La cooperación de las policías locales con las autoridades federales de inmigración tiene “un impacto desastroso” en las comunidades de minorías, afirmó hoy miércoles la organización defensora de los derechos civiles Southern Poverty Law Center (SPLC).
El jueves pasado el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, pidió a los alcaldes de las ciudades que limitan la cooperación de sus policías con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que consideren el restablecimiento de esa colaboración en la detención de migrantes.
Ese mismo día el SPLC, junto con la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), inició en Florida una querella legal a nombre de un ciudadano jamaicano, residente legal permanente de Estados Unidos, que había sido detenido por la policía del condado de Marion bajo sospecha de que era inmigrante ilegal.
“El SPLC insta al Gobierno (del presidente Joe) Biden a que cumpla su promesa de campaña y cancele los acuerdos 287(g) de la era de (el ahora expresidente Donald) Trump, no firme nuevos acuerdos y ponga fin al programa en su totalidad”, indicó un comunicado de la organización.
El programa 287(g) contempla la colaboración entre las autoridades federales, que son las que tienen competencia en asuntos de inmigración, y las autoridades de condados y municipios de forma que los inmigrantes indocumentados, detenidos por cualquier causa incluidos delitos menores, pueden ser transferidos a las autoridades de inmigración y deportados.
Esa política, según el SPLC, ha tenido “un impacto desastroso al enredar a las policías estatales y locales en la aplicación de las leyes de inmigración”.
“Estos acuerdos, políticas y prácticas erosionan la confianza de las comunidades en la policía local y hacen menos seguras nuestras comunidades. Es decepcionante que, en lugar de restringir estas prácticas peligrosas, Mayorkas las haya alentado”, puntualizó.
Con información de EFE
