“Pararnos con detonaciones, acostarnos con detonaciones, almorzar, desayunar y cenar con detonaciones. Fue muy difícil”. Así resume Leopoldo Cardozo, un activista por los derechos humanos y líder vecinal, aquellos días en los que la barriada caraqueña donde vive estuvo cercada por el combate entre policías y delincuentes que intentaban expandir su control territorial.
De acuerdo con el Gobierno de Nicolás Maduro, ya fueron desarticuladas las bandas que durante semanas mantuvieron aterrorizados a los ciudadanos con disparos constantes noche y día. Aunque hoy Cardozo siente que hay menor riesgo de salir de su casa, el miedo a que las pandillas regresen sigue latente.
“De una manera u otra, nos han quitado la identidad, han arrasado con lo que es el venezolano como tal y se ha impuesto la violencia, lamentablemente”, explica Cardozo, activista por los derechos humanos, quien ha estado toda su vida en La Vega, un vecindario pobre de la capital venezolana.
Cuenta que durante los enfrentamientos, las casas de varios conocidos fueron alcanzadas por los proyectiles. “El microondas de mi vecina fue alcanzado por un proyectil, imagínate tú lo peligroso que fue eso “, advierte.
Incluso, la barbería que administra desde hace 25 años, también muestra dos orificios de bala.
“Cerrábamos a cada momento, venía la policía, empezaban los tiroteos. La gente no salía. Si abríamos, el temor de la gente era inmenso”, relata.
Durante la presentación del informe ‘Pandemia, escasez de gasolina y militarización: el coctel que estimuló la violencia’, investigadores y periodistas del área criminal advierten que los vecindarios pobres de Caracas viven asediados no sólo por las bandas criminales, sino también por los operativos policiales.
Pero más allá de los daños estructurales, está la integridad de los ciudadanos. En lo que va del año, 25 personas han muerto en Caracas por esas balas perdidas, según datos de la prensa local. Organizaciones no gubernamentales alertan que esos casos han quedado impunes.
El sacerdote jesuita y coordinador del proyecto Lupa por la Vida, Alfredo Infante explica que vivir en las zonas marcadas por la violencia no sólo ha traído consecuencias emocionales.
“La atmósfera de las comunidades es de mucho temor, de mucha ansiedad. Tenemos un consultorio en la zona y el médico me dijo que se han elevado los hipertensivos en jóvenes y adultos -específicamente- en femenino, porque las madres son las que viven eso con más aprehensión”, destaca Infante y añade que esa angustia es compartida por los hombres menores de 30 años, quienes temen transitar por los retenes de control policial.
“En esas alcabalas, ser joven es ser enemigo público. Entras como en sospecha, porque hay una etiqueta en las políticas de seguridad de que si eres joven y de barrio eres discriminado y criminalizado”, detalla el religioso.
Organizaciones no gubernamentales dedicadas al estudio de la violencia alertan, además, que en los vecindarios pobres de Caracas hay una “gobernanza criminal”, donde la comunidad se ve forzada a aceptar las reglas de las pandillas. Mientras, el Gobierno de Venezuela ha manifestado que parte de la violencia que se vive en la capital es responsabilidad de grupos armados, apoyados por la oposición.
Con información de VOA