Más allá de la importancia del trabajo y monitoreo que lleva a cabo la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se hace necesaria una “respuesta efectiva” a las distintas situaciones registradas, afirman organizaciones no gubernamentales venezolanas.
Este lunes, la Alta Comisionada Michelle Bachelet publicó un informe sobre la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la nación sudamericana. En su presentación oral, se refirió al acceso a los servicios básicos, la disponibilidad de las vacunas y a lo insuficiente del ingreso de un trabajador venezolano, entre otros aspectos.
Para Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), este proceso que se viene dando desde las Naciones Unidas “mantiene a Venezuela en la agenda”.
“Evidencia que todavía en Venezuela se siguen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos”, afirma Borges en declaraciones para la Voz de América.
Destaca que en el informe igualmente se “evidencia cómo hay una política de cierre del espacio cívico”. Sobre este tema, Bachelet expresó su preocupación por “las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización” de las personas defensoras de los derechos humanos, así como de líderes sindicales.
Las circunstancias que viven las organizaciones de la sociedad civil también fueron mencionadas en el informe de esta oficina presentado en julio de este año.
En este sentido, además de los termas abordados en el informe, Borges considera importante “seguir destacando” el impacto de una providencia oficial publicada este año que le exige a las organizaciones sin fines de lucro registrarse ante otra oficina gubernamental.
Entre tanto, Marianna Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia, parte de la base que el país atraviesa una “emergencia humanitaria compleja (…) que, efectivamente, ha derivado y ha generado graves consecuencias en el disfrute de los derechos humanos de la población, debido a las distintas problemáticas socioeconómicas que existen”.
“Todos estos temas tienen que ser abordados porque todos los derechos humanos, independientemente de si son de tipo social, económico, cultural (…) son igualmente importantes y necesarios para la protección de la dignidad humana”, destaca en conversación con la VOA.
Romero expone que el hecho de que se destaquen las restricciones y circunstancias de los defensores de DD. HH. es igualmente importante.
“No podemos hablar de avances reales o intenciones reales de cesar la crisis en materia de derechos humanos cuando la sociedad civil, cuando las organizaciones que se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a las necesidades de la ciudadanía, son objeto de ataques”.
Romero recordó que, entre enero y julio de este año, el Centro para los Defensores y la Justicia registró 514 situaciones que comprometen y obstaculizan el trabajo de las organizaciones y defensores de derechos humanos en el país.
En una línea similar, Marino Alvarado, coordinador de investigación de la organización Provea, apunta que aunque el informe de la Alta Comisionada “parece estar redactado para no poner en evidencia los retrocesos (…) la situación de Venezuela sigue siendo una emergencia humanitaria compleja”.
“Nos sigue preocupando, en el caso de Provea, que la Alta Comisionada matices sus informes en aras de mantener su presencia actual en el país. Esta actitud, lejos de fortalecer su trabajo, lo debilita”, señala Alvarado en declaraciones facilitadas a la prensa.
Destaca que los pocos avances que refleja el informe en materia de protección a los defensores de DD. HH. en el país deberían leerse “como un retroceso e incremento de los riesgos para los defensores, los sindicalistas, líderes sociales y trabajadores humanitarios”.
Cooperación en medio de críticas
El Gobierno venezolano no fue indiferente ante este nuevo informe de Bachelet. La cancillería, al mando del ministro Félix Plasencia, indicó en un comunicado que “tomaron nota” de la actualización y destacaron las menciones a las “medidas coercitivas unilaterales” y sus efectos negativos.
Sin embargo, lamentaron que el informe reproduzca “fallas metodológicas presentes en documentos previos de la Oficina e incorpore afirmaciones sin fundamento alguno”. Rechazaron los comentarios sobre supuestas detenciones arbitrarias y persecuciones por el ejercicio o la defensa de los derechos humanos.
La importancia de que haya la oficina en el terreno debe estar orientada a soluciones y respuestas efectivas”.Marianna Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia.
Aún así, en el comunicado afirman que continuarán cooperando con la Oficina de la Alta Comisionada, “con base en el respeto a la verdad y a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia”. Ratifican lo dicho por Bachelet sobre la renovación de la Carta de Entendimiento y el incrementando de la presencia de funcionarios la oficina en el país.
Al respecto, desde Cepaz, Borges hizo un llamado a que el Memorando de Entendimiento sea conocido y que se den por parte del gobierno “las garantías de funcionamiento pleno” a la oficina del Alto Comisionado .
“Parte de lo que creemos es la importancia que efectivamente el mandato de la Oficina [de la Alta Comisionada], pues, pueda ser un mandato fuerte, que pueda tener un efecto mayor, en términos no solamente del monitoreo, sino lograr que hayan (…) respuestas efectivas a las víctimas”, indicó la directora de Cepaz.
Por su parte, Romero, del Centro para los Defensores y la Justicia, asegura que es necesario que la oficina del Alto Comisionado “siga manteniendo una voz firme, alta y clara frente a las violaciones de DD. HH.” en el país.
“La importancia de que haya la Oficina [de la Alta Comisionada] en el terreno debe estar orientada a soluciones y respuestas efectivas para la protección del los DD. HH. en el país”, destaca la directora del centro.
Para esta semana también se espera la actualización del informe de la Misión internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, cuyo mandato fue extendido el año pasado.
Con información de VOA
