La situación de los considerados presos políticos de Venezuela estuvo en discusión esta semana tras conocerse la orden, vía decreto presidencial, del traslado de la custodia de los detenidos en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) al Ministerio para el Servicio Penitenciario.
Abogados defensores señalan que, más allá de su sitio de reclusión, estas personas continúan detenidas “arbitrariamente” y piden hacer seguimiento caso por caso.
Una ONG que defiende los DD. HH. de los presos políticos ofreció este viernes una rueda de prensa donde indicó que “no se puede creer” que los traslados que se han registrado desde estas instalaciones son “consecuencia directa de la Gaceta Oficial” donde se ordena el traspaso de custodia.
El vicepresidente de la ONG explicó que al 5 mayo, una semana antes de su publicación, ya tenían comprobados 48 traslados, de los cuales 17 son presos políticos.
“Esto no está significando un cambio de las condiciones de los reclusos, salvo en algunos casos puntuales, en los que sí se puede comprobar, y hay que revisarlo uno a uno, que puede haber cambios para peor o para mejor”, expuso.
El abogado sí destaca que los traslados deberías hacerse según lo que indican las leyes venezolanas y notificarse al juez de la causa, la defensa y a los familiares.
No duda en ratificar que: “Ni el SEBIN, ni la DGCIM, ni la FAES, ni las comisarías policiales a ningún nivel son instituciones adecuadas para el mantenimiento de personas recluidas por largos periodos de tiempo”.
Igualmente, apuntó que, detrás de esta situación, “no pareciese que hay una buena voluntad”, sino que se buscan “de alguna manera lavarse la cara ante el Tribunal Penal Internacional” por las denuncias que han habido sobre estos centros.
Precisamente esta semana, el fiscal general designado por la ya disuelta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, envió un nuevo informe de ampliación a la Corte Penal Internacional.
En un comunicado, explican que en el documento reseñan “dos importantes cambios” en la DGCIM y el SEBIN referentes a la “nueva adscripción de dichos servicios y su reestructuración”.
De acuerdo a cifras de la ONG al 17 de mayo, que son certificadas por la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el país hay 306 presos políticos.
“En una u otra corren peligro”
El abogado Joel García, explicó la VOA que hasta el momento, de los casos que él lleva, solo uno ha sido trasladado a una cárcel común. Destaca que aún cuando “estén en un hotel cinco estrellas”, pero la persona detenida es inocente, “eso tampoco satisface a nadie”.
“Nuestros centros penitenciarios no cuenta con la infraestructura ni tampoco con la atención integral que necesita un preso”, señaló.
“En una u otra corren peligro. El problema de las cárceles comunes, se suma es los presos comunes” y las condiciones que podrían encontrarse, añade.
García concuerda con la ONG al señalar que no solo este cambio, sino otros que se han visto, tienen la intención de hacer ver a la Corte Penal Internacional “de que en Venezuela hay intención de investigar esos hechos”. Sin embargo, comenta que, “eso no es suficiente“.
“Lo más lógico sería que se les diera una medida”
El sindicalista Eudis Girot, detenido el año pasado y acusado por presunta revelación de información confidencial e instigación, es uno de los detenidos trasladados que ha registrado la ONG antes de la Gaceta.
Rosario Ríos, compañera del sindicalista, comenta a la Voz de América, y así lo denunció en su cuenta de Twitter, que Girot fue trasladado de una de las sedes del DGCIM a una cárcel común el pasado 30 de abril.
Comenta que fue en la noche y a través de otra persona que se enteró del traslado de Girot. “Para moverme a esa hora a conseguirle lo básico para que pudiera estar allí (…) una situación muy difícil para nosotros”, comentó.
Ríos sostiene que en su trayectoria, Girot ha hecho son denuncias por la situación de los trabajadores y de la industria petrolera. “Eudis jamás debió haber sido detenido porque, nuestra lucha, nuestro trabajo, consiste en defender a trabajadores y defender la industria petrolera”, afirma.
Comentó que más allá de el cambio de prisión a las afueras de Caracas, más lejos, les “cambiaron la vida” al trasladarlos desde el estado Anzoátegui, al norte del país, hasta la capital.
“Si tienen problemas para tenerlos en esos lugares, lo más lógico sería que se les diera una medida y los enviaran a sus casas, ¿por qué ponernos a pasar más trabajo del necesario”, cuestionó.
Con información de VOA
