Tráfico internacional de niños con sentencias emanadas de tribunales de Venezuela están denunciando madres y padres venezolanos. Para llamar la atención sobre este grave hecho, este martes se declararon en huelga de hambre frente a la sede de los tribunales del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en Caracas.
Katty Salerno | Curadas
Unas 15 madres y padres, en representación de 60 progenitores, recurrieron a la huelga de hambre para denunciar las irregularidades que se vienen presentando en esas dependencias legales.
“Hay un tráfico internacional de niños con sentencias emanadas de Venezuela”, aseguró el abogado Martin Geymonat, director de la ONG Fundación Venezolana de Niños Sustraídos, Retenidos y Desaparecidos (Funvenides) y uno de los padres que ha sido distanciado de su hija.
Las irregularidades son muchas, pero la consecuencia ha sido la separación de menores de sus padres sin la posibilidad de que estos los puedan ver ya que no saben dónde se encuentran. Por eso en sus denuncias hablan de sustracción y desaparición de niños. Saben que algunos han sido llevados fuera del país y otros se encuentran en Venezuela, pero aun así no han podido tener contacto con ellos.
“Estamos pidiendo que se ponga fin al fraude judicial en las causas y la localización de los niños desaparecidos”, dijo Geymonat.
“Hay casos de niños españoles a quienes llevaron a Chile o niños argentinos que ahora están en Perú por custodias o permisos de viaje emitidos por tribunales venezolanos. Se trata de niños que no son venezolanos y que tampoco residen en Venezuela”, apuntó.
No es un tema político
“Esto no es un tema político. Sin embargo, hay que señalar que embajadores del gobierno interino han entregado salvoconductos para que un niño que sufrió sustracción internacional permanezca en ese país. Nos pasó en Chile y en Brasil. Un embajador del gobierno interino no puede entregar un salvoconducto para que un niño permanezca en un país al que llevaron ilegalmente y con falsificación de documentos”, señaló.
Agregó que esta situación la denunciaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo, el Departamento de Estado y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. “Las denuncias se han hecho con nombres y apellidos, principalmente de abogados y jueces, buscando las sanciones personales, porque esto no puede seguir pasando”, indico el vocero.
Al ampliar detalles, el abogado explicó que “se están dando decisiones, amparadas en la Lopna, que afectan la custodia de los menores. Todos los casos son diferentes. Pero hay un elemento en común, y es que esos niños no tienen contacto con la madre o el padre al cual se le quitó la custodia”.
El caso de Geymonat
El mismo Geymonat es víctima de una sentencia con medida de alejamiento y por ello tiene cuatro años sin ver a su hija. “La juez de mi caso se acaba de inhibir la semana pasada. Alega que yo ofendí la majestuosidad de la justicia venezolana por decir públicamente que en Venezuela hay fraude judicial y tráfico internacional de niños con sentencias de tribunales venezolanos”, indicó.
Su hija, que nació en Estados Unidos, ahora está en Brasil. La última vez que Geymonat estuvo en ese país fue en 2019, pero no ha podido volver por la pandemia del coronavirus. A pesar de haber viajado hasta Sao Paulo, no pudo ver a su hija, aseguró.
“Yo ni siquiera estoy pidiendo que le quiten la custodia a la madre. Lo que quiero es que me permitan tener la relación de cualquier padre divorciado con su hija, en este caso un régimen de convivencia internacional. Y lo hago no solo por mí, sino también por el derecho de mi hija a tener padre”, prosiguió.
Geymonat también denunció que toda esta situación ha sido posible por la actuación de “renombrados escritorios jurídicos que se prestan para estas cosas”.
La custodia
Refirió que antes, por lo general, cuando un matrimonio terminaba en divorcio asignaban la custodia a la madre. “Pero ahora los abogados se han dado cuenta de que la mujer es el débil económico en la relación de pareja. Entonces, grandes escritorios jurídicos se han dado a la tarea de hacer falsas denuncias de violencia intrafamiliar contra las madres para alejarlas de sus hijos y cobrarle al que es poderoso económicamente, que es el hombre. Y se mueve muchísimo dinero. Y cuando hay intereses políticos es mucho más todavía”, denunció.
“Por eso las madres se han unido en dos organizaciones, Asomadres y Funvenides, porque es la única forma de alzar la voz. Hay madres que tienen recursos, pero que no quieren seguir alimentando la corrupción”, prosiguió.
“Hay casos de madres a quienes denunciaron por violencia intrafamiliar sin pruebas, con una simple denuncia verbal, y las han separado de sus hijos. A algunas la extorsionaron funcionarios tribunalicios. Les exigieron dinero o que entregue la vivienda donde residen para levantarles la medida de alejamiento (…). Por ver un expediente te cobran, por entregarte una notificación te cobran, para permitirte acceso al edificio te cobran. Cobra el vigilante por dejarte entrar, el archivista por dejarte ver el expediente, y de ahí para arriba… Y el Ministerio Público no investiga ni los tribunales hacen las audiencias. Esto es lo que venimos denunciando”.
“Exigimos que los padres que ya tienen un régimen familiar establecido, puedan ver en lo inmediato a sus hijos. Los que tienen causas paralizadas, que se reabran las causas, pues algunas tienen dos y tres años sin juez; o como en mi caso, que la juez se inhibió por lo que yo dije en redes sociales. Y que se hagan las audiencias. En aquellos casos en los que no haya pruebas o haya sobreseimiento porque venció el lapso, restituyan la custodia a las madres o a los padres, según el caso”, concluyó Geymonat.
