Una ONG venezolana confirmó este domingo la muerte de Gabriel Medina Díaz, de 39 años, un preso político en Venezuela, tras sufrir un paro respiratorio por “la falta de atención médica que necesitaba”, según el vicepresidente de la organización.
“Confirmada la muerte de Gabriel Medina Díaz, que estaba recluido en el anexo ‘Nelson Mándela’ de ‘La Pica’ en (el estado de) Monagas (este)”, escribió en Twitter, quien, previamente, había puesto en otro mensaje que la causa del fallecimiento está relacionada “con la falta de atención médica que necesitaba”.
El directivo de la ONG informó que Medina Díaz fue trasladado el sábado a la emergencia del Hospital Manuel Núñez Tovar, “por presión de sus compañeros de celda”, donde falleció por paro respiratorio.
Gabriel Medina Díaz permanecía bajo prisión preventiva “sin condena” desde el 24 de abril de 2020 y, según, el presidente de la ONG, “llevaba más de un mes en grave estado de salud sin atención médica”.
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Gabriel Medina Díaz en una silla de ruedas.Por su parte, la diputada de la Asamblea Nacional, Olivia Lozano, condenó el fallecimiento y culpó al régimen de Nicolás Maduro.
Lozano, presidenta de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, aseguró que “los presos políticos del régimen de Maduro mueren violándose sus derechos humanos e irrespetando el debido proceso de sus juicios”.
“¿Cuántos más presos políticos deben morir bajo el yugo de un régimen criminal, que violando los DDHH y negando el debido proceso encarcela a quienes piensan distinto?”, cuestionó la parlamentaria.
Lozano exigió la liberación de todos los presos políticos y reiteró que las causas ante la Corte Penal internacional deben seguir avanzando para lograr justicia.
La oposición denuncia que el régimen de Nicolás Maduro le negó la atención médica durante un mes. Y señala que el noveno preso político que muere bajo custodia de la dictadura desde el año 2014.
Medina fue detenido en 2020 junto a otras ocho personas acusadas de planear un supuesto secuestro a Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Sin embargo, las pruebas sobre el caso no se han presentado.
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Protesta en Venezuela. EFE/Miguel Gutiérrez/ArchivoLa víctima fue acusada de los delitos de traición a la patria, organización de cuerpos armados y tráfico de armas, entre otros.
El pasado 21 de mayo, la ONG pidió que se evite utilizar a estos detenidos como “piezas de negociación” tras el anuncio de diálogo con el régimen que busca la oposición liderada por Juan Guaidó.
Con información de EFE e Infobae
