Agosto 25, 2015.- Colombianos hacen fila en la oficina de Inmigración en San Antonio, ciudad venezolana en el estado fronterizo Táchira, el domingo. Aún cuando el presidente Juan Manuel Santos pidió reabrir la frontera, continúa cerrada
El gobierno de Colombia le solicitó este domingo a Venezuela que respete la integridad y los derechos de los colombianos que viven en la zona fronteriza cerrada por orden del presidente Nicolás Maduro, al tiempo que pidió una reunión binacional extraordinaria.
“El Gobierno de la República de Colombia solicita al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que en el marco del Estado de Excepción anunciado, se respete la integridad y los derechos humanos de los ciudadanos colombianos que sean objeto de detenciones, deportaciones y demás acciones adelantadas por las autoridades venezolanas”, dijo la cancillería en un comunicado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano también exigió que “se analice en cada caso la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos” de su nacionales que habiten en territorio venezolano.
Un total de 394 ciudadanos colombianos, de los cuales 42 son menores de edad, han sido deportados por Venezuela en los últimos dos días, luego de que entrara en vigor el estado de excepción decretado por el gobierno de Nicolás Maduro tras un ataque en la frontera, informó el domingo el Ministerio del Interior de Colombia.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo hizo un llamado a las autoridades venezolanas para “que se pueda solucionar este drama humanitario de una forma rápida sin afectar a los derechos de los colombianos en Venezuela”.
En una rueda de prensa celebrada en la ciudad fronteriza de Cúcuta, Cristo aseguró que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se comunicaría con Maduro, “para conversar sobre esta situación”.
Cristo ordenó la creación de un centro de mando unificado para la atención de los deportados en la zona, con el que se coordinarán las tareas de diversas entidades de apoyo.
Maduro anunció el viernes la prolongación del cierre fronterizo, que se había iniciado el jueves en las localidades de San Antonio del Táchira y Ureña por 72 horas. La medida se mantendrá hasta nuevo aviso. Venezuela declaró el estado de excepción en parte de la línea limítrofe tras un ataque de desconocidos con saldo de tres militares y un civil heridos.
La cancillería colombiana reiteró la voluntad de buscar canales de cooperación para solucionar los conflictos que ha generado la medida de Maduro con la que intenta combatir el contrabando y el accionar de bandas delincuenciales.
“Insistimos en nuestro rechazo por el cierre de la frontera; éste genera un problema social de gran dimensión debido a la cantidad de personas que viven y transitan en la zona legalmente, además de los daños económicos que sin duda dejan para los dos países”, indicó la nota.
Grupo de DDHH expresa preocupación
Venezuela Awareness, organización de derechos humanos, expresó su preocupación por la situación y afirmó que han registrado abusos “por parte de los efectivos militares quienes están realizando visitas casa por casa y sacan de sus hogares ‘como animales’ a ciudadanos colombianos con documentación legal para residir en Venezuela, que no registran antecedentes penales” y luego son “deportados con lo que tienen puesto, originando la separación familiar”.
“Son retenidos durante largas horas sin suministrarle agua o comida, situación nuevamente violatoria de los derechos humanos”, detalló la organización en un comunicado.
Hizo una llamado al gobierno venezolano a “tomar medidas encaminadas al respeto a los derechos humanos durante el Estado de Excepción” y le alertó de “las graves consecuencias” que podría enfrentar de no ser frenar “los abusos y las violaciones a las garantías constitucionales que no entran dentro del Estado de Excepción”.
