
La corte suprema de EE.UU. revisará el veto del presidente Trump al asilo en la frontera sur
Miami 11/17/2026 La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó pronunciarse sobre la legalidad de la medida impulsada por la administración de Donald Trump que prohíbe solicitar asilo a los migrantes que cruzan de manera irregular la frontera con México. El alto tribunal evaluará el caso a principios de 2027 y emitirá su veredicto final antes de que concluya junio de ese mismo año.
El litigio llega a la máxima instancia judicial tras dos reveses previos para el Ejecutivo. El año pasado, un juez de distrito determinó que el mandatario excedió su autoridad legal al imponer un veto generalizado al asilo. Posteriormente, un tribunal de apelaciones ratificó dicha decisión al concluir que la normativa presidencial contravenía directamente lo estipulado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, lo que motivó la apelación del gobierno ante el Supremo.
Desde la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones demandantes, recibieron con satisfacción la noticia de poder litigar el caso ante los magistrados. Lee Gelernt, abogado de la entidad, sostuvo en un comunicado que el presidente carece de facultades para anular de forma unilateral las protecciones aprobadas por el Congreso para quienes huyen del peligro, respaldando los fallos previos que frenaron lo que calificó como un intento de acaparar un poder sin precedentes.
La revisión de esta política forma parte de una amplia agenda migratoria que el tribunal, de mayoría conservadora, abordará durante su actual periodo de sesiones. En diciembre, los jueces también escucharán argumentos sobre la legalidad de las expulsiones de migrantes indocumentados hacia naciones distintas a sus lugares de origen, conocidas como deportaciones a terceros países.
Estas disputas judiciales se enmarcan en la ofensiva de la administración Trump por cumplir su promesa de campaña de expulsar a millones de personas sin estatus legal y reducir los cruces fronterizos. No obstante, varias de sus medidas orientadas a acelerar las deportaciones masivas han sido bloqueadas o paralizadas en los tribunales ante las advertencias de que vulneran el derecho al debido proceso de los migrantes.
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