soldados quemados con lanzallamas en un fuerte militar de Maracaibo, fue un hecho premeditado.
”Estoy animado del espíritu del perdón”, dijo Chávez entonces. Sin embargo, esta semana, arremetió contra los presos políticos llamándolos “criminales”.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, declaró ayer que los presos políticos que buscaran una amnistía debían disculparse públicamente ante el país.
El pronunciamiento presidencial provocó una reacción activa de la oposición. Esta semana se inició la recolección de las 17,000 firmas necesarias para pedir una ley de amnistía ante la Asamblea Nacional.
”El pueblo venezolano ha reelegido al presidente Chávez y ahora su gobierno tiene el deber y la responsabilidad de no mantener en las cárceles ningún preso político. Los presos políticos son la más clara demostración de la represión de un gobierno dictatorial”, dijo la congresista Ros-Lehtinen en una declaración enviada a El Nuevo Herald, para apoyar el pedido de amnistía de los presos políticos venezolanos.
El cardenal primado de Venezuela, monseñor Jorge Urosa, pidió al gobierno un ”sentido de amplitud”, “especialmente con quienes están imputados allí porque no pertenecen al sector del gobierno”.
El prelado abogó por la libertad de los tres jefes policiales Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas, detenidos y acusados, sin pruebas aparentes, de ordenar la muerte de chavistas durante el alzamiento militar del 11 de abril del 2002.
Según Provea, una de las ONG más prestigiosas, la situación de los derechos humanos en Venezuela ha empeorado significativamente desde que llegó Chávez, especialmente la cifra de desapariciones forzadas.
El informe de fin de año de Provea indicó que, entre 1999 y 2005, un total de 1,245 personas ”detenidas y con vida” fueron asesinadas o resultaron víctimas del uso excesivo de la fuerza, lo que arroja un promedio de 177 personas por año, dijo Marino Alvarado, director ejecutivo de la organización.
La organización Venezuela Awareness de Miami ha documentado la mayoría de los 17 casos que han sido presentados a la OEA, incluyendo varios casos de tortura sistemática, una de cuyas víctimas, Juan Carlos Sánchez, perdió la vida.
Patricia Andrade, presidenta de la organización, aseguró que la policía política utiliza “equipos de torturadores que incluyen médicos para comprobar la resistencia de la víctima, y determinar si se puede pasar a otra fase más intensa”.
Andrade dijo que los cuerpos de seguridad venezolano reciben el asesoramiento de instructores cubanos.
Entre la lista se encuentran los siguientes casos.
Raúl Díaz Peña. Acusado por los atentados explosivos contra las embajadas de Colombia y España, con el testimonio bajo presunta tortura de Silvio Mérida Ortiz. Díaz Peña permanece detenido ilegalmente, en condiciones insalubres e inhumanas. Díaz Peña goza de medidas cautelares otorgadas por la CIDH por el riesgo de que muera.
Teniente coronel José Humberto Quintero Aguilar. Jefe del Grupo Anti-Extorsión y Secuestro (GAES) de la Guardia Nacional. Acusado de abuso de autoridad por haber detenido al dirigente de las FARC, Rodrigo Granda, y entregarlo a autoridades colombianas. Según reportes procesados por la CIDH, el militar fue torturado.
Silvio Mérida Ortiz. Permanece ilegalmente detenido en los calabozos de la Disip desde febrero del 2005. Formó parte de los civiles que acompañaron al grupo de militares disidentes de la Plaza Altamira, y fue implicado en los atentados explosivos contra las sedes diplomáticas de Colombia y España. Inculpó a un grupo de personas en estos atentados, presuntamente bajo tortura. Posteriormente, Mérida Ortiz se retractaría ante un juez.
General Felipe Rodríguez. Uno de los oficiales de más alto rango que se pronunciaron públicamente en la plaza Altamira. Criticó públicamente los nexos del gobierno chavista con la guerrilla colombiana y la cubanización de Venezuela. Se le acusa de ser el cerebro principal de los atentados dinamiteros contra las sedes diplomáticas de España y Colombia, así como de rebelión civil.
Iván Simonovis. Ex jefe de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana de Caracas. Detenido ilegalmente sin orden de captura de un juez. Acusado sin pruebas de ordenar por radio la muerte de radicales chavistas durante las manifestaciones del 11 de abril que desembocaron en un alzamiento militar contra Chávez.
Lázaro Forero. Ex alto oficial de la Policía Metropolitana de Caracas. Tiene una acusación similar a la de Simonovis. Al igual que Iván Simonovis, está acusado de delito de lesa humanidad y de cómplice de homicidio calificado, entre otros. Es de salud precaria.
Rolando Guevara. Condenado por su presunta participación como autor material en el asesinato de Danilo Anderson. Según reportes, fue secuestrado por agentes de seguridad del Estado y torturado durante tres días. Fue acusado de realizar actos terroristas, ”sin existir en Venezuela la tipificación de tal delito”, indicó el informe de Venezuela Awareness. Sentenciado a 27 años y 9 meses.
Otoniel Guevara. Hermano del anterior. Fue también secuestrado por organismos policiales venezolanos el 23 de Noviembre y torturado físicamente. Sentenciado a 27 años y 9 meses sin haber tenido derecho a un proceso justo de defensa.
Juan Bautista Guevara (primo de Otoniel y Rolando). Fue secuestrado en las puertas de su residencia, por miembros de organismos policiales venezolanos no identificados. Recibió torturas físicas y mentales durante varios días, según las denuncias ante la OEA. Fue detenido sin que recibiera una acusación formal. Sentenciado a 30 años de prisión.
