14 julio 2013
Daniel Pabón
[email protected]
Barinas
Omar Gatrif y Lucía Quintero son los abogados ad honórem de los denominados presos políticos de Barinas. Desgranan los hechos con maestría y, al final, una sola conclusión queda en pie: los arrestaron por afirmar su apoyo al excandidato de la oposición, en lo que constituye un caso de tiranía jurídica.
Después que Henrique Capriles no reconociera los resultados de las presidenciales del 14 de abril, Barinas fue el tercer estado del país con más detenidos. A la vuelta de tres meses, 33 que en su mayoría sí protestaron están libres bajo régimen de presentación, mientras los 11 que ni siquiera llegaron a la capital del llano siguen presos en la Comandancia de la policía regional, dependencia del gobierno de Adán Chávez.
Esta es la cronología del caso, narrada por Quintero:
-16 de abril: la detención ocurre en el puesto de control Campitos Corrales de la carretera nacional Troncal 05, a cargo de Polibarinas. El único elemento hallado: unos morteros de uso comercial que había en la camioneta que los trasladaba.
-18 de abril: en audiencia de presentación, fueron acusados por tres presuntos delitos: asociación para delinquir y porte de explosivos, previstos en los artículos 4 y 34 de la Ley Orgánica de Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, e intimidación pública, según el artículo 266 del Código Penal. El Tribunal Sexto de Control acordó dejarlos presos mientras se realizaba la experticia a los morteros.
-31 de mayo: consignada con retardo la experticia que el 30 de abril había terminado el Sebin. Se ratificó lo que ya se sabía: son morteros fabricados con pólvora negra, por tanto no puede haber delito de porte de explosivos. La legislación no exige ningún tipo de permiso para adquirir ni transportar este tipo de morteros.
-25 de junio: en audiencia preliminar, el Ministerio Público admitió parcialmente la acusación: desestimó el delito de asociación para delinquir, pero mantuvo el de intimidación pública con morteros. La juez había decidido la libertad de los agricultores, con régimen de presentación cada 30 días. Sin tener el cuerpo íntegro de la decisión, la Fiscalía Segunda se opuso. Por esto es que los campesinos siguen presos. La defensa hizo la apelación del auto ante la Corte de Apelaciones, pero las dos semanas siguientes a la audiencia no hubo despacho en el Tribunal y en la Corte.
-10 de julio: la Corte de Apelaciones conoció el caso y tiene hasta el lunes 22, si no hay interrupciones de despacho, para decidir.
-¿Cuáles son los posibles escenarios de esta decisión?
-Omar Gatrif (OG): Si la Corte le da la razón al Ministerio Público, anula la audiencia preliminar del 25 de junio y todos sus pronunciamientos. En consecuencia, ordenaría la celebración de una nueva audiencia preliminar ante un juez distinto. Mientras tanto los agricultores seguirían presos. El segundo escenario es que la Corte no le dé la razón al Ministerio Público y ordene que se ejecute de forma inmediata la medida cautelar que ya había decidido, lo que permitiría un juicio con los campesinos en libertad.
-En Navidad o para una fiesta patronal es normal que la gente lleve morteros en el carro. ¿Cuál es el delito que cometieron los agricultores?
-Lucía Quintero (LQ): Ninguno. El hecho de que vinieran en un carro no constituye delito. Que transportaran estos morteros, tampoco. Cualquier lector puede imaginar que ahora, si va en una carretera y en su vehículo carga un mortero o una matasuegra, igual le pudieran imputar estos delitos.
-OG: El artículo 296 del Código Penal dice que todo individuo que ilegítimamente importe, fabrique, porte, detente, suministre u oculte sustancias o artefactos explosivos o incendiarios, se castigará con pena de prisión de dos a cinco años. Quienes solo con el objeto de producir terror en el público, de suscitar un tumulto o de causar desórdenes públicos, disparen armas de fuego o lancen sustancias explosivas o incendiarias, contra gente o propiedades, serán penados con prisión de tres a seis años.
El acta policial que recoge los hechos que dieron inicio a este mal proceso penal dice que venía transitando una camioneta y que, en la alcabala, la requisaron y consiguieron unos morteros. Con esto no existe un supuesto de hecho. Aquí es donde entra la tiranía jurídica. ¿Es que acaso el puesto de control policial es un anfiteatro?, ¿había público?, ¿a quién se intimidó? Para que haya delito de intimidación pública se necesita, primero, un conglomerado, y segundo, que la conducta desplegada sea para intimidar o hacer daño, lo que por cierto sí se hizo en varios centros de votación el 14 de abril.
-¿Qué sentido tiene una investigación por intimidación pública con morteros cuando ni siquiera los estaban usando?
-OG: Si en todo caso alguien debe ser investigado, sería Nicolás Maduro. El Presidente, jurídicamente hablando, se ha convertido en el determinador de estos delitos. Por esos días de abril, es público y notorio que el entonces candidato convocaba a que sus seguidores hicieran cohetazos, que se realizan con morteros. Lo que él dijo, de llenar los cielos de cohetones, no constituye delito. Está en su libertad de hacerlo. El problema es que si el Presidente tiene libertad para convocar a esto a sus seguidores, por qué van a oprimir de libertad a estos 11 agricultores, con un fin netamente político.
-¿Por qué este es un caso de presos políticos?
-OG: Primero, por la fecha en que ocurrió. Segundo, porque estas personas manifestaron a los policías que iban a celebrar en Barinas el triunfo de Henrique Capriles. Y tercero, porque en este estado ocurrieron una serie de hechos y estaban buscando la manera de criminalizar la alegría, la democracia y la libertad de expresión de los ciudadanos.
-LQ: Están presos porque en el carro llevaban una pancarta de Henrique Capriles.
-Si la experticia del Sebin le da la razón a los agricultores, ¿por qué la insistencia en mantenerlos presos?
-OG: Hubo un proceso de investigación y ya teníamos científicamente demostrado que lo que había en el carro no era material explosivo. Jurídicamente hablando, material explosivo son granadas, bombas y dinamita. No es material explosivo ni morteros, ni estrellitas, ni matasuegras, ni juegos pirotécnicos por más peligro que representen. La irregularidad acá es que hubo una subjetividad. Yo puedo entender que en principio se haya imputado la posesión de artefacto explosivo porque el Ministerio Público desconocía si los morteros estaban camuflados, por ejemplo. Pero la experticia determinó que se trataba de pólvora negra. Aquí es donde entra el dolo. Si alguien ha tenido la intención de hacer daño ha sido el Estado venezolano, porque sabiendo que lo que iba en la camioneta ya no era una bomba sino un juego pirotécnico, aun así mantiene la calificación jurídica de intimidación pública con explosivos.
-¿La juez de control Mary Ramos, entonces, sí acertó con su decisión inicial?
-OG: En esa audiencia preliminar el Ministerio Público puso un paño caliente. Tibia la situación diciendo que no hay asociación ilícita, pero mantiene la intimidación pública con explosivos. En vista de este panorama, entramos en la aplicación del Código Penal de procedimientos para delitos menos graves, llamados así por acarrear penas iguales o inferiores a ocho años.
-Los casos con motivación política generalmente tocan a figuras públicas. ¿Por qué perjudicar a 11 campesinos sin antecedentes penales ni militancia partidista?
-LQ: La finalidad era generar temor en la colectividad, buscar que no participe en manifestaciones públicas de oposición. Sabemos que si son del gobierno todo es permitido. El mensaje es ese: causar terror en las personas. Los han calificado de paramilitares y de responsables del vandalismo que hubo en Barinas después de las elecciones, cuando ni siquiera les permitieron entrar a la ciudad.
-OG: Ellos imputan una intimidación contra los 11 ejerciendo una intimidación contra el colectivo.
-¿Qué avizoran que decidirá la Corte?
-OG: Le doy un voto de optimismo y de confianza. Me siento seguro de que les va a otorgar la libertad.
-LQ: No confío en el sistema pero sí tengo la esperanza de que ya cese tanta injusticia contra estos muchachos y que haya un pronunciamiento que ratifique la decisión del Tribunal Sexto de Control.
-Sobre la huelga de hambre de familiares de los presos, la juez rectora de Barinas, Vilma Fernández, publicó en prensa regional que el Poder Judicial no trabaja bajo presión. ¿Esta forma de protesta está presionando a la justicia?
-OG: Mientras cualquier persona manifieste utilizando cualquier medio que no atente contra la seguridad y los derechos de los demás, está en la libertad de hacerlo.
-LQ: Me parece una actitud muy loable la que tuvo Tarquino González de emprender la huelga. Es una forma de protesta y de mantener a la colectividad en conocimiento del caso. Sin embargo, me preocupan los familiares. No tienen experiencia en eso, no pertenecen a ningún partido político y las consecuencias a su salud pueden ser muy graves. Es admirable el sacrificio que están haciendo por la libertad de los suyos.
Levantada, por petición del obispo, huelga de hambre tras siete días
La huelga de hambre por la liberación de los 11 agricultores fue levantada el sábado a las 3:00 pm por petición del obispo de Barinas, monseñor Ramón Linares Sandoval. A las afueras de la Catedral, la manifestación totalizó siete días de ayuno y hasta nueve huelguistas: seis familiares del campo, un universitario, un abogado y el periodista que la comenzó, el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en la región, Tarquino González. Monseñor Linares anunció que conversó el caso con el ministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres. “Se le ha planteado esta situación, el estado concreto de estos jóvenes de Socopó, y él prometió a los obispos que iba a estudiar este caso, que va a averiguar la situación. Esperamos que actúen en consecuencia”, declaró a Globovisión.
Los justicieros del llano
Ser testigo silente de unos minutos de labores de Omar Gatrif y Lucía Quintero en el Circuito Judicial Penal de Barinas es suficiente para darse cuenta del respeto y estima que se han ganado en el ejercicio de su labor. Gatrif es penalista en ejercicio desde que nació el Código Penal, hace casi 13 años. También es especialista en Criminología, secretario del Colegio de Abogados de Barinas y profesor de posgrado de las universidades de Los Andes y Fermín Toro. Aunque Quintero, como tantos venezolanos, enseña en su cuenta de Twitter una foto con Henrique Capriles, asesoró jurídicamente en audiencia a militantes del PSUV que se acercaron a ella tras ser acusados del vandalismo que reinó en Barinas después de las presidenciales. Es profesora de Derecho Administrativo de las universidades Santa María y Fermín Toro y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela. A ambos profesionales los une la preocupación por los presos políticos: “La liberación de todos tiene que ser inmediata. Han existido los momentos donde se materializan las privaciones de libertad, pero jamás ha existido el hecho que haga procedente jurídicamente esa detención”, razona Gatrif. “Creo que el término presos políticos deberíamos borrarlo del diccionario, porque es aberrante calificar a alguien por el derecho de ser crítico al gobierno de turno. Estar preso por opinar distinto denigra mucho la condición social del país”, observa Quintero.
