La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó la apelación presentada por el régimen de Nicolás Maduro en una sentencia emitida este viernes #1Mar, por lo que continuará investigando los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante las protestas.
Vea el documento completo del fallo🡺AQUÍ🡸 (En inglés)
La investigación de la CPI sobre Venezuela se inició en 2018, luego de que seis países de la región (Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) presentaran una remisión conjunta solicitando al fiscal de la CPI que examinara la situación en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, fecha en que comenzaron las protestas masivas contra el régimen de Maduro. Según la remisión, el régimen de Maduro habría cometido crímenes de lesa humanidad, tales como asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual y persecución política, contra la población civil que se manifestaba pacíficamente en defensa de la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho.
El 3 de noviembre de 2021, el fiscal de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal sobre Venezuela, tras concluir que existía una base razonable para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en el país. Sin embargo, en abril de 2022, el régimen de Maduro presentó una solicitud de inhibición ante la CPI, argumentando que ya estaba realizando investigaciones nacionales sobre los hechos denunciados y que, por tanto, la CPI no tenía competencia para intervenir, de acuerdo con el principio de complementariedad que rige el Estatuto de Roma. Este principio establece que la CPI solo puede actuar cuando los Estados no son capaces o no quieren investigar y juzgar genuinamente los crímenes de su jurisdicción.
La solicitud de inhibición del régimen de Maduro provocó que la investigación de la CPI se detuviera temporalmente, mientras la Sala de Cuestiones Preliminares examinaba los argumentos presentados por las partes. El 1 de noviembre de 2022, el fiscal de la CPI solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares que reanudara la investigación en Venezuela, debido a que las supuestas investigaciones nacionales del régimen de Maduro no eran genuinas ni abarcaban todos los delitos que se investigaban en la CPI. Tras analizar el caso, el 27 de junio de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares I autorizó al fiscal de la CPI a reanudar su investigación, al considerar que el régimen de Maduro no había demostrado que estuviera llevando a cabo actuaciones nacionales relevantes y sustanciales sobre los mismos casos o personas que eran objeto de la investigación de la CPI.
Ante esta decisión, el 3 de julio de 2023, el régimen de Maduro comunicó su intención de apelarla y el 14 de agosto de 2023 presentó su escrito de apelación ante la Sala de Apelaciones de la CPI. En este proceso, la Sala de Apelaciones recibió escritos del fiscal de la CPI y de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, así como representaciones de las víctimas y observaciones del Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA), y los días 7 y 8 de noviembre de 2023 celebró una audiencia pública para escuchar a las partes.
Finalmente, el 1 de marzo de 2024, la Sala de Apelaciones de la CPI emitió su sentencia, en la que rechazó por unanimidad el recurso de apelación del régimen de Maduro y confirmó la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I de autorizar la reanudación de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Con esta sentencia, la CPI ratificó su competencia para investigar y juzgar los crímenes más graves cometidos en Venezuela desde 2014 y envió un mensaje claro al régimen de Maduro de que no podrá evadir su responsabilidad penal por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que ha perpetrado contra el pueblo venezolano.
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