CIDH denunció traslado de al menos 50 presos políticos en dos semanas a cárceles comunes

La Comisión Interamericana de los DDHH (CIDH) denunció este sábado al menos 50 traslados a cárceles comunes de presos políticos que estaban recluidos en los calabozos de los servicios de inteligencia venezolanos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

De igual forma, la CIDH expresó su preocupación por los presos políticos porque «varias de las personas llevarían años en privación de libertad bajo regímenes de prisión preventiva», lo que quiere decir que siguen a la espera de un juicio justo.

Por ello, recordó a las autoridades venezolanas a realizar una evaluación periódica de las causas por las cuales fueron detenidas estas personas, dejando entrever que si la revisión de cada uno de los casos se determina que no hay motivos para mantenerlos presos, deberían dejarlos en libertad.

El régimen de Nicolás Maduro ordenó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) transferir al Ministerio de Servicios Penitenciarios el ejercicio de las funciones de custodia de los presos que tienen en su poder en un plazo de 30 días, contados desde el pasado 12 de mayo.

Según una ONG venezolana, esta acción es «totalmente contraria al Código Orgánico Penitenciario», además de que se hacen a espaldas de los familiares y la defensa del privado de libertad, y de que estos traslados irregulares se realizaban antes de la publicación del decreto en Gaceta Oficial.

Las cifras que maneja la ONG indican que se habían producido 48 traslados irregulares desde el 5 hasta el 21 de mayo, de los cuales 17 correspondían a presos políticos. En los últimos días se confirmó la movilización de otros 24 privados de libertad.

Especialistas en derechos humanos conversaron este 28 de mayo en un foro llamado «Traslado arbitrario de presos políticos a cárceles de delitos comunes», en el cual concluyeron que con esta decisión el régimen de Nicolás Maduro busca quedar bien ante la comunidad internacional y especialmente ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Con información de Curadas

SHARE