Caracas, domingo 12 de junio, 2005
Caracas
es el estado con mayor número de denuncias por asesinatos causados por la policía. calculan que los muertos en extrañas circunstancias son 1.150
Muerte en Aragua II
Es el estado con mayor número de denuncias por asesinatos causados por la policía.
GIULIANA CHIAPPE
EL UNIVERSAL
Los ojos de Aragua están puestos en Guárico y en la suerte de su gobernador Eduardo Manuitt. Porque, aunque Guárico no es el estado con mayor número de denuncias por violación a los derechos humanos, la Asamblea Nacional decidió iniciar las investigaciones por esos lados llaneros.
A los aragüeños les interesa mucho el tema, porque su estado sí ocupa el primer puesto del triste ranking de denuncias por muertes en extrañas circunstancias, amenazas contra la vida, extorsiones y violaciones a la dignidad humana. Y, de paso, están mucho más organizados en lo que a informes y denuncias legalmente conformadas se refiere.
Desde que comenzó a funcionar, en el año 2004, la Fiscalía 20 de Derechos Fundamentales, le han llovido cerca de seiscientas denuncias contra actuaciones indebidas de los cuerpos policiales que operan en el estado y que han terminado en muertes. Por su parte, la Fiscalía General de la República conoce de más de 300 fallecimientos por las mismas razones; la delegación regional de la Defensoría del Pueblo, de ochenta caídos en supuestos enfrentamientos con funcionarios policiales y las organizaciones locales defensoras de los derechos humanos reportan más de 1.150.
Menos del cinco por ciento de los casos han sido resueltos.
Motivos para iniciar las investigaciones, sí existen. Lo que no parece haber es interés.
El único de los diputados de la Comisión de Política Interior, la misma que ha escudriñado a Manuitt y a sus funcionarios, que ha manifestado la seria intención de averiguar qué está ocurriendo realmente en Aragua es Nicolás Sosa, del Movimiento al Socialismo. Esta soledad parlamentaria parece haber contagiado a los diputados regionales: en el Consejo Legislativo de Aragua también está motivada una sola alma, la de Ramón Rengifo, de Acción Democrática, y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, división que sobrevive a duras penas.
Sin cansancio
Cuando la lucha es motivada por el corazón, no conoce cansancio. Por el contrario, se llena de voluntad y disposición para el eterno trajín y de una sordera selectiva que no le hace caso a desánimos y palabras de desaliento.
Es así como los familiares de las víctimas se han convertido en protagonistas de unos periplos que parecen no tener fin. Es un recorrido que se hace bajo la escultural mirada del Libertador: muchos de los organismos que deben visitar una y otra vez, se encuentran ubicados alrededor de la plaza Bolívar más grande de Latinoamérica, la de Maracay. El luto compartido les ha traído solidaridad, y entre ellos se apoyan, se visitan, se ayudan, están pendientes de los casos que, aunque ajenos, ya sienten como propios. Y es una lucha básicamente femenina: casi todas son esposas y madres de hombres, muchos jóvenes, sin antecedentes, de bajos recursos, provenientes de los cuatro puntos cardinales del estado, que aparecieron muertos en enfrentamientos o en extrañas circunstancias en las que presuntamente están implicados funcionarios policiales.
Entre estos familiares incansables circula una figura que no tiene duelo propio, pero que los asesora con tanta constancia como si lo tuviera. Es Sara Mier y Terán, abogada de los derechos humanos y coordinadora general de la Asociación Vida, Paz y Libertad, quien dice haber observado una creciente violencia entre ciudadanos y policías. Refiere que esos 1.150 muertos, cifra en la que coincide con otras organizaciones no gubernamentales que estudian el tema, han sido contados desde 1996. Sin embargo, el ímpetu de las denuncias se inició en 1998. Todo ese tiempo, Aragua ha tenido el mismo gobernador, Didalco Bolívar.
“El crecimiento de la violencia policial es alarmante. Sin embargo, no hemos logrado obtener respuestas oportunas, a pesar de haberse iniciado investigaciones por violaciones a los derechos humanos por parte de la Fiscalía 23 con Competencia Nacional a cargo de Jesús Ramírez, y de la Fiscalía 20 de Derechos Fundamentales, con la fiscal Rosa Biblia Giovanni, sustentadas en denuncias de las que más del 90% han sido por hechos atribuidos al Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua”, afirma Mier y Terán.
El mayor porcentaje de los presuntos asesinatos extrajudiciales, según las cuentas que presenta Mier y Terán, se imputa a la Policía de Aragua, con 87,7%. En esta lista, negra, sin duda, continúa el Cicpc regional, acusado por el 6,4% de las denuncias, la policía municipal de Sucre, con 2,8 y ambos organismos, en acción conjunta, con 2,1%. Bajo el renglón de asesinatos por uso excesivo de la fuerza también puntea la policía estatal, con 80% y continúa el Cicpc, con 20%.
Las autoridades aragüeñas desmienten las cifras y consideran que, en caso de existir, son irregularidades aisladas y no una forma de actuación policial. Angel Mercado, máxima autoridad de la Policía de Aragua, ha asegurado que respetan los derechos humanos. Tambien se han realizado talleres de formación en el tema para los funcionarios.
Uno, para la inspiración
El problema más grave, al decir de la abogada, es la impunidad. Ella se convierte en escudo de quienes transgreden las normas y en turbio camino para los demás. Y es que, entre un asesinato sin fundamento y el castigo, pueden trascurrir muchos años. Y eso suponiendo que se produzca un castigo.
Mier y Terán sospecha que muchos de los casos se están dejando perder por falta de pruebas, con el fin de disminuir la cantidad de procesos pendientes en los tribunales y en las dependencias de Fiscalía. “El objetivo es salir de los casos y no hacer justicia”, advierte.
Un caso sobresale de los demás, para beneficio de los familiares de las víctimas. Se trata de la sentencia que, bajo el sello de la Corte Suprema de Justicia, condena a dos funcionarios policiales, Miguel Angel Figueredo y Jesús Muñoz Peña, implicados en la muerte de José Miguel Monsalve, asesinado en mayo de 1999. Los magistrados de la CSJ dieron su veredicto final en diciembre de 2004, pero el ejecútese se produjo cuatro meses después.
Amnistía Internacional ha sido partícipe en el caso Monsalve pues presionaron con numerosas misivas y correos electrónicos, para que se cumpla la medida de protección dictada a favor de la madre de la víctima, Isabel de Monsalve, quien ha sido amenazada seriamente. Además, la abogada teme que los policías incumplan la sentencia pues están solicitando beneficios procesales que serían decididos no por el juez de la causa de Aragua, sino por el de Apure, donde fueron recluidos.
Los familiares de las otras víctimas consideran que Isabel de Monsalve es ejemplo de lucha pues, aunque demoró seis años, logró relativa justicia y no se ha desprendido de esa red de solidaridad tácita que se teje entre ellos. Pero es uno, de 600 casos, que logró una sentencia condenatoria por homicidio, y que borró la dudosa y repetida versión, de que se trató de un enfrentamiento con un delincuente. Esa última suele ser la aspiración de casi todos los que, con su carpeta de pruebas aterradoras bajo el brazo, buscan justicia en algún resquicio de Aragua.
