Administración de Maduro amenaza a países que apoyen renovación de la Misión de Determinación

Foto publicada en La Voz de América

En horas de la mañana de este lunes 26 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela presentó formalmente su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde se ratificaron las denuncias contra funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de cometer presuntos crímenes de lesa humanodad y violación a los Derechos Humanos. Venezuela, bajo la representación del embajador Héctor Constant, amenazó a los países que apoyen una resolución para extender esta instancia.

Tras la presentación del informe, que ya se había revelado hace una semana en rueda de prensa telemática, Constant dijo que Venezuela tomará medidas “políticas y diplomáticas pertinentes”, tanto en ámbitos regionales como multilaterales, contra los Estados que apoyen la eventual renovación del “mecanismo injerencista”, como denominó a esta misión de la ONU.

Martha Valiñas, presidenta de la mencionada misión, insistió en que tanto el Sebin como la Dgcim «cometieron violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, y entre éstos se incluyen la tortura y otros malos tratos, la violencia sexual y de género, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas de corta duración».

Destacó que la investigación hecha por la misión independiente demostró que los presuntos crímenes no fueron perpetrados de manera aislada o inconexa, sino que son parte de una «maquinaria diseñada» para ejecutar «un plan» del gobierno venezolano para reprimir a la disidencia; estrategia planificada a su juicio desde las altas esferas del poder.

Valiñas afirmó que estas prácticas no han cesado, sino más bien que persisten en la actualidad con la anuencia del Estado y mencionó lo ocurrido en la sede de la ONG Provea, cuando funcionarios del Sebin hicieron acto de presencia en sus instalaciones para intimidar a familiares de trabajadores presos de manera arbitraria el pasado 20 de septiembre.

“Como resultado de nuestras investigaciones, hemos reunido información sólida con respecto de la participación de funcionarios de la Dgcim y el Sebin, como autoridades del más alto nivel político, en las violaciones y delitos documentados. Tenemos motivos razonables para creer que estas personas son responsables por dichos actos y deben ser investigadas”, concluyó y sugirió la renovación del mandato para continuar investigando lo que ocurre en Venezuela.

Administración de Maduro rechaza informe 

Durante su intervención, Héctor Constant acusó a la misión de estar «calumniando» al Ejecutivo presidido por Maduro y reiteró que el procedimiento careció de una investigación, sin pruebas y sin verificación.

Además, asegura que son parte de la «banalización del derecho internacional» al valerse de informaciones provenientes de «perversas alianzas mediáticas», y lo tildó de «informe de laboratorio». Considera que el Consejo de DDHH de la ONU está politizado.

Constant cree que la misión «se ha superado nuevamente en la ficción que construye sobre la realidad» de lo que ocurre en Venezuela. Expresó que se ha «inventado de todo» para perjudicar al país desde algunos sectores como la crisis migratoria, la presencia de presuntos grupos terroristas y hasta la conformación de un «gobierno interino».

Insiste que se recurrió a «fuentes anónimas e inventadas que nadie podrá constatar» y usando fuentes poco fiables para hacer «fake news».

Luego, la Cancillería emitió un comunicado para repudiar las acusaciones «falsas y sin fundamento» hechas por la Misión de Determinación, enfatizando que queda evidenciado el «doble rasero» de algunos países por promover este tipo de iniciativas y subraya que se busca continuar atacando a Venezuela bajo una supuesta estrategia para cambiar al gobierno.

A pesar de eso, manifestó que continúa cooperando con el Consejo de DDHH de la ONU.

ONG y varios países piden que se renueve la Misión

Tras la exposición del informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, varios países expresaron su opinión respecto a lo que ocurre en Venezuela de acuerdo al documento, en una sesión donde Constant había abandonado la sala para recibir las observaciones.

Países como Canadá, Alemania, Irlanda, Francia, Suiza y la Unión Europea manifestaron su apoyo a la acción de la Misión de Determinación y destacaron la acción de esta misión. La representación de Bruselas expresó su preocupación por la «dilatada crisis de DDHH en Venezuela y las denuncias de violaciones de DDHH por mecanismos y agentes del Estado en el contexto de la represión política».

Solicitó la embajadora de la Unión Europea a las autoridades venezolanas a cooperar con los mecanismos de DDHH y de rendición de cuentas, así como instó a las partes en Venezuela a regresar a la mesa de negociación en México.

También tuvieron derecho de palabra ONG como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Aula Abierta, cuya representante en la plenaria, Ligia Bolívar, quien saludó el más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela y dijo que, aunque se identificaron seis estructuras que cometen violaciones a los DDHH, solo se determinaron los procedimientos de dos de ellas.

Por ende, cree importante que se describa la actuación de las otras cuatro que quedaron sin determinar.

De igual forma, habló sobre los aspectos contenidos sobre el Arco Minero del Orinoco donde se advirtió que hay grupos armados que están afectando a indígenas, mujeres y niños debido a la acción de grupos armados que ejercen el control de esos territorios, con la anuencia de las autoridades.

Además de solicitar la renovación del mandato a la misión, Bolívar pidió al Consejo de DDHH a que se hable con la oficina del Alto Comisionado de la ONU que regula esa instancia para que se asegure el respaldo financiero y administrativo de la misión, denunciando que se ha visto una «falta de apoyo» a su gestión que se evidencia en lo que es una alta rotación de personal.

También exigió la liberación inmediata del director de la ONG FundaRedes, Javier Tarazona, y a que el Consejo de DDHH permanezca atento y alerta ante posibles represalias contra las personas que participaron en el informe.

 

 

Por otro lado, países como China, Cuba y Rusia rechazaron lo expresado por la misión en su informe y solicitaron que no se renueve su mandato para un cuarto año.

Respuesta a interrogantes

Los integrantes de la Misión, Patricia Tappatá y Francisco Cox, respondieron varias interrogantes antes de la clausura de lo que se denominó un «diálogo interactivo».

Tappatá ratificó que todavía sigue un alto número de personas detenidas de forma arbitraria y que existe un procedimiento recurriente en el tema de tortura, al igual que las estructuras que la aplican permanecen inalterables. En ese sentido, denunció que las llamadas «casas de seguridad» siguen sin ser desmanteladas, al igual que persisten comportamientos como la amenaza y la intimidación para pulverizar a la disidencia.

Reiteró la importancia de la existencia de un sistema independiente para la administración de justicia en Venezuela, el cual debe detener las amenazas y las obstaculizaciones contra la sociedad civil. Suguiere que la comunidad internacional debe continuar vigilante ante lo que ocurre en Venezuela y se mantenga reclamando el respeto a los derechos humanos.

Manifestó que, como se está cerca de las elecciones, en Venezuela debe permitirse un clima a la «libre competencia democrática», a la libertad de expresión y asociación; a la no intimidación ni obstaculización de acciones.

Por su parte, Francisco Cox criticó que Héctor Constant se haya ido de la plenaria antes de que se respondiera a sus preguntas o se terminara el diálogo interactivo. Dijo que sus declaraciones estuvieron «plagadas de adjetivos» y afirmó que la misión trabajó con hechos verificables y contrastables.

Recalcó que las fuentes son accesibles, en especial para la Corte Penal Internacional y a otros organismos nacionales e internacionales que administran justicia. Advirtió también que la reforma judicial hecha en Venezuela no han pasado del todo a la práctica.

Con información adicional de Tal Cual

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