Julio 20, 2018- Las organizaciones académicas, gremiales y de la sociedad civil que integramos la Alianza por la Libertad de Expresión, exigimos a la jueza Rumely Rojas que actúe como le exige la
ley y garantice los derechos humanos de Pedro Jaimes. Es responsabilidad de Rojas, como funcionaria a cargo del Tribunal Tercero de Control del Circuito Penal del estado Miranda, la situación de Jaimes y las consecuencias que se deriven de continuar arbitrariamente detenido.
El 10 de mayo de 2018, efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron sin orden judicial a Pedro Patricio Jaimes Criollo. La detención ocurrió luego de
que Jaimes publicara el 3 de mayo desde su perfil de Twitter (@AereoMeteo) información sobre el espacio aéreo venezolano, como regularmente hacía, sólo que ese día mostró la
ruta del avión presidencial. Esta información es de dominio público y se encuentra en internet.
El 12 de mayo Pedro Jaimes fue presentado ante el Tribunal Tercero de Control de Los Teques, estado Miranda, al norte del país, ante la jueza auxiliar Rumely Rojas Muro. En la audiencia de presentación la fiscalía del Ministerio Público señaló que Jaimes fue detenido en “flagrancia”, por tuitear, lo que a su juicio constituía un delito contra la seguridad nacional. Ante los argumentos de la fiscalía, la jueza Rojas acordó la detención preventiva de Pedro Jaimes.
Tras la audiencia del 12 de mayo, el Sebin trasladó a Pedro Jaimes a un lugar desconocido. Desde esa fecha y hasta el 15 de junio Jaimes estuvo desaparecido. Durante esos 33 días no hubo noticias sobre su paradero.
El 15 de junio, Pedro Jaimes llamó a su familia y les notificó que fue encarcelado en El Helicoide, una instalación del Sebin, en Caracas, sitio de reclusión conocido por sus condiciones degradantes y denuncias por violaciones de derechos humanos. Todavía no existe reconocimiento oficial de la detención de Pedro Jaimes, ni se le permite ver por familiares y abogados.
Jaimes está encarcelado junto con otros 10 detenidos en un espacio de cuatro por cinco metros. No tiene acceso a luz solar, recibe poca comida y las condiciones de salubridad son precarias.
Recibió golpes para revelar sus contraseñas de redes sociales y a consecuencia de ello tiene fracturada la costilla derecha. Pedro Jaimes sufre desmayos, dolores agudos, y tiene dificultad para conciliar el sueño, sin embargo, no cuenta con atención médica adecuada.
La organización Espacio Público intenta defender plenamente a Pedro Jaimes a nivel judicial, no obstante, el Tribunal Tercero de Control ha negado a los abogados juramentarse como defensores y con ello el acceso a los expedientes penales de investigación y control.
Por información de la defensa pública, la cual continúa impuesta de hecho, Pedro Jaimes fue acusado por la fiscalía y tiene audiencia preliminar el 25 de julio a las 12:00 pm. El 29 de mayo el Tribunal Tercero de Control declaró improcedente un hábeas corpus. El viernes 22 de junio no materializó la comisión judicial para constatar las condiciones de Pedro Jaimes en El Helicoide. Según el Tribunal, éste acordó el traslado de Jaimes para juramentar a sus abogados, pero el Sebin desacató las órdenes. Esta información no puede verificarse por la prohibición de revisar el expediente.
Pedro Jaimes está criminalizado por compartir información de alcance e interés público en ejercicio de su derecho humano a la libre expresión. Jaimes es víctima de una arremetida estatal ilegítima y desproporcionada que revela los niveles de ensañamiento contra una dinámica propia de cualquier sociedad democrática, base para la contraloría y la participación: la libre circulación de información.
Jaimes fue víctima, además, de desaparición forzada, tortura, violaciones al debido proceso y a su integridad, vulneraciones que comprometen severamente su salud. Todo bajo el amparo de un sistema judicial que a través del Tribunal Tercero de Control impide una legítima defensa y castiga penalmente la libre expresión.
Exigimos al Tribunal Tercero de Control y a la jueza Rumely Rojas el cese de la criminalización contra Jaimes mediante su liberación inmediata, así como la reparación debida por los daños ocasionados a Pedro Jaimes y su familia producto de la arbitraria detención.
Reiteramos que según la legislación nacional e internacional, los delitos que constituyen violaciones de derechos humanos no prescriben, así como la obediencia debida no exime a funcionarios de la responsabilidad por la comisión de delitos, sea por acción u omisión.
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público
Dirección de Publicaciones de la UCAB
Espacio Público
Expresión Libre
Instituto de Investigaciones de la Comunicación, Ininco UCV
Revista Comunicación del Centro Gumilla
Ser Investigación y Comunicación
