Sebastiana Barráez @SebastianaB
En la administración de Justicia en Guasdualito, municipio Páez del estado Apure, confluyen varios grupos que operan dentro del circuito judicial penal, donde tiene particular influencia la Juez de juicio del circuito judicial penal de Guasdualito, Xiomara Liseth Peña Rodríguez, quien está al frente del tribunal de juicio. Testimonios dan cuenta de su actuación cuando por el auge del tráfico de combustible, era detenida cualquier persona común que llevara un bidón de 10 litros o más de gasolina, presentada y llevada a juicio; “siempre aparecía alguna persona de su entorno exigiendo dinero para acomodar el caso, de manera que ella otorgaba la libertad prometida a los sub judices”, le dice a Frontera Viva un funcionario de la administración de justicia en Apure que pide reserva de su nombre.
“Ella decidía sin problema alguno. El pago por esa libertad se la hacían en una cuenta en la entidad bancaria Banesco, que pertenecía a una empresa de venta de medicinas veterinarias de un amigo de la juez”.
Pero con el tiempo, a medida que Peña Rodríguez se sintió más segura, “se hizo más poderosa y su entorno fue creciendo aceleradamente, y se convirtió en una tribu judicial, que dispone cómo se arregla económicamente cada caso, que determina si ella podía o no decidir una causa en particular y cuánto sería el monto para otorgarle la libertad al procesado”.
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