Abril 03, 2018.- El tiempo transcurre. Pero para los familiares de las víctimas de las protestas, el vacío sigue intacto. Los recuerdan y cada vez que se cumple un mes sin ellos a su lado, los conmemoran, les rezan, los lloran.
A un año de las manifestaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, en las que 165 venezolanos perdieron la vida -según datos de Efecto Cocuyo-, lograr que los responsables paguen es para muchos “una carrera de resistencia”, tanto así que depositan sus principales esperanzas en la justicia divina.
Para conocer el estatus de los procesos penales que inició el Estado, Efecto Cocuyo entrevistó a los parientes de Jairo Ortíz, Juan Pablo Pernalete, Armando Cañizalez, Miguel Castillo, Paúl Moreno, David Vallenilla, Yorman Bervecia, Augusto Puga, Manuel Sosa, César Pereira, Yoiner Peña, Neomar Lander, Rubén González, Nelson Arévalo, Fabián Urbina, Leonardo González y Luis Guillermo Espinoza.
En 53% de los casos consultados aún no está identificado el victimario y se sigue en etapa de investigación, donde el Ministerio Público (MP) acude a entrevistas con allegados de la víctima, testimonios de testigos y experticias para reconstruir los hechos.
Uno de los casos con más retardo en esta fase es el de Luis Guillermo Espinoza, joven de 15 años, que recibió un disparo en la cabeza el 5 de junio de 2017 en Valencia, estado Carabobo, cuando efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) dispersaron una protesta. Este adolescente falleció el 13 de agosto, luego de estar hospitalizado dos meses y ocho días.
El MP designó al fiscal N° 20 provisorio de la entidad para las averiguaciones. Sin embargo, Zulmith Espinoza, la madre de Luis Guillermo, señaló el avance ha sido poco. Aún no ha sido citada por la fiscalía para dar declaraciones y desconoce si se han entrevistado testigos o si hubo resultados de las experticias.
“Sé que recogieron unas conchas”, expresó. El fiscal del caso se comunicó con ella al inicio, pero después no hubo más contacto. Zulmith solicitó la participación de otro adscrito a la Dirección de Derechos Fundamentales, pero aún no se lo han asignado. También pedirá que se involucre un fiscal con competencia nacional.
No hay condenas
En las averiguaciones donde sí se ha identificado a un sospechoso, la mitad los imputados pertenece a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y 37,5% están adscritos a algún cuerpo policial (nacional, estadal o municipal).
En estos procesos, donde hubo cierto avance, más de la mitad de las víctimas indirectas cuenta con una defensa privada. A la fecha de la publicación de este reportaje, no hay condena en ninguno de los casos consultados.
De hecho, solo en tres de los ocho procesos donde la Fiscalía hizo una acusación formal se concretó la audiencia preliminar, que forma parte de la fase intermedia del proceso penal, según informaron los familiares.
En esta audiencia puede ocurrir que las partes lleguen a un acuerdo reparatorio (indemnización), que haya una suspensión condicional del proceso o que el acusado admita los hechos, lo cual puede implicar la reducción de la pena. Si ninguno de estos tres escenarios se produce, se van a juicio.
Quienes hoy están a la espera de que se realice la fase de juicio son los casos de Jairo Ortíz, el primer asesinado en el contexto de las protestas de 2017, que recibió un disparo en el pecho en Los Teques , estado Miranda, el 6 de abril; y el de César Pereira, quien falleció por el impacto de una metra en el abdomen en una manifestación en Anzoátegui.
Por el caso de Ortiz está detenido el funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Rohenluis Mata Rojas. La madre del joven, Carolina Bustamante, tiene esperanzas de que en el futuro se pueda conocer bajo qué órdenes estaba aún cuando el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, afirmó que el efectivo “actuó por cuenta propia”.
La audiencia preliminar de Pereira se realizó el 18 de febrero pasado, luego de varios diferimientos. Se ratificaron los cargos contra Onán Pereira, funcionario de la Policía de Anzoátegui, por “homicidio calificado”. Uno de los abogados explicó que están en “fase de distribución” para conocer en qué tribunal será el juicio.
El 27 de marzo, la defensa de este caso denunció que a pesar de las órdenes del tribunal, Onán Pereira no ha sido trasladado al Centro Agroproductivo José Antonio Anzoátegui, conocido como Puente Ayala, y en cambio permanece en la sede del Distrito 16 de Polianzoátegui, donde se le puede ver fuera de los calabozos.
La madre de Pereira, Zulimar Villegas, teme que el acusado pueda fugarse.
Sentencia anulada
De los 17 consultados, en el único proceso donde se señala a un civil es el de Paúl Moreno, estudiante de Medicina de la Universidad del Zulia y miembro de Cruz Verde, que fue atropellado el 18 de mayo de 2017 en Maracaibo, durante una protesta.
Por el hecho, la fiscalía 4° del estado Zulia acusó a Omar Barrios Rojas. Luego de pasar por diferimientos tanto de la audiencia de presentación, como de la audiencia preliminar, esta última se realizó el 17 de noviembre del año pasado.
Ese día, la jueza suplente Yesiré Rincón desestimó la acusación de la fiscalía por homicidio calificado y dictó a Barrios una medida de presentación por un año y siete meses. La abogada de la familia denunció entonces que, por jerarquía legal, correspondía el calificativo de homicidio intencional, no el de homicidio culposo.
Días más tarde, los Moreno conocieron que la jueza argumentó que no se podía acusar al sospechoso de homicidio intencional porque el criterio fue aprobado en 2011 y, según Rincón, la muerte del estudiante había ocurrido en 2009. Es decir, manipuló la fecha. Además, la jurista no tomó en cuenta la acusación privada que hizo la familia.
La defensa apeló y el 31 de enero de 2018 fue anulada la decisión de Rincón y se fijó una nueva audiencia preliminar para el 28 de marzo; sin embargo, recientemente se declaró este día como “no laborable” por Semana Santa y el proceso será pospuesto.
El retardo procesal parece ser una tendencia en estos procedimientos: entre dos y cinco veces han sido diferidas estas audiencias.
Información oculta
Los responsables por las muertes de Juan Pernalete, por una bomba lacrimógena; de Armando Cañizales, herido en el cuello; y de Miguel Castillo, que recibió el impacto de un proyectil en el pecho, aún no han sido identificados aunque sus familiares afirman que se trata de efectivos de la GNB y niegan las versiones que han querido dar funcionarios y allegados al Gobierno.
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Los abogados y fiscales de los casos de Pernalete y Cañizales han solicitado reiteradamente a este componente de la Fanb la lista de los funcionarios que estaban en servicio los días de los asesinatos. Sin embargo, no han obtenido respuesta.
La defensa de Miguel Castillo también ha insistido ante varias dependencias que les entreguen el video de una cámara de una institución pública que captó al presunto culpable del crimen. La madre de Castillo, Carmen Bracho, relató que el primer juez asignado al caso tuvo acceso al material audiovisual, pero le dijeron que “por órdenes superiores” no podía ser entregado.
Este juez fue destituido una vez que la Asamblea Constituyente designara como nuevo fiscal General de la República a Tarek William Saab.
El padre de David Vallenilla también relató que en el caso de su hijo, asesinado el 22 de junio de 2017, el Ministerio Público solicitó a la Base Aérea de La Carlota acceso al Rol de Guardia y la Cadena de mando, pero le fue negado. Por el caso fue acusado el sargento primero de la Aviación Militar Arli Cleiwi Méndez Terán.
Sin rastro
Por el asesinato de Yorman Bervecia, ocurrido el 22 de mayo en una manifestación en Barinas, se comisionó a la fiscal 1ª del estado Barinas, Obdulia Díaz. Sin embargo, meses después fue destituida, cambio que se repitió en otros siete casos de los 17 consultados.
La madre de Yorman, Luz del Valle Cabeza, contó que dos fuentes, una del MP y otra en la GNB, le informaron que había sido identificado el presunto responsable: un mayor retirado que trabajaba en una empresa de seguridad en el Destacamento 41 de la Guardia.
Luz divulgó el nombre del militar, que presuntamente actuaba como colectivo, en todas las redes sociales y dio con él. Incluso le escribió un mensaje. Días después, no había rastro de él en Internet. Sus contactos le informaron que se había ido del estado.
Alejandro Sosa, padre de Manuel Sosa asesinado el 26 de mayo de 2017 en Lara, dijo que en el caso de su hijo transcendió en las redes sociales que el responsable del hecho es un militar que posteriormente fue ascendido de teniente a capitán, a pesar de que se informó que se le privaría de libertad.
Hay muchos ánimos encontrados entre los familiares: la mayoría se debate entre continuar luchando por ver al homicida de sus hijos tras las rejas o tirar la toalla ante el peso de las trabas; mientras, el dolor permanece como si esa muerte “hubiera sido ayer”.
“El Estado debería ser el primer interesado en hacer justicia. Eso no nos va a devolver a nuestros hijos, pero nos permitirá estar un poco más tranquilos”, expresó Damarys Avendaño, madre de Nelson Arévalo. El joven fue asesinado en Lara el 16 de junio de 2017.
A nueve meses de la muerte de Fabián Urbina, adolescente al que le dispararon el 19 de junio del año pasado en Altamira, su padre Iván Urbina quiere confiar en el trabajo que han hecho los fiscales de su caso, visualiza que los GNB imputados “pagarán”.
Sin embargo, hay quienes como la mamá de Neomar Lander, Zugeimar Armas, consideran que la justicia terrenal no llegará sino hasta que caiga la llamada Revolución.
