
Excarcelaron a 11 cadetes del Ejército venezolano tras ser acusados de terrorismo por jugar Call of Duty: estuvieron un año detenidos
Miami 02/24/2026 Once cadetes del Ejército venezolano fueron liberados el 23 de febrero de 2026, tras permanecer aproximadamente un año detenidos bajo acusaciones de terrorismo y traición a la patria. El caso generó atención internacional luego de que se conociera que la investigación se originó por el uso del videojuego Call of Duty durante su tiempo libre.
Los jóvenes fueron identificados como Luis Manuel Vieira, Daiker Carrizález, Jonathan Mendoza, Daniel Camara, Renzo Flores, Luis Francisco Estupiñán Correa, Humberto Brito Ramos, Reyner Vivas, Ismael Waldron Pérez, Jorge Luis Henríquez González y Jorge Luis Vargas Prada. De acuerdo con denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos, fueron detenidos entre febrero y marzo de 2025 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Según estas denuncias, los cadetes permanecieron incomunicados durante varios días y habrían sido trasladados a un inmueble no oficial antes de su presentación ante tribunales. Posteriormente fueron recluidos en el centro penitenciario Rodeo I, donde también han estado detenidos militares y civiles procesados por razones políticas. Uno de los cadetes era menor de edad al momento de su arresto.
Las acusaciones se basaron en la presunta vinculación con un supuesto plan conspirativo, hipótesis que, según sus allegados, se sustentó en interpretaciones sobre el contenido del videojuego. Organismos internacionales como la ONU han documentado previamente denuncias de torturas y tratos crueles en centros de detención venezolanos.
La excarcelación se produjo tras una huelga de hambre iniciada el 19 de febrero por un grupo de personas privadas de libertad que exigían la aplicación de la reciente Ley de Amnistía. Más de treinta detenidos fueron liberados en ese contexto.
Al salir en libertad, varios de los cadetes denunciaron presuntos malos tratos durante su reclusión y señalaron que aún permanecen cientos de personas detenidas por motivos políticos en el país, incluidos numerosos militares.
El caso ha sido citado por organizaciones de derechos humanos como ejemplo de presunta criminalización arbitraria y uso del sistema penal en contextos políticos.
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