Aunque el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los servicios médicos a los privados de libertad, las personas detenidas en el contexto de las protestas poselectorales o en supuestos planes desestabilizadores contra el gobierno de Nicolás Maduro no reciben la atención requerida. Los enfermos que están tras las rejas mueren de mengua y con ello se pisotean las leyes venezolanas y recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Williams Dávila, Gabriel Alejandro Sánchez Maita, Luis Manuel Alarcón y Yenny Barrios tienen varias cosas en común: son presos políticos; están acusados de terrorismo; no han tenido acceso a un abogado privado y sus vidas corren peligro debido a complicaciones de salud.
Ellos forman parte de los 1.784 ciudadanos que fueron arrestados en Venezuela en el marco de las protestas poselectorales y podrían recibir sentencias de entre 10 y 30 años de prisión, según las cifras que maneja el grupo de derechos humanos Foro Penal.
Si estar en una cárcel es duro, más triste es enfermarse o morir en ella. Y es precisamente la falta de atención médica una de las preocupaciones de los familiares de estos presos políticos. A ello se suma que las condiciones de reclusión son un caldo de cultivo para que proliferen enfermedades y pueden agravarse sus cuadros clínicos.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha alertado sobre esta situación. Según las investigaciones realizadas por esta organización no gubernamental (ONG), todas las personas que han sido arrestadas arbitrariamente se encuentran en condiciones infrahumanas.
Sabemos que a ninguno de estos ciudadanos/as les han practicado evaluaciones médicas o psicológicas e, incluso, algunos padecen de ciertas patologías o discapacidad y no se les garantiza el acceso a una atención médica digna y adecuada», asegura la ONG.
El caso de Gabriel Alejandro Sánchez Maita pone al descubierto lo que está ocurriendo tras las rejas. El joven, de 23 años, está enfermo en la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado Aragua.
La abogada penalista y especialista en derechos humanos Tamara Sujú denunció que permanece postrado en una cama, muy grave, luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), y advirtió: «Está bajo custodia del Estado, quien es responsable de lo que le está pasando.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Estado tiene la obligación de brindarles a todas las personas privadas de libertad el completo bienestar físico, mental y social durante su permanencia en los centros de reclusión. Además, debe crear las condiciones de salubridad en los espacios destinados para la atención médica, con un personal calificado que permanezca en esas instalaciones.
Sin embargo, a juzgar por el ambiente en el que se encuentran actualmente los presos políticos, esto no se cumple. Según la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL), en todas las cárceles y Centro de Detención Preventiva (CDP) del país hay hacinamiento, insalubridad y fallas de los servicios básicos.
Las reglas Nelson Mandela también son letra muerta en Venezuela. Se trata de un conjunto de recomendaciones que Naciones Unidas les hace a los Estados para tratar a los reclusos y administrar las cárceles.
Desde la regla 25 hasta la 35 se habla de los servicios médicos en las cárceles y de la prontitud con la que deben ser atendidos los casos urgentes.
El caso de Yenny Barrios (51 años) evidencia cómo se vulnera el derecho a la salud de los privados de libertad en el país. Ella fue detenida en Carora, estado Lara, el 9 de septiembre, por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y, desde ese momento, sus familiares han informado que su estado de salud es delicado debido a que es una paciente oncológica. Barrios fue operada días antes de su captura.
El hijo de Barrios, Diego Sierralta, alertó que su madre está muriendo porque no ha recibido la atención médica necesaria. Según un informe del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), Barrios necesitaba ser hospitalizada con urgencia, ya que padece cáncer linfático (linfoma no Hodgkin de células grandes). Este documento aún no ha llegado al Tribunal Cuarto de Terrorismo en Caracas y ahora no aparece en el expediente.
La regla 27 de Mandela establece que los reclusos que necesitan cuidados especiales o cirugía deben ser trasladados a establecimientos especializados o a hospitales, pero en Venezuela esta norma se incumple y Barrios es una víctima de ello.
Salud mental comprometida
La estabilidad emocional de los presos políticos también está comprometida, sobre todo la de los adolescentes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es una etapa crucial para el desarrollo social y emocional, y es vital que los adolescentes cuenten con un entorno protector en su familia, escuela y comunidad.
Datos del Foro Penal Venezolano revelan que al menos 58 menores, entre 14 y 17 años, siguen detenidos en Venezuela desde el 29 de julio. El hijo de Soledad es uno de ellos. El joven tiene 16 años, está preso en Caracas y presenta un cuadro de ansiedad y depresión.
Esos mismos trastornos están afectando a una adolescente de 17 años que está tras las rejas en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del estado Anzoátegui. El 31 de octubre, la adolescente tomó cloro dentro del calabozo y fue hospitalizada. Era la segunda vez que atentaba contra su vida. En una primera ocasión se cortó las venas con una hojilla.
Sus parientes aseguran que está desesperada por salir de la cárcel y necesita con urgencia ayuda psiquiátrica, pero en el centro de reclusión no hay servicio médico y tampoco le garantizan la ayuda que requiere.
