20 de febrero de 2003: Es emitida una orden de captura contra el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega, por su participación en el paro cívico petrolero que promovió junto con la Coordinadora Democrática y Fedecámaras y que se inició el 2 de diciembre de 2002.
14 de marzo de 2003: Carlos Ortega solicitó a la Embajada de Costa Rica asilo político.
28 de febrero de 2005: El dirigente sindical es detenido por funcionarios de la policía científica en la sala de juegos Hawai Kai, ubicada en la avenida Leonardo Da Vinci de Bello Monte. Para el momento de su detención, Ortega presentaba un aspecto diferente, pues se había teñido el pelo de negro y usaba un bigote. Además, le habían operado la verruga que tenía cerca del labio superior.
2 de marzo de 2005: El Tribunal 49° de Control, a cargo de la jueza Gisela Hernández Rosas, ratificó la medida privativa de libertad contra el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, por solicitud de la Fiscalía General de la República.
3 de marzo de 2005: El Tribunal 49° de Control, a cargo de la jueza Gisela Hernández, imputó a Ortega de los delitos de rebelión civil, instigación a delinquir y uso de acto falso, y descartó los de agavillamiento, traición a la patria y devastación. La jueza Hernández ordenó que el dirigente sindical fuese recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques.
4 de marzo de 2005: Ortega fue trasladado hasta la cárcel de Ramo Verde. El dirigente sindical fue recluido en este retén de Los Teques por ser considerado un “detenido excepcional” y porque su vida corría peligro en algún otro penal, manifestó su abogado Rafael Arturo Parra Saluzzo
2 de abril de 2005: La Sala 7 Accidental de la Corte de Apelaciones de Caracas ratificó la medida privativa de libertad emitida el pasado 3 de marzo pasado. La sala se constituyó de modo accidental porque el ponente original de la sentencia era el presidente del juzgado, Maikel Moreno, quien se inhibió de conocer el expediente por haber sido él quien dictó, cuando se desempeñaba como juez 34 de control, la orden de detención de Ortega. El magistrado suplente Nerio José Martínez tomó el lugar de Moreno; pero no le fue asignado el expediente. El presidente accidental, Jesús Orangel García, presentó entonces la ponencia, que fue votada por unanimidad por Martínez y Samer Richani, el otro juez de la sala.
12 de abril de 2005: La fiscal 6° del Ministerio Público, Luisa Ortega, acusó ante el Tribunal 49° de Control a Ortega de los delitos de rebelión civil y instigación a delinquir, en relación con su participación en el paro nacional que se llevó a cabo entre diciembre de 2002 y febrero de 2003. Además, la fiscal lo acusó por uso de documento falso, debido a la cédula de identidad que portaba la madrugada del pasado 1° de marzo pasado, cuando fue detenido en una sala de juegos ubicada en Colinas de Bello Monte.
6 de mayo de 2005: La jueza 49° de Control, Gisela Hernández, ordenó abrir un juicio contra el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela por los delitos de rebelión civil, instigación a delinquir genérica y uso de documentos falsos.
11 de julio de 2005: El Tribunal 9º de Juicio se basó en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia para determinar que en vista de que se habían realizado más de seis convocatorias infructuosas de escabinos, el debate oral y público del caso Carlos Ortega debía iniciarse de manera unipersonal.
19 de julio de 2005: El Tribunal 9º de Juicio resolvió diferir la audiencia oral y pública de Carlos Ortega para el 2 de agosto, luego de aceptar una solicitud realizada por la defensa del acusado.
17 de noviembre de 2005: Juicio contra Ortega comenzó con defensora pública
23 de noviembre de 2005: Fue postergada por sexta vez la audiencia contra Ortega, debido a que el abogado Carlos Roa Roa, uno de los representantes legales del dirigente sindical, tenía una afección en la garganta que le impidió participar en el juicio.
29 de noviebre de 2005: La fiscal 6ª nacional, Luisa Ortega Díaz, solicitó ante el Tribunal 9º de Juicio la apertura de un procedimiento sancionatorio contra Carlos Roa Roa y Lenín Quiroz, abogados del presidente de Ortega por incurrir en reiteradas ocasiones a toda suerte de pretextos y argucias con la supuesta intención de demorar el proceso judicial contra el dirigente obrero.
11 de diciembre de 2005: El abogado defensor de Carlos Ortega denunció que la jueza novena de juicio, Milagros Morales, aceptó que solamente comparecieran durante el debate oral 12 de los 38 testigos promovidos por la fiscal sexta del Ministerio Público, Luisa Ortega; asimismo, “dio por vistos” los videos presentados como pruebas por la parte acusadora.
13 de diciembre de 2005: Finaliza el juicio contra Carlos Ortega y es condenado por delito de rebelión a 15 años, 11 meses, 5 días y 20 horas
