El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, inició este lunes en Colombia una visita oficial de 10 días a la región que también lo llevará a Venezuela.
En un comunicado, la CPI explicó que Khan y su delegación se reunirán con autoridades de alto nivel, el poder judicial, además de organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales.
El viaje busca explorar “vías de cooperación en consonancia con el principio de complementariedad”, indica el texto.
“Estoy convencido de que el estrechamiento de las relaciones y la cooperación con los Estados Partes mejorará el funcionamiento del régimen del Estatuto de Roma en consonancia con el principio de complementariedad”, indicó Khan en el comunicado.
El fiscal de la CPI, quien asumió el cargo este año, se reunirá con el presidente Iván Duque este martes, 26 de octubre, de acuerdo con información de la Cancillería colombiana.
Además, señala la información oficial colombiana, también se reunirá con representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal general, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y miembros de la sociedad civil.
Khan estará en Colombia hasta el 29 de octubre. Aunque no hay información oficial de su agenda en Venezuela, Khan estará en la región hasta el miércoles 3 de noviembre.
Ambas naciones sudamericanas tienen exámenes preliminares abiertos en la Corte, con sede en La Haya.
En el caso de Colombia, data de 2004 y se centra en presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el contexto del conflicto armado entre fuerzas gubernamentales, grupos armados paramilitares y grupos armados rebeldes.
El el caso de Venezuela, son dos los exámenes preliminares abiertos. El primero comenzó en 2018 y se centra en presuntos crímenes cometidos desde al menos abril de 2017 en el contexto de manifestaciones antigubernamentales.
También está el examen conocido como ‘Venezuela II’, referido por el propio gobierno venezolano en 2020 argumentando que se “cometen crímenes de lesa humanidad” en el territorio venezolano como consecuencia de la aplicación “de medidas coercitivas ilícitas adoptadas unilateralmente”.
Con información de VOA
