Al incumplir sus obligaciones internacionales y legislación nacional, el Estado chileno pone en peligro a las personas venezolanas que huyeron de su país y buscan protección, constató Amnistía Internacional en un nuevo informe, “Nadie quiere vivir en clandestinidad”: Desprotección de personas refugiadas venezolanas en Chile, que incluye los testimonios de 12 mujeres venezolanas.
“Es lamentable que los principales países receptores de personas refugiadas venezolanas en el mundo estén incumpliendo su obligación de garantizar protección a quienes que huyen de Venezuela. Ya hemos documentado los enormes desafíos en Colombia, Perú y Ecuador; y ahora ponemos en evidencia que el gobierno chileno, lejos de romper esta tendencia y otorgarles protección internacional o regularización migratoria, ha venido estableciendo por años una infranqueable carrera de obstáculos para que no puedan establecerse en el país,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Según cifras oficiales, Chile alberga a unas 444.400 personas venezolanas — una cifra conservadora ya que data de diciembre de 2021. Esto lo sitúa detrás de Colombia, Perú y Ecuador, que han recibido a unas 2.500.000, 1.500.000 y 502.000 personas venezolanas respectivamente. En conjunto, estos cuatro países latinoamericanos albergan a casi el 70% del total de los 7.17 millones de personas que han huido de Venezuela debido a la emergencia humanitaria compleja, la crisis de derechos humanos, y la posible comisión de crímenes de lesa humanidad. Las cifras globales aumentan continuamente, así como los países de destino. Por ejemplo, Estados Unidos ahora se sitúa como tercer mayor país receptor global con 545.000 personas venezolanas según cifras oficiales de 2021. Según las personas venezolanas se ven obligadas a huir a países más lejanos y en situaciones más precarias, como Estados Unidos o México, Amnistía Internacional ha denunciado que estos Estados incumplen sus obligaciones de garantizar acceso a procesos de solicitud de refugio y la no devolución de personas venezolanas a lugares o situaciones de riesgo.
Con información de Amnistía Internacional
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