La justicia venezolana liberó la noche del miércoles a cinco directivos y trabajadores humanitarios de la organización no gubernamental Azul Positivo, luego de 29 días detenidos de forma arbitraria, según informaron asociaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos.
El pasado 12 de enero, agentes de la División General de Contrainteligencia Militar venezolana acudieron a la sede en Maracaibo de la ONG, que promueve los derechos de pacientes seropositivos en programas de las Naciones Unidas, confiscaron sus equipos y se llevaron detenidos a cinco de sus miembros.
La jurisdicción militar del estado Zulia, limítrofe con Colombia, declinó su competencia en el caso y, días luego, el Ministerio Público los acusó ante el Tribunal Cuarto de Control de la región por el presunto uso fraudulento de tarjetas telefónicas, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia, CODHEZ, informó que los integrantes de la ONG venezolana habían sido “excarcelados”, pero precisó que debían cumplir con un régimen de presentación judicial cada 30 días. “Exigimos su libertad plena. La asistencia humanitaria no es delito”, escribió en Twitter.
Azul Positivo se define como una organización civil orientada a la prevención del VIH, “la promoción de la salud sexual y temas transversales” desde 2004. Es socia del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas en Venezuela.
La liberación estuvo precedida de una marcada presión pública de organismos multilaterales y defensores de derechos humanos en contra de los arrestos.
Marta Hurtado, portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Ginebra, exigió hace semanas al Estado venezolano que “deje de acosar” a personas vinculadas con labores humanitarias, a propósito de los arrestos ocurridos en Maracaibo el mes pasado.
La portavoz resaltó que el caso de Azul Positivo es la segunda vez en la que el gobierno nacional allana las oficinas de una ONG humanitaria e interroga a su personal, presuntamente bajo sospechas de financiación recibida del exterior.
Amnistía Internacional calificó a los detenidos arbitrariamente como “presos de conciencia” y demandó su liberación. Este miércoles, Erika Guevara-Rosas, su directora para las Américas, advirtió que Layners Gutiérrez, Yordy Bermúdez, Johan León, Alejandro Gómez y Luis Ferrabuz, “nunca debieron pasar un día en prisión, porque defender derechos humanos no es un delito”.
Organizaciones venezolanas celebraron la medida, pero insistieron en sus exigencias de que los miembros de Azul Positivo gocen de libertad plena, no condicional.
“No cederemos ante el hostigamiento, la persecución y la criminalización de la labor humanitaria”, escribió el Centro de Justicia y Paz en su cuenta de Twitter.
Voces internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, refieren que el caso de Azul Positivo refleja el aumento de hostigamientos contra defensores de derechos humanos en Venezuela de parte del Estado, y destacan que el trabajo humanitario no es delito.
Un informe conjunto de organizaciones venezolanas y extranjeras reflejó este mes que los ataques contra defensores de derechos humanos en el país aumentaron en 157 por ciento durante el año de la pandemia.
Con información de VOA
