Entre la lista Tascón y la violación del secreto del voto, los venezolanos vieron amenazadas sus garantías constitucionales durante el año que termina
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Mientras la oposición acudía a los centros de recolección de firmas para solicitar el referéndum revocatorio presidencial, el 2 de febrero de 2003, el diputado emeverrista Luis Tascón preparaba una herramienta de presión, a través de una página web, en la que se identificaba a todo el que hubiese respaldado con su rúbrica la iniciativa.
La llamada lista de Tascón significó para mucha gente menos posibilidades de conseguir trabajo en el sector público, persecuciones, dificultades para obtener los documentos de identidad y estigmatizaciones políticas. Para otros, un instrumento que permitía conocer quiénes eran los “traidores a la patria”.
La Confederación de Trabajadores de Venezuela llevó el caso a la Organización Internacional del Trabajo, y diversos juristas coincidieron en que la persecución por causas políticas se había desarrollado vertiginosamente en Venezuela y que la lista Tascón era utilizada para discriminar, lo que se traduce en una violación de los derechos humanos.
Rocío San Miguel, Magally Chang y Thaís Peña, ex funcionarias del Consejo Nacional de Fronteras, presuntamente fueron despedidas haber firmado a favor del revocatorio. Con el respaldo del Programa Venezolano de Educación–Acción en Derechos Humanos (Provea), ejercieron una acción de amparo a sus derechos constitucionales ante el Tribunal 4º Laboral; sin embargo, la jueza 21º de Control, Frennys Bolívar, decretó en abril el sobreseimiento de la causa.
El 16 de abril, el presidente Hugo Chávez ordenó, desde Puerto Ordaz, “enterrar” la lista Tascón. De este modo se suscitaban dos procesos simultáneos: se acababa con la base de datos y el MVR suspendía al parlamentario por dos semanas pues tenía, de acuerdo con declaraciones del diputado Willian Lara, una línea distinta a la del partido.
Segregaciones extendidas
Otro sonado caso de persecución política apuntó a la “Gente del Petróleo”, ya afectada por el despido de más de 20.000 trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en 2003. Juan Fernández, miembro de esa asociación, y Horacio Medina, directivo del sindicato de Unapetrol, tienen órdenes de detención y se encuentran exiliados fuera del país.
La discriminación consiguió ramificarse hasta los disidentes del paro general de 2002 y 2003 y a los militares de la plaza Francia de Altamira.
Después de haber convocado a la huelga en 2002, Carlos Ortega pidió asilo político a Costa Rica porque habían emitido una orden de captura en su contra. El 2 de marzo fue detenido en un bingo ubicado en Colinas de Bello Monte. Después de siete meses, la fiscal Luisa Ortega Díaz lo sentenció a poco más de 15 años de cárcel por haber violentado la paz y la tranquilidad de la nación con el paro nacional.
El general retirado de la Guardia Nacional Felipe Rodríguez Ramírez, alias “el Cuervo”, fue imputado por su participación en la protesta que encabezaron oficiales activos de la Fuerza Armada Nacional en la plaza Francia de Altamira y por su presunta relación con la colocación de artefactos explosivos en las sedes diplomáticas de España y Cuba en marzo de 2003. Se le atribuyeron los delitos de rebelión, conspiración, instigación a la insurrección, incendio en inmueble mediante uso de explosivos y lesiones.
En Táchira, Danny Ramírez, dirigente estudiantil; Orlando Pantaleón, miembro del sindicato de maestros; y Saúl Lozano, presidente de Fetratáchira, fueron sentenciados a seis años por rebelión civil en grado de cooperación por los sucesos acaecidos en la gobernación de esa entidad andina en abril de 2002. Actualmente están siendo juzgados en libertad.
Los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas son también presos políticos de la oposición. La fiscal 6º con competencia nacional, Luisa Ortega Díaz, acusó a los ex funcionarios por su participación como cómplices en homicidio calificado en grado de complicidad y por lesiones personales durante los sucesos de abril de 2002.
KAIRINE TORREALBA
ANTONELLA RUGGIERO
